ARROYO BRUNO

En estos tiempos donde las energías limpias, poco a poco, van ganando espacio frente a las energías fósiles (hidrocarburos y carbón), todavía se sigue manejando el concepto de que la producción de carbón debe imponerse sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ya que según este Gobierno (desgobierno) antiambientalista, se podrían generar unos supuestos ingresos por la posible exportación de este material a Europa, como una fuente de energía, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Este concepto errado se ha ido forjando desde hace varios años, y más concreto, en el departamento de la Guajira, donde se encuentra la mina de El Cerrejón, el complejo carbonífero a cielo abierto más grande del mundo, que no le ha dejado nada positivo a la región; solo desfalco, pobreza y problemas de inseguridad, sin que las voces de la comunidad hayan sido escuchadas lo suficiente, tan solo las de los politiqueros corruptos que se han llevado todas las regalías para hacer suntuosas fiestas de cinismo y grosería. Ni hablar de la vecina Mina de la Drummond en el Cesar, donde aún no se aclara totalmente la muerte de tres sindicalistas hace más de veinte años. Y lo más triste, quieren desviar cauces de cuerpos de agua sin consultar a la comunidad, ni evaluar realmente los posibles daños ambientales que se generarían, que incluso, podrían generar consecuencias irreversibles.

 

En la columna Carta Guajira Ambiental (01/07/2012), la Lideresa Ambiental y Social Vicenta Siosi, le escribió una carta al Presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, sobre la posible desviación del Río Ranchería para expansión de zona de trabajo de El Cerrejón, y que prometieron la construcción de un embalse en el Río Palomino. En la misiva, se puede leer el siguiente párrafo: “Anunciaron que los 500 millones de toneladas de carbón bajo el río generarían regalías. En 30 años de explotación del mineral, las regalías del departamento le han servido para nada. Los hospitales permanecen en paro y la educación ocupa el último lugar del país: según una investigación del Banco de la República el 50% de los niños wayuu padecen desnutrición. Este año informaron que la Guajira ostenta el más alto nivel de pobreza e indigencia en Colombia, con un 64%. Veo que las regalías no han ayudado en lo fundamental”. Mientras se proyectaba afectar el entorno ambiental, social y sostenible, no se tuvo en cuenta las opiniones de la comunidad sobre la necesidad de respetar la zona para su sustento.

 

Casi veinte años después, esta triste premonición tiene el camino despejado para su fatal llegada. En inmediaciones de la Serranía de Perijá, nace y corre tranquilamente el Arroyo Bruno, por una extensión de 21 kilómetros aproximadamente, para luego desembocar en el Río Ranchería, principal fuente hídrica de la península de la Guajira. Este arroyo ya había sido desviado por trabajos del Consorcio El Cerrejón, sin previo aviso a las comunidades circundantes, sino que, en el año 2017, ya la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-698/17, había ordenado a las autoridades y las empresas mineras, hacer una concertación satisfactoria de las necesidades con la comunidad para proceder a la desviación del cuerpo acuoso, objeto de la presente columna. ¿Qué pasó? Parece que dicha concertación no la hubo, o quedó a medias, trayendo nefastas consecuencias para la población aledaña; tanto así que hace unos días vino una Comisión de DDHH proveniente de Europa a certificar los problemas que se han ido generando. Para lo que encontraron, se remite a las palabras de Gary Cannon, del Comité de Asuntos Exteriores de Irlanda (El Espectador): “Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río que por generaciones les dio sustento a las comunidades que aquí habitan”. Con mucha tristeza, se añade el término “sin comentarios”.

 

En estos tiempos donde las energías limpias, poco a poco, van ganando espacio frente a las energías fósiles (hidrocarburos y carbón), todavía se sigue manejando el concepto de que la producción de carbón debe imponerse sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ya que según este Gobierno (desgobierno) antiambientalista, se podrían generar unos supuestos ingresos por la posible exportación de este material a Europa, como una fuente de energía, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Este concepto errado se ha ido forjando desde hace varios años, y más concreto, en el departamento de la Guajira, donde se encuentra la mina de El Cerrejón, el complejo carbonífero a cielo abierto más grande del mundo, que no le ha dejado nada positivo a la región; solo desfalco, pobreza y problemas de inseguridad, sin que las voces de la comunidad hayan sido escuchadas lo suficiente, tan solo las de los politiqueros corruptos que se han llevado todas las regalías para hacer suntuosas fiestas de cinismo y grosería. Ni hablar de la vecina Mina de la Drummond en el Cesar, donde aún no se aclara totalmente la muerte de tres sindicalistas hace más de veinte años. Y lo más triste, quieren desviar cauces de cuerpos de agua sin consultar a la comunidad, ni evaluar realmente los posibles daños ambientales que se generarían, que incluso, podrían generar consecuencias irreversibles.

 

En la columna Carta Guajira Ambiental (01/07/2012), la Lideresa Ambiental y Social Vicenta Siosi, le escribió una carta al Presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, sobre la posible desviación del Río Ranchería para expansión de zona de trabajo de El Cerrejón, y que prometieron la construcción de un embalse en el Río Palomino. En la misiva, se puede leer el siguiente párrafo: “Anunciaron que los 500 millones de toneladas de carbón bajo el río generarían regalías. En 30 años de explotación del mineral, las regalías del departamento le han servido para nada. Los hospitales permanecen en paro y la educación ocupa el último lugar del país: según una investigación del Banco de la República el 50% de los niños wayuu padecen desnutrición. Este año informaron que la Guajira ostenta el más alto nivel de pobreza e indigencia en Colombia, con un 64%. Veo que las regalías no han ayudado en lo fundamental”. Mientras se proyectaba afectar el entorno ambiental, social y sostenible, no se tuvo en cuenta las opiniones de la comunidad sobre la necesidad de respetar la zona para su sustento.

 

Casi veinte años después, esta triste premonición tiene el camino despejado para su fatal llegada. En inmediaciones de la Serranía de Perijá, nace y corre tranquilamente el Arroyo Bruno, por una extensión de 21 kilómetros aproximadamente, para luego desembocar en el Río Ranchería, principal fuente hídrica de la península de la Guajira. Este arroyo ya había sido desviado por trabajos del Consorcio El Cerrejón, sin previo aviso a las comunidades circundantes, sino que, en el año 2017, ya la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-698/17, había ordenado a las autoridades y las empresas mineras, hacer una concertación satisfactoria de las necesidades con la comunidad para proceder a la desviación del cuerpo acuoso, objeto de la presente columna. ¿Qué pasó? Parece que dicha concertación no la hubo, o quedó a medias, trayendo nefastas consecuencias para la población aledaña; tanto así que hace unos días vino una Comisión de DDHH proveniente de Europa a certificar los problemas que se han ido generando. Para lo que encontraron, se remite a las palabras de Gary Cannon, del Comité de Asuntos Exteriores de Irlanda (El Espectador): “Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río que por generaciones les dio sustento a las comunidades que aquí habitan”. Con mucha tristeza, se añade el término “sin comentarios”.

 

¿Qué dice el consorcio minero que maneja El Cerrejón? En un escueto comunicado, se lee lo siguiente: “Cuatro años después de iniciar el proyecto de modificación parcial del arroyo Bruno, el nuevo cauce ha permitido crear un corredor de biodiversidad de 24 kilómetros que va entre la reserva forestal de Montes de Oca y el río Ranchería, consolidándose como el punto de conectividad más al norte del corredor biológico “Wuinn Manna” de más de 25.000 hectáreas, el cual hemos venido fortaleciendo para conectar la Sierra Nevada de Santa marta y la Serranía del Perijá de la mano de las comunidades vecinas”. ¿Y la otra contraparte, la comunidad? En el sitio web de la CINEP, se puede leer el siguiente concepto, que va muy de acuerdo con lo expresado por la comunidad: “Los impactos acumulados y sufrimientos cotidianos que padecen las personas y la naturaleza en zonas de sacrificio terminan en una muerte lenta y silenciosa del territorio de la cual nadie asume responsabilidades”. ¿Cuándo se entenderá desde el Alto Gobierno, no importa quien esté ahí, que a las comunidades se les debe respetar y no perjudicarlas, en aras de un supuesto progreso para el país? Pero como se está en un gobierno sordo frente al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual le ha mamado gallo a Acuerdo de Escazú.