Se entiende por garantía, el
símbolo de transparencia y confianza que debe brindar toda persona y/o entidad,
en aras de cumplir sus deberes y respetar los derechos de los demás. A nivel
político, son todas las señales que un Estado muestra para satisfacer las
necesidades del pueblo, así mismo, para permitir la libre expresión y el acceso
a todos los derechos constitucionales. Todo eso se cumpliría en un país
sensato, pero como Colombia ocurre todo lo contrario, nada es de confiar y un
respiro estatal, puede ocasionar un daño grave a la democracia, como lo que se
ha estado tramitando en el congreso de mayoría gobiernista (adulación al
desgobierno Duque); ya que la derecha está en peligro de perder el poder en las
elecciones de 2022, y perder toda su maquinaria burocrática, bien sea con el
centro o con la izquierda. Ni siquiera la firma de un Acuerdo de Paz con el
exgrupo guerrillero más grande y antiguo de la región, han podido calmar los
ánimos (incluso sigue latente la propuesta de volver trizas lo que se ha
avanzado en esta materia); porque para un gobierno impotente y prepotente como
el actual, la guerra es su arma favorita para mantener unos privilegios.
Hace unos cuantos días, inició
en el congreso el trámite de una Reforma Tributaria, que no fue concertada
totalmente, y entre sus articulitos se encuentra la derogación parcial de la
Ley de Garantías, que obliga al aparato estatal a no firmar contratos en un
tiempo prudente durante la campaña electoral, incluso durante el día del
sufragio. El Gobierno la ha defendido misteriosamente, y para la muestra, lo
que dijo Iván Duque, desde Nueva York (El Colombiano): “En Colombia ya no
hay reelección presidencial y eso implica que tengamos una circunstancia
distinta. Hay que mirarlo en otro contexto, pensando en los alcaldes y
gobernadores que tomaron posesión en enero de 2020, y que les ha tocado
enfrentar una pandemia que les ha truncado aspiraciones y programas”.
En algo tiene razón, ya no hay reelección directa, pero la podrían revivir con
un Referendo (o sea, se podrían saltar la ley), y si es para ayudar a los
mandatarios locales, no es posible creer en tan filántropo interés, ya que, en
las pasadas elecciones locales de 2019, el sector gobiernista fue uno de los
más grandes perdedores, y sus relaciones con la mayoría de las administraciones
locales, no ha sido la más fluida, al contrario, ha querido apoyar bajo la
mesa, ciertas revocatorias.
¿Qué han dicho desde la
oposición? El precandidato presidencial de la Coalición por la Esperanza, Juan
Fernando Cristo, afirmó lo siguiente (El País – Cali): “nunca había
visto que una ley estatutaria, que tiene unas mayorías especiales, unos
requisitos especiales, un trámite especial de superioridad categoría a las
leyes ordinarias, se pueda derogar mediante una ley ordinaria de presupuesto,
que es de inferior categoría. Eso es groseramente inconstitucional”. Ya está
implicando unos vicios de inconstitucionalidad, que, si bien se podrían fallar
en la Corte Constitucional en un período posterior a las elecciones, dejaría
una huella de desconfianza muy grave para la democracia colombiana; por el
estilo de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Evo en Bolivia, Bolsonaro
en Brasil y Trump en Estados Unidos. Aunque no se vería directamente en la
persona de Iván Duque, si podría dar paso a personajes no muy deseados en la
democracia como María Fernanda Cabal, Alirio Herrera o Rafael Nieto en la
derecha, y en la izquierda el ego de Gustavo Francisco Petro Urrego. Se
vendrían unos extremismos a acabar con lo poco que queda de este país de
Macondo y Gabo.
Sí, es cierto que durante el gobierno Santos quisieron
derogar esta Ley de Garantías, y se criticó fuertemente dando al traste; pero
también hay que tener los ojos puestos en el actual gobierno, cuyo proceder ha
sido dudoso, para la muestra una Reforma Tributaria presentada a las malas por
el Ministro de Hacienda de ese entonces, el nefasto Alberto Carrasquilla, lo
que originó un estallido social de dimensiones incalculables, que aún se están
padeciendo en estos tiempos de pandemia. No queda más que estar atentos a
cualquier accionar de “Construyendo País”, ya que destruye más de la cuenta,
incluyendo las garantías de la democracia, tal como lo consagra la Constitución
Política de 1991, vigente hoy. Así mismo, se debe convocar al pueblo a que
se manifieste masivamente en las urnas, para evitar los extremos de izquierda y
derecha, que no piensan en nadie, sino en sus egos; que se cumpla el Acuerdo de
Paz para que la prosperidad en Colombia sea estable y duradera; que no se
regrese a una espiral de violencia que azotó al país durante más de cincuenta
años, sin causa justa; que los derechos de la gente sean cumplidos y respetados
en su totalidad.
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