Las Escombreras se
conocen comúnmente a los sitios (legales e ilegales) donde depositan todo tipo
de materiales de construcción e infraestructura, que son desechados y
abandonados a su suerte, y que si no se hace el correspondiente
mantenimiento, pueden generar no solo problemas de ocupación del espacio,
también de contaminación y salubridad, así como de inseguridad. Lamentablemente,
se han convertido en guaridas de ladrones y “cementerios” donde llegan todo
tipo de cadáveres producto de la violencia que parece no tener fin en este país
demente. En la ciudad de Medellín, a finales del año 2002 (apenas empezaba la
dictadura de la Seguridad Democrática), se dio la famosa “Operación Orión” que
supuestamente iba a sanear los problemas de inseguridad en la Comuna 13; fue un
“esfuerzo mancomunado” entre el Presidente de ese entonces (Álvaro Uribe
Vélez), su Alto Consejero (José Obdulio Gaviria), el Superministro en aquel
tiempo (Fernando Londoño Hoyos), la Ministra de Defensa (Marta Lucía Ramírez),
ciertos altos mandos militares del ejército y la policía (ejemplo, Mario
Montoya), y el Alcalde de Medellín en ese tiempo (Luis Pérez Gutiérrez, hoy muy
cercano al Gobierno – Desgobierno del Presidente Armando Benedetti, perdón,
Gustavo Petro). Supuestamente era para neutralizar la acción de Bandas
Criminales (Bacrim) que operaban en la zona.
Pero la
desagradable sorpresa fue que hubo coordinación con grupos paramilitares en la
zona; se podía ver que estos bandidos se distribuían el terreno con ciertos
miembros de la policía y las fuerzas armadas. Iban a casas, sacaban a la gente
(sin importar si eran buenas personas o no), se las llevaban y aún permanecen
desaparecidas; fueron una primera alerta sobre los mal llamados falsos
positivos, que la Dictadura en ese entonces iba a defender a capa y espada. Las
madres de la mayoría de los desaparecidos empezaron una búsqueda que hoy en día
permanece, a sus familiares desaparecidos en esta infamia llamada “Operación
Orión”. Bajo la disculpa de la “Amenaza Terrorista” y el “Castrochavismo”, el
Gobierno – Desgobierno de aquel entonces quiso justificar lo injustificable, se
burlaba del dolor de las familias que habitan la zona y evadió todos los
requerimientos judiciales, y lamentablemente, en un país amnésico, este caso pasó
varios años en el olvido. Pero hace unos días, en un trabajo coordinado de la
Justicia Especial para la Paz, en marco del Acuerdo de Paz (el de Verdad,
firmado en la Habana y ratificado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de
2016), comenzó la búsqueda de estas personas desaparecidas en esta infamia de
operación conjunta entre Agentes del Estado y Grupos Ilegales.
En el pasado mes de
enero se encontraron los primeros cadáveres en estas escombreras, gracias no
solo al trabajo de la JEP y las Autoridades, sino también a la Unidad de
Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Lo anterior, se puede corroborar con
el relato que hace su Directora, Luz Janeth Forero Martínez: “La disposición de los cuerpos
encontrados, los signos de violencia, los elementos asociados y las evidencias,
como basuras y empaques que señalan ciertas temporalidades (fechas de
vencimiento de paquetes o de elaboración), permiten fortalecer la hipótesis y
contrastar la información recaudada sobre este sitio de interés forense y los
hechos ocurridos allí”.
Se debe reconocer también el trabajo hecho por Organizaciones No
Gubernamentales que han estado pendiente a lo largo de veinte años, de este
tema, tan humillante para la Sociedad Colombiana, porque nada justifica esta
serie de “Falsos Positivos” que se dieron allá, supuestamente en aras del bien
del país, cuando solo ha provocado sangre, tristeza y dolor. Las verdades
salen tarde o temprano, a flote, así unos cuantos líderes del establecimiento
desprecien este tipo de temas, bajo el argumento que prevalece un criterio
ideológico, que lo único que encontraron allá fueron supuestos terroristas. No
hay derecho.
Ojalá se permita el trabajo
correspondiente a estas autoridades, y no se utilice este tema para oportunismo
politiquero. En cuanto a los cadáveres hallados hasta la fecha, corresponderían
(primeros identificados) a una Muchacha de aproximadamente 20 años y quien era
Coordinadora Deportiva de la Zona, así como un Vendedor Ambulante (en condición
de discapacidad) de 28 años. No se entiende como tendrían relación con
grupos ilegales, ni que aún después de muertos, se les siga estigmatizando de
terroristas, al estilo chabacán y burdo del Fhüribismo in Extremis. Como se
puede leer en los informes de la JEP (Agencia EFE): «al parecer la joven
habría sido trasladada viva desde el corregimiento (caserío) de San Cristóbal,
donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde
funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada» … «La víctima estaba en
condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba
con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable». Se debe
esclarecer toda la verdad, debe haber justicia (sancionar a todos los
responsables) y la reparación (así sea parcial) a las familias de las víctimas.
Lo más importante, castigar en las urnas a quienes promovieron esta infamia
contra Colombia.
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