OCAD PAZ

 

Como si no le faltasen más escándalos al actual gobierno (desgobierno), llegó el mayor saboteo al Acuerdo de Paz (que en medio de todos los problemas que tiene, va avanzando) por parte de los Aliados de la Guerra, quienes no se contentaron con la sucia campaña por el NO en el plebiscito del dos de octubre de 2016, ni con las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, ni el desprecio hacia el mismo documento y a la Comisión de la Verdad; ahora le robaron plata. Pero para entender mejor, hay que recurrir a la definición del Ocad Paz, como lo hace el Sistema General de Regalías (Infobae): “el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, “que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. También es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”. “Esta entidad acciona en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet)”. Ocad significa palabras más, palabras menos; ORGANISMOS DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN.

 

Estos Ocad´s manejan grandes cantidades de dinero, luego la politiquería se encuentra constantemente merodeando a sus alrededores para sacar tajadas, y en el actual desgobierno lograron su cometido; quitarle medio billón de pesos a la Paz para entregárselos a la guerra. Se arranca desde la misma denuncia hecha por Luis Emilio Archila, ExConsejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (Infobae): “Están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que les den el ok”. Se está refiriendo a la exigencia de coimas (o “vacunas”) a los mandatarios locales de municipios en donde se localizan las Pdet´s para aprobar proyectos de desarrollo regional que beneficiarían a las comunidades, a cambio de que ciertos enemigos de la paz siguiesen eliminando a los exguerrilleros reincorporados a la vida civil. Y lo peor, desde marzo del presente año, los entes de control fiscal y judicial del país ya sabían de lo que estaba pasando, pero ahora que lo sabe todo el mundo, están presentando las correspondientes denuncias y están tomando (aparentemente) las respectivas acciones, cuando el daño ya está hecho y la desconfianza es permanente; incluyendo la aparición de extraños contratistas, tan fregados como los Nule y/o Emilio Tapia.

 

¿Qué ha dicho el Gobierno (desgobierno)? Nada, se hacen los bobos, creen que lo hacen bien porque Ivanchis es fervoroso de la Virgen de Chiquinquirá, menos mal se van el próximo siete de agosto para no regresar jamás. Pero quien si se indignó fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Jefe de la Comisión de Verificación en Colombia hizo las siguientes afirmaciones en la Asamblea de la Entidad en Nueva York (Asuntos Legales): “La transparencia en el uso de financiación valiosa para la paz sigue, que cualquier acto de corrupción sea cabalmente investigado por las autoridades y confío en que así será” … “Esperamos que el nuevo Congreso avance de manera considerable en la aprobación de más de 30 normas relacionadas con la paz que todavía están pendientes”. Basta con recordar que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría General del Pueblo, se encuentran en manos de quienes han sido opositores férreos al Acuerdo de Paz, incluso han preferido a la guerra como un negocio. Lo que realmente aclararía esta situación sería una Veeduría Internacional a lo que ha pasado con este proceso de paz en el desgobierno de la economía naranja, y lo que vendrá con la llegada del Pacto Histórico al poder.

 

Aquí hay varios nombres involucrados en este festín, pero sin lugar a dudas llama la atención el del ExDirector Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, quien parece estar construyendo una mansión de grandes dimensiones en cercanías a su natal Valledupar; este señor es muy cercano a la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, quien en el pasado manifestó su rabia contra los diálogos y acuerdo suscrito entre la guerrilla de las Farc y el Estado Colombiano. Y no solo toman renombre los de Archila y Rodríguez, también tres congresistas del Partido Conservador (movimiento político muy amigo de la guerra): Wadith Manzur, Yamil Arana y Alfredo Ape Cuello. Esto cada día está tomando mayores dimensiones, lo que se podría considerar como el mayor atentado contra un Proceso de Paz que cada día, Colombia lo necesita más, pero que lo quieren destruir por ambiciones personales, como se demuestra en este correo electrónico llegado a la Casa de Nariño, en junio pasado (El Espectador): “En la última semana vemos con preocupación cómo el contralor delegado para Posconflicto, Juan Carlos Guadrón y el director de regalías del DNP Álvaro Ávila, están en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector. Todo, porque no se negociaron con Gualdrón y Ávila pagos de dádivas o incentivos por la aprobación de estos”. Sin comentarios.