martes, 15 de noviembre de 2022

LEY ESCAZÚ

 

Después de muchas idas y vueltas, de polémicas absurdas, de la indiferencia del desgobierno anterior y otras menudencias, por fin se le dio el trámite legislativo, y la correspondiente promulgación a la Ley que ratifica la adhesión de Colombia al Tratado de Escazú, eso sí, aún está pendiente el examen ante la Corte Constitucional, donde también seguirá el debate. Como se puede leer en el sitio web de la Cancillería, las palabras del Presidente Gustavo Petro al firmar el documento, fueron las siguientes: “Hemos firmado el tratado internacional, que se convierte en Ley de la República, de Escazú (…) y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano y ciudadana de Colombia acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta ley, para cualquier persona”. Este hecho, que vale la pena ser destacado, ya que en el Estado Colombiano no ha sido mayor prioridad el respeto hacia el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, la aplicación de este elemento será de fundamental importancia para que se den mayores pasos hacia el equilibrio necesario entre el Progreso y la Naturaleza, así como el respeto hacia los Líderes Sociales y Ambientales.

 

¿Qué se entiende por el Tratado de Escazú? Es un documento de entendimiento firmado por varios estados latinoamericanos, cuyos representantes se reunieron en la población costarricense de Escazú para tratar temas sobre el manejo de la Biodiversidad regional, como hacerla respetar sin impedir el desarrollo necesario para la sobrevivencia de los países, el acceso a la información para las comunidades, y el respeto hacia los liderazgos en la correspondiente materia. La mayoría de los países suscribientes del mismo ya lo han firmado y puesto en marcha, y Colombia se había quedado rezagada desde 2018, ya que era sabido que en un gobierno uribista, la fauna y la flora no sería considerados asuntos de interés nacional, y los liderazgos sociales eran considerados infiltradores del comunismo (según el Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe e Iván Duque); es  más, un ExPresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, mantuvo engavetado el proyecto durante más de un año, ya que no era de la simpatía de su movimiento político (Partido Conservador), y entre ciertos dirigentes de derecha, se entendía que el tratado era una afrenta hacia el Desarrollo Industrial, lo cual es totalmente falso y salido de los cabellos. Pero en este inicio de legislatura, se le dio un trámite rápido y sin mayores traumatismos.

 

Pero no deja de sorprender que casi un mes de que se surtiese los pasos en el congreso, el Gobierno se hubiera demorado tanto en promulgar la ley,  no se sabe si por cálculos políticos o por desorden administrativo, de todas maneras, es un detalle que deja mucho que desear, por cuanto la urgencia de esta ratificación era manifiesta desde hace rato, y es imperdonable de que un gobierno alternativo que se hizo elegir con promesas ambientales, hubiese demorado casi un mes en firmar esta ley; ahora, queda el examen Constitucional, donde se supone que no habrían mayores inconvenientes, si llegarán las voces de los opositores con sus correspondientes reparos. Falta ver que la Reforma Tributaria no se le atraviese a la Ley Escazú, porque como van las cosas, lo pondrían a financiar la carga de impuestos que debería corresponder a todas esas iglesias llenas de billetes. Pero regresando a la seriedad del tema, un buen punto para aplicar, sería la protección de la Amazonía, que se debe hacer en conjunto con los demás países con territorios e intereses en dicha cuenca, varios de los cuales firmaron el Tratado de Escazú, y asistieron a la COPP27 en Egipto, donde si bien no hubo mayores resultados, por lo menos Colombia cedió en el aislamiento que la tuvo la Economía Naranja.

 

¿Prioridades del Tratado de Escazú en el país? la más urgente y necesaria de analizar y poner en marcha es la protección de Líderes Sociales y Ambientales, a quienes lamentablemente siguen asesinando, ojo Presidente Petro y Vicepresidenta Márquez, no es un asunto menor. La deforestación sigue haciendo de las suyas, con la participación de ciertos sectores de la minería, la agricultura y la ganadería, en su mayoría de origen ilegal, con ciertos nexos con políticos de extrema ideología, a quienes solo les interesa llenar sus bolsillos a como dé lugar. Y el acceso a la información sobre proyectos a desarrollar y sus impactos ambientales y sociales, debe ser total, no importa sus afinidades ideológicas y económicas, la comunidad debe enterarse de lo que podría pasar en sus zonas de habitación si llegan los proyectos que aparentemente traerían progreso, no se puedan quedar ciegas, sordas y mudas, ni ignorar donde estarían los posibles ladrones. La aplicación de este tratado debe hacerse de la manera correcta, como mandan los lineamientos éticos, no con fines electorales, sino con fines de beneficio para la Comunidad, el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

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