El
pasado 21 de abril del presente año, se dio en la Corte Internacional de La
Haya (Holanda), otro fallo sobre el eterno litigio entre Colombia y Nicaragua
en relación a aguas y asuntos relacionados sobre el Mar Caribe. Luego de la
caída del Tratado Esguerra – Bárcenas que viene desde 1928, el país
centroamericano que se encuentra bajo el régimen del terror por parte de dos
momias (Daniel Ortega y Rosario Murillo), ha querido mirar con ojos demasiado
ambiciosos a su costa oriental, donde se encuentra el Departamento
Colombiano de San Andrés Islas (San Andrés, Providencia, Santa Catalina,
Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Alburquerque), no con objetivos
filantrópicos, ambientales y/o sostenibles; sino para explotarlo comercialmente,
sin medir los problemas que se puedan generar para la flora y fauna presente,
así como la población raizal. Volviendo al tema del fallo de La Haya, el
tribunal determinó que Colombia ha sido negligente e irrespetuosa en cumplir el
fallo emitido en noviembre de 2012, donde se le cede a los nicas una extensión
de mar de 75 mil kilómetros cuadrados, casi dos veces la extensión de la
antigua zona de despeje del Caguán en el Caquetá, durante los fallidos diálogos
de paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el estado colombiano, en ese
entonces bajo el desgobierno de Andrés Pastrana Arango.
¿Qué
dice el documento de la Sentencia? En el diario Portafolio, se puede leer este
párrafo no muy favorable para Colombia, que ha violado: “la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona
Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas
nicaragüenses, y con su “interferencia con las actividades de investigación
científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o licencia
nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales”. Mejor
dicho, deja al país como un evasor de sus deberes internacionales, que le mama
gallo a todo tipo de instancias, algo que no es nuevo en un país donde se
aplica “hecha la ley, hecha la trampa”, en el que varios profesionales del
derecho recurren a todo tipo de artimañas para defender lo indefendible; después
del fallo de noviembre de 2012, se ha recurrido a todo tipo de leguleyadas para
evadirlo, como decretar zonas especiales en la zona, el retiro del Pacto de
Bogotá, incluso, alegar que el régimen de Ortega y Murillo no es un locutor
válido para dialogar, lo único que ha faltado es que digan que Nicaragua no
existe, o culpar a Claudia López y/o Daniel Quintero.
¿Cuál
es la respuesta del Estado Colombiano? Lamentablemente se encuentra liderada
por un Gobierno (desgobierno) de la Economía Naranja, que no tiene nada de eso,
donde la diplomacia es un ridículo internacional; fomentando conspiraciones
cantinflescas en el vecindario, haciéndole campaña política a quien no debería
hacerle (Donald Trump), tratando de cazar peleas estúpidas con el chiflado
régimen de Vladimir Putin; en cabeza de su Cuerpo de Abogados (encabezados por
el ExProcurador Carlos Gustavo Arrieta), emitió una opinión así (Valora Analitik):
“Colombia está muy
satisfecha con la decisión, pues la Corte le dio la razón en uno de los
argumentos más importantes de toda la controversia”… con relación a que no
perdió aguas o tierras, algo que no estaba en juego en este caso, y sigue: “esto
es crucial. No hubo ningún tipo de violación alterna, por consiguiente, ese
planteamiento que era tan crítico para Colombia, lo reconoció la Corte. Lo que
es un gran éxito por parte del país”. Doctor Arrieta, la CIJ habló
sobre el incumplimiento que se ha venido haciendo del fallo, que no le gusta a
nadie (hay que decirlo), un país que dice ser garante de los tratados
internacionales y que le gusta ser protagonista, o por lo menos estar metido,
en este tipo de temas para darse pantalla.
Muchos
miembros de este gobierno aludiendo a Francisco Maturana “perder es ganar un
poco”, se jactan sobre una imaginaria benevolencia en el acto judicial, pero
cuando se dio el primer fallo en noviembre de 2012, se rasgaron las vestiduras,
alegaron que el Gobierno de Juan Manuel Santos le había regalado descaradamente
75 mil kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, que había una juez de la corte
de nacionalidad china que se debió declarar impedida, por la construcción del
polémico canal en el país de Quincho Barrilete y Rubén Darío, pero ojo,
entre los contratistas de dicho canal habrían unos miembros importantes de la
alta sociedad bogotana y afines a Carnitas y Huesitos. Sumado a lo
anterior, basta recordar que, en 2008, en una negociación secreta (luego de una
sentencia de 2007 donde la misma CIJ reconocía el arraigo colombiano sobre las
islas, pero que se declaraba competente para dirimir este conflicto), quiso
ofrecerle a Ortega y Murillo, una porción de Luna Verde (zona marina), para ver
si podrían salir del asunto de una vez por todas. ¿Resultado? El papayazo que
se aprovechó en la nación centroamericana para llevar la delantera en este
litio, ¿y que queda? Al próximo gobierno le tocará negociar con Nicaragua
para que el próximo fallo que se avecina no le quiten derechos marítimos y
comerciales a los raizales, y evitar la llegada de pesqueros rusos y chinos que
arrasarían con todo.
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