Se
acerca el final del Gobierno (Desgobierno) Duque, y como el panorama para la
derecha colombiana no se ve muy halagador en las próximas elecciones
legislativas y ejecutivas, ha comenzado un sinfín de dádivas extrañas para
lograr un poder económico y tratar de retener en algo, la burocracia
colombiana, mejor dicho, que Carnitas y Huesitos no se quede en el asfalto y le
pase cuenta de cobro a Ivanchis, como queriendo quedar bien ante la
inocultable debacle, donde no hay paz y mucho menos legalidad, Colombia pasó a
ser el hazmerreír del mundo entero. El actual gobierno (desgobierno) ha sido
muy amigo de ciertos industriales del sector petrolero y minero, incluso,
queriendo mostrar un falso
ambientalismo, dice que ha aumentado las áreas de reserva forestal, mientras
permanece pasivo frente a los incendios forestales que ocurren en la Orinoquía
y la Amazonía nacional, no le importa la suerte que pueda correr el Parque
Nacional Natural Chiribiquete, tan solo porque fue destacado como Patrimonio de
la Humanidad, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos; solo quiere utilizar
sobre la fauna y la flora el glifosato para quedar bien ante los gringos
(cuando ya es una realidad que Joe y Kamala no lo pueden ver ni en pintura).
Todo
comienza a principios del presente año, cuando el Ministerio del Medio
Ambiente, expidió la Resolución 110 del pasado 28 de enero, donde (El
Espectador): “las actividades, requisitos y procedimiento para la
sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el
desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y
se dictan otras disposiciones”, e igualmente, define la sustracción como: el
“levantamiento de la figura legal a un área debidamente delimitada de la
reserva forestal para adelantar un proyecto, obra o actividad de utilidad
pública e interés social, asimismo, para adelantar actividades de explotación
diferente de la forestal, siempre que no se perjudique la función protectora de
la reserva”. Así mismo, dice que, para realizar un proyecto de éstos, el
interesado deberá presentar un Estudio Técnico y Documentos, y de ahí, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tendrá un plazo de cinco (5) días
hábiles para dar inicio a la tramitación correspondiente. No aclara si los
estudios y documentos tienen falencias graves, que se debería hacer, y mientras
no se aclare este punto, la concertación con las comunidades y las garantías de
respeto al Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible se verán afectadas.
Como
irían las cosas, en menos de 20 días hábiles o un mes, ya la ANLA podría
expedir un Acto Administrativo por el cual se definiría la viabilidad o no de
dicho proyecto de la correspondiente sustracción de la reserva forestal. No se
aclara si para esta fase inicial se tiene en cuenta la comunidad posiblemente
afectada; y lo más grave de todo, no podrá haber recurso alguno contra estas
diligencias. Ya han surgido voces de alerta, como la de la ExDirectora de
Parques Nacionales, Julia Miranda, quien afirmó lo siguiente (Infobae): “Es
muy grave que esta resolución permita la exploración minera en las Reservas de
Ley segundada sin sustracción, bajo el argumento de que no se talen los
bosques. Eso es ilegal. La ley no exige la sustracción por la tala del
bosque, sino por el cambio en el uso del suelo”. Otra voz experta que
expresa su preocupación (Infobae) es el Líder Ambiental, Alberto Benavides: “Lo
que vemos en la práctica es que esos ecosistemas estratégicos y esas áreas,
estos lugares claves con relaciones entre ecosistemas y comunidades naturaleza
constantemente están siendo agredidas por estas resoluciones y reduciéndoles
sus posibilidades y en últimas generando la privatización y la venta de
ecosistemas”. La cosa está pintando muy grave, pero aún falta.
En
días pasados, se dio un fallo sobre la materia en el Tribunal Superior de
Barranquilla donde advierte al Ministerio del Medio Ambiente (Caracol Radio)
sobre que esta resolución pondría en riesgo las áreas de comunidades indígenas,
con las siguientes palabras: “flexibilización en el trámite de sustracción
de áreas de reserva forestal so pretexto de priorizar la utilidad pública sobre los derechos
sagrados de las comunidades indígenas y advierte que éstos podrían verse
seriamente afectados debido a intervenciones de gran escala y con maquinaria
pesada, incumpliendo la sentencia”. Ahí mismo, le recuerda al Gobierno que
no se debe evadir el diálogo con estas comunidades que podrían verse afectadas,
que se deben hacer las Consultas Previas Correspondientes. Es bien sabido que
al Ministro del Medio Ambiente, Carlos Correa, le gusta salir en videos a
través de las Redes Sociales, afirmando que quien critique lo que el hace, está
mintiendo miserablemente, que no quiere el desarrollo y el progreso, que hay un
sinnúmero de conspiraciones. No Ministro, aquí se está expresando una
preocupación válida y justa sobre la suerte que puedan correr las comunidades
minoritarias frente a este tipo de proyectos, así mismo, se puede ver que es
difícil que esta resolución tenga el aval de las altas Cortes para seguir su
curso.
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