La Justicia
Especial para la Paz (JEP) se creó a raíz del Acuerdo de Paz (el de Verdad),
suscrito entre el Estado Colombiano (en cabeza de Juan Manuel Santos) y la
antigua guerrilla de las Farc (al mando de Rodrigo Londoño Jiménez alias
Timochenko), como un sistema para escuchar a las víctimas del conflicto interno
colombiano entre 1964 y 2016, para que ningún caso se quedase sin descubrir su
verdad. Pese a que el Gobierno (Desgobierno) de Iván Duque (el expresidente
inexistente), devolviendo el acto legislativo al congreso, la JEP pudo empezar
labores en 2019 y según el acuerdo, estaría funcionando hasta el año 2032. Sin
lugar a dudas, ha sido el tema más polémico para quienes se oponen al Acuerdo
de Paz (el de Verdad), por cuanto tiene más estructura y más trabajo que el
famoso “Justicia y Paz”, que lleva 20 años estático, con los paramilitares en
impunidad. No ha traído el rayo homosexualizador ni la ideología de género
como lo pregonan ciertas personas mojigatas y closeteras, ni ha permitido
bellaquerías como las de Iván Márquez, el Paisa y otros por ahí (han sido
expulsados de la JEP, y quienes aún sobreviven, están escondidos sin poder
hacer nada), así como ha sido implacable con las mañas de ciertos militares
acusados por delitos graves como lo son, los Falsos Positivos.
¿Qué pasó durante
el Gobierno (Desgobierno) de Gustavo Petro? No tuvo mayor apoyo por parte del
mandatario de izquierda aparente; al contrario, trataron de ponerle talanqueras
como un tribunal de punto final que mandase al carajo el trabajo que están llevando.
Las críticas empezaron con el ExCanciller Álvaro Leyva Durán (hoy muy
cercano a Abelardo de la Espriella), quien en 2023 manifestó lo siguiente (El
Espectador): “La
institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia
tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción
Especial para la paz, se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo,
al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor
de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no
repetición”. Lo
anterior nació desde que el Señor Leyva apareció en los diálogos de paz que se
llevaban a cabo en La Habana (Cuba), y que este punto de la justicia fue el que
más se demoró en desarrollarse, incluso, se llegó a pensar que no habría final
feliz; el excanciller quería incluir a los paramilitares en esta justicia (sin
saberse exactamente porqué), pero ya ellos tienen su sistema de “Justicia y
Paz”.
Hoy en día, el Gobierno (Desgobierno) de
Abelardo de la Espriella ha manifestado su intención de destruir el Acuerdo de
Paz (el de Verdad), así como hacer un falso positivo con la JEP. Es bien sabido
que el polémico abogado que hoy está en el máximo puesto laboral del país, no
es muy amigo de los diálogos, al contrario, le gusta todo lo impuesto y mucho
más si es con violencia. Ha hecho alianzas con movimientos de ultraderecha y de
extremismo religioso (si, los mismos quienes se inventaron el rayo homosexualizador
y la falsa ideología de género). Un Senador de ese tal Movimiento de Salvación
Nacional, Enrique Gómez Martínez (sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto de
Laureano Gómez Castro), ha propuesto eliminar la JEP a partir de 2028, bajo la
siguiente disculpa de que no ha llevado a la horca a ningún bandolero. Pero en
Colombia no hay pena de muerte, salvo para las instituciones que les incomoda,
primero con el ahogamiento económico, con un recorte según el presupuesto
nacional para el año entrante, de 170 mil millones de pesos, con el apoyo del
Gobierno (Desgobierno) de esa tal Patria Milagro.
¿Qué dicen en la JEP? El Director de la
Máxima Entidad Judicial, Alejandro Ramelli, quien ha tenido que soportar
diversos desplantes de los poderes ejecutivo y legislativo, además de que han
empezado a aparecer informes (unos con datos verídicos y otros no), sobre el
costo de la entidad; pero la mayor virtud de la JEP es escuchar a las
víctimas como el centro del conflicto interno colombiano (eje central del
Acuerdo de Paz), así como la tarea (junto con las Asociaciones de Familiares de
Desaparecidos y la Comisión de la Verdad) para localizar los cuerpos o restos
de desaparecidos por grupos armados legales e ilegales, así como en los careos necesarios
entre los victimarios y las víctimas, algo que hace unos años se pensaba
imposible. En días pasados, la JEP emitió un comunicado donde se
manifestaba sobre este tema (La Silla Vacía): “Un dato que permite
dimensionar el desafío que recibió la JEP: los casos que investiga tenían una
tasa de impunidad superior al 90 % cuando llegaron a la Jurisdicción. Hoy,
cerca del 92 % de los imputados identificados como máximos responsables ha
reconocido su responsabilidad ante las víctimas y el país”. Puede que la
JEP no alcance a evacuar todos los casos del conflicto interno colombiano, pero
si ha dado a conocer las reales consecuencias del mismo, así como dar indicios
de los verdaderos responsables.