24 SEMANAS

 

Después de muchos ires y venires, con demandas de impedimentos jurídicos y supuestamente morales, cuando las posibilidades de nuevas expectativas se estaban esfumando; el pasado 21 de febrero la Corte Constitucional con una votación de cinco contra cuatro, despenalizó (diferente a legalizar) la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, y de ahí en adelante, solo se podrá hacer por las tres causales que había establecido en 2006. Sin lugar a dudas, es uno de los fallos más importantes y polémicos emitidos por la máxima instancia judicial, ya que en el Congreso de la República, donde se sigue exhortando a debatir este tipo de temas, se hacen los de la oreja mocha, o recurren al camandulismo, incluso proponen prohibirlo como en los tiempos de upa, mediante absurdos referendos populistas (al estilo de la sharía islámica); pero lo que si es cierto es que se podrán evitar muchas muertes de mujeres, niñas y adolescentes que debían recurrir a métodos ilegales y peligrosos, o a terminar una gestación que en el momento de alumbramiento, les podría arrebatar la vida. Mejor dicho, por fin este tema, se está mirando desde un punto de vista de salud pública y social, y no desde lo judicial y religioso.

 

Así mismo, la Corte exhortó al Gobierno (desgobierno) Nacional a darle cumplimiento inmediato a la sentencia, así el Presidente Camandulero haya salido a dar gritos mojigatos sobre que cinco personas no podían decidir algo así, ya que supuestamente le correspondía al legislativo (donde no se trabaja). Pero regresando a la exhortación, se debe incluir una política pública integral (Asuntos Legales) con lineamientos como: divulgación suficiente, eliminación de obstáculos, existencia de métodos de prevención y planificación, desarrollo de programas de educación sexual, acompañamiento a madres gestantes, y garantizar derechos de criaturas nacidas. Con este fallo (demostrándose el talante garantista de la Corte), Colombia pasó a estar en la vanguardia en América Latina, ya que solo en México y Argentina, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, aquí es de 24 semanas. Ojalá este y el gobierno que venga tengan la sensatez de dar cumplimiento a dicho fallo, porque no se puede seguir observando los abortos ilegales, que conllevan a terribles tragedias, donde se imponen criterios económicos sobre los de salud, en donde no se brinda la información suficiente a mujeres de estratos bajos; a quienes les quedan dos terribles opciones: la cárcel o la muerte. No hay derecho.

 

Hay mucha polémica alrededor de las 24 semanas de gestación, pero valdría traer a colación, las palabras de la Doctora Laura Gil, Ginecóloga y Cofundadora de la Fundación “Derecho a Decidir”, al diario español El País: “Hay todo tipo de plazos y ninguno obedece a ningún criterio objetivo, médico o científico. La semana 24 sí tiene un criterio objetivo. Hoy en día, con tecnología avanzada, un bebe que nazca a las 24 semanas podría ser salvado”. Es más, la Corte Constitucional hizo una aclaración sobre este tema, manifestando algo similar a las palabras de la Doctora Gil. Si se puede salvar al bebé luego de la interrupción voluntaria del embarazo; bienvenido, pero es el Estado quien debe garantizar los derechos a esa criatura, así como proporcionarle un hogar sustituto para que se pueda desarrollar. No se puede seguir viendo niñas y adolescentes perdiendo el derecho a estudiar, por encontrarse en un embarazo no deseado; ni hablar de lo que ocurre en los grupos ilegales, donde la interrupción del embarazo no la deciden las madres gestantes, sino hampones que se sienten muy machitos demostrando su terrorífico poder. Ya es una sentencia dada a conocer para su inmediata implementación, con medidas que favorezcan los derechos de la mujer.

 

Siguen todavía gritando escandalosamente, quienes se manifiestan como Provida (cuando en realidad, han apoyado la guerra Promuerte); incluso, se han sumado individuos peligrosos como las tales Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes se atrevieron a declarar como objetivo militar a los magistrados que votaron favorablemente este fallo; ojalá se tomen las medidas necesarias para su protección. Pero sin lugar a dudas, la interrupción voluntaria del embarazo (aborto, como lo llaman varios mojigatos), debe ser una alternativa para las mujeres que se han sentido agredidas tanto física, como sexual y psicológicamente; no se les puede revictimizar llevando un embarazo no deseado y una carga del desprecio social, como si fuesen las culpables. Como se puede leer en el fallo (DW): las mujeres gestantes “sufren actualmente un déficit de protección respecto de sus derechos a la salud sexual y reproductiva, que va más allá de las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres hipótesis previstas”. Todavía hay mucha objeción de conciencia sobre la materia en el gremio médico, por presiones sociales y religiosas; pero esto debe acabar ya, puesto que es un asunto de salud pública y social, y no judicial y religioso.