A principios de noviembre anterior, en el marco de la
COP26, los Presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, manifestaron
(solo en el papel), anunciaron la extensión de sus áreas marinas para crear una Zona de
Reserva Ambiental en el Pacífico Tropical. Como se puede leer en el documento
expuesto en la página web de Unesco: “Declaramos para promover e implementar
un modelo de protección y manejo de las Islas del Coco, Galápagos, Malpelo y
Coiba, y las vías que conforman el Corredor Migratorio Oriental. Este modelo
incluirá medidas nacionales que se complementarán con esfuerzos regionales transfronterizos,
incluyendo el inicio del proceso de creación de una Reserva Biósfera
Transfronteriza entre Coco, Malpelo, Galápagos y Coiba”. En teoría suena
muy bonito, pero conociendo los gobiernos que lideran dichos países, es difícil
que se pueda trabajar en la práctica, sobre este proyecto ambiental y
sostenible.
¿Porqué? Se empieza por Colombia, que es liderada por un
gobierno (desgobierno) que no ha sido muy amigo de los temas ambientales, para
la muestra el clamor por regresar a la absurda fumigación aérea con glifosato,
así como las presiones para utilizar la antisostenible técnica del fracking en
la exploración y explotación de hidrocarburos. Dice que ya ha establecido 12.4 millones
de hectáreas marinas en sus mares, pero que aspira a llegar a 16 millones, algo
ya difícil (por no decir imposible), por cuanto le quedan un poco más de seis
meses a su cuestionado gobierno. ¿Tiene la suficiente logística,
infraestructura y marco normativo para la protección ambiental marina? La
verdad NO, y no ha hecho los esfuerzos suficientes para poner en papel por lo
menos, un plan para este caso. Ni hablar de que sus amigos industriales se
encuentren muy contentos con algo así, sobre todo quienes tienen intereses
económicos y comerciales, ahora en tiempos de pandemia que se requiere agarrar
a cualquier posibilidad económica legal, pero que, para ellos, deben primar
sobre los intereses comunitarios y sostenibles. Tan solo se han visto videos de
miembros de este gobierno hablando maravillas teóricas, pero que, a la hora de
aplicar, nada de nada.
Ecuador quiere ampliar la Reserva de las Islas Galápagos,
una de las más espectaculares Maravillas Naturales del Mundo, con 133.000
kilómetros cuadrados, pero aún se ven muchas embarcaciones de origen chino
tratando de cazar tiburones para quitarles sus aletas, las cuales consideran un
producto alimenticio, algo terriblemente absurdo. Según su Presidente,
Guillermo Lasso, pretende aumentar otros 60 mil kilómetros cuadrados, con la
ayuda de un canje de deuda de conservación para financiar dicho proyecto. Tranquiliza
un poco, las palabras del Doctor Alfredo Gálvez (peruano), Director del
Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA) al informativo Actualidad Ambiental del Perú: “Es una
excelente iniciativa de Ecuador que está tomando el liderazgo en temas marinos.
Si bien en la COP se han trazado compromisos para protección de bosques y
espacios más continentales, no hay que dejar de lado las áreas marinas
protegidas, los ecosistemas marinos. Con la creación de lo que sería el
corredor Marino del Pacífico Este Tropical y el inicio de gestiones para el
proceso de creación de la reserva de biósfera marina, lo que se alcanzaría es
una figura internacional de protección reconocida por la UNESCO”. Suena
bonito, pero hay un problemilla, quien está en esta tarea es Ecuador y no Perú,
un interrogante que valdría la pena hacerle al Presidente Pedro Castillo. Por
su parte, en Ecuador el gobierno es de derecha (como el de Colombia), y se sabe
que son reacios en temas de trabajo por la flora y la fauna.
En quien si se podría confiar, es en Costa Rica, país líder de la región en materia de conservación ambiental, y para ejemplo, el archipiélago de Coco. Su presidente, Carlos Alvarado, afirmó las siguientes palabras (France 24): "somos cuatro países hermanados para lanzar un claro mensaje al mundo: hay que avanzar con acciones para proteger los océanos". La preocupación gira en torno a que será relevado por vía democrática este año (al igual que en Colombia), y tocará esperar a que el gobierno que lo suceda, esté realmente decidido a apoyar este tipo de causas ambientales, en épocas donde se está imponiendo el concepto de economía global. Finalmente está Panamá, donde su Canciller, Erika Mouynes, dijo (palabras más, palabras menos) que tendrán el 30% del área que supuestamente será protegida por este trabajo; pero ojo, se encuentra en zona de entrada por el Océano Pacífico, del Canal, una de las zonas más activas en temas de comercio del mundo entero, y unas cláusulas, luego sería complicado implementarlo frente a las necesidades de comercio en el planeta, donde este canal es uno de los sitios más neurálgicos. Les tocará a los respectivos pueblos, estar atentos a los trabajos que se hagan.
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