Pocas
veces se ha visto un golpe tan terrible para los Derechos Humanos, que no
solo implica un retroceso en el tiempo, sino en las garantías para la población
más vulnerable a la pobreza, violencia y falta de oportunidades. El
fanatismo religioso y político siguen haciendo de las suyas, mediante altas
sumas de dinero y bufetes de leguleyada (artimañas) para imponer sus
convicciones absurdas y peligrosas; incluso aliándose con personajes cuya vida
no ha sido un ejemplo de virtudes, como Donald Trump en Estados Unidos,
Vladimir Putin en Rusia y Álvaro Uribe Vélez en Colombia; todavía queda un
camino largo y duro por recorrer, en aras de lograr una igualdad social y
acceso a todos los Derechos Humanos habidos y por haber, más en tiempos de
pandemia donde las restricciones han aumentado y el acceso a la salud se ha
convertido en un lujo para los países más pobres (no es culpa de las EPS’s como
lo quiere imponer cierta Ministra de Salud designada por un gobierno
recientemente electo); basta con mirar a la falta de tratamientos médicos
confiables en ciertas zonas de África, América y Asia, donde la gente se sigue
muriendo por males que se creían aún desterrados, entre ellos, la prohibición
de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o aborto.
¿Qué
es el caso Roe vs Wade? En un caso histórico en EEUU, que se originó en 1969
cuando Norma Mc Corvey, quien por razones de seguridad se puso el pseudónimo de
Jane Rode, quien habiendo quedado embarazado de su tercer hijo luego de haber
sido violada en Texas (estado conservador), quiso acceder a la IVE, con la
asesoría jurídica de las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee, pero el
Fiscal de Distrito Henry Wade rechazó la petición alegando que el aborto en ese
entonces estaba prohibido. Apelaron ante el Tribunal Mayor Federal, que les dio
la razón y reversó la medida inicial, llegando a la máxima instancia judicial
de Estados Unidos; la Corte Suprema de Justicia. En 1973 se dio el Fallo Magno,
con una votación de siete jueces a favor y dos en contra, donde se consagró a
la IVE (aborto), como un Derecho Fundamental que el Estado debería garantizarle
a todas las mujeres, a lo largo y ancho de su territorio y jurisdicción. Al
conocerse este veredicto, Jane Roe afirmó que lo hizo en nombre de todas las
mujeres de Estados Unidos, y esto fue repitiéndose en cada rincón de la tierra,
al punto de que hoy en día hay muchas alternativas para este tipo de casos.
Pero
en diciembre del año pasado, se presentó una demanda que quería tumbar dicho
fallo (cuando se contaba con una mayoría conservadora y ultrarreligiosa), y el
pasado 24 de junio con una votación de cinco contra cuatro (ahí si no criticó
el mojigato Ivanchis), se anuló dicha medida, alegando que se había hecho para
el pseudónimo y no para la persona real, así como le devolvía a los estados la
facultad de decidir sobre el cuerpo de las mujeres; ya hay dirigentes
políticos gringos queriendo meter camándulas en los ovarios de las mujeres
menos favorecidos y con menor acceso a los servicios médicos, pero que a la
hora de admitir a corruptos como Donald Trumpilio no le ven ningún reparo
religioso. ¿Se anuló este fallo? Como lo dice el informe de Alice Hutton
para el Espectador: “Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, “escribió en
un borrador de opinión fechado el 10 de febrero”. “Es hora de hacer caso a la
Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del
pueblo”. La anterior es la frase lapidaria del Juez Samuel Alito, Juez
Conservador de la Corte Suprema”.
¿Lo anterior que tiene
que ver con Colombia? Mucho, ya que, en el pasado mes de febrero, la Corte
Constitucional dio un fallo de gran importancia sobre la IVE. En la columna 24
semanas (15/03/2022), con una votación de cinco contra cuatro también (y esta
vez, criticada e injuriada por el mojigato Ivanchis), no solo despenalizó este
procedimiento, sino que le dio un plazo de 24 semanas de gestación para
desarrollar el trabajo médico. Pero a raíz de lo que pasó en Estados Unidos,
muchas veces ultrarreligiosas han empezado a hacer propuestas absurdas para
penalizarlo, aduciendo que les interesa la vida de los fetos (cuando no tienen
ningún problema en decirles malnacidos y malnacidas), que debe haber conceptos
religiosos (en un país laico, no hay derecho) y otros vericuetos. Se sabe que
este Gobierno tiene un alto componente religioso y mojigato; es más, en días
pasados se presentó una demanda ante la misma entidad judicial, por parte de un
funcionario del Ministerio de Justicia pidiendo la anulación del histórico
fallo, aduciendo que solo el Congreso de la República (entidad legislativa que
le ha escurrido el bulto a este tema a lo largo del tiempo) puede definir en la
materia mediante una ley. País de contradicciones.
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