Después
de muchas idas y vueltas, de polémicas absurdas, de la indiferencia del
desgobierno anterior y otras menudencias, por fin se le dio el trámite
legislativo, y la correspondiente promulgación a la Ley que ratifica la
adhesión de Colombia al Tratado de Escazú, eso sí, aún está pendiente el
examen ante la Corte Constitucional, donde también seguirá el debate. Como se
puede leer en el sitio web de la Cancillería, las palabras del Presidente
Gustavo Petro al firmar el documento, fueron las siguientes: “Hemos firmado
el tratado internacional, que se convierte en Ley de la República, de Escazú
(…) y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano y ciudadana de
Colombia acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas
del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente.
Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza
a partir de esta ley, para cualquier persona”. Este hecho, que vale la pena
ser destacado, ya que en el Estado Colombiano no ha sido mayor prioridad el
respeto hacia el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, la aplicación de
este elemento será de fundamental importancia para que se den mayores pasos
hacia el equilibrio necesario entre el Progreso y la Naturaleza, así como el
respeto hacia los Líderes Sociales y Ambientales.
¿Qué
se entiende por el Tratado de Escazú? Es un documento de entendimiento firmado
por varios estados latinoamericanos, cuyos representantes se reunieron en la
población costarricense de Escazú para tratar temas sobre el manejo de la
Biodiversidad regional, como hacerla respetar sin impedir el desarrollo
necesario para la sobrevivencia de los países, el acceso a la información para
las comunidades, y el respeto hacia los liderazgos en la correspondiente
materia. La mayoría de los países suscribientes del mismo ya lo han firmado y
puesto en marcha, y Colombia se había quedado rezagada desde 2018, ya que era
sabido que en un gobierno uribista, la fauna y la flora no sería considerados
asuntos de interés nacional, y los liderazgos sociales eran considerados
infiltradores del comunismo (según el Centro Democrático, partido de Álvaro
Uribe e Iván Duque); es más, un
ExPresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, mantuvo engavetado el proyecto
durante más de un año, ya que no era de la simpatía de su movimiento político
(Partido Conservador), y entre ciertos dirigentes de derecha, se entendía que
el tratado era una afrenta hacia el Desarrollo Industrial, lo cual es
totalmente falso y salido de los cabellos. Pero en este inicio de legislatura,
se le dio un trámite rápido y sin mayores traumatismos.
Pero
no deja de sorprender que casi un mes de que se surtiese los pasos en el
congreso, el Gobierno se hubiera demorado tanto en promulgar la ley, no se sabe si por cálculos políticos o por
desorden administrativo, de todas maneras, es un detalle que deja mucho que
desear, por cuanto la urgencia de esta ratificación era manifiesta desde hace
rato, y es imperdonable de que un gobierno alternativo que se hizo elegir con
promesas ambientales, hubiese demorado casi un mes en firmar esta ley; ahora,
queda el examen Constitucional, donde se supone que no habrían mayores
inconvenientes, si llegarán las voces de los opositores con sus
correspondientes reparos. Falta ver que la Reforma Tributaria no se le
atraviese a la Ley Escazú, porque como van las cosas, lo pondrían a financiar
la carga de impuestos que debería corresponder a todas esas iglesias llenas de
billetes. Pero regresando a la seriedad del tema, un buen punto para aplicar,
sería la protección de la Amazonía, que se debe hacer en conjunto con los demás
países con territorios e intereses en dicha cuenca, varios de los cuales
firmaron el Tratado de Escazú, y asistieron a la COPP27 en Egipto, donde si bien
no hubo mayores resultados, por lo menos Colombia cedió en el aislamiento que
la tuvo la Economía Naranja.
¿Prioridades
del Tratado de Escazú en el país? la más urgente y necesaria de analizar y
poner en marcha es la protección de Líderes Sociales y Ambientales, a quienes
lamentablemente siguen asesinando, ojo Presidente Petro y Vicepresidenta
Márquez, no es un asunto menor. La deforestación sigue haciendo de las
suyas, con la participación de ciertos sectores de la minería, la agricultura y
la ganadería, en su mayoría de origen ilegal, con ciertos nexos con políticos
de extrema ideología, a quienes solo les interesa llenar sus bolsillos a como
dé lugar. Y el acceso a la información sobre proyectos a desarrollar y sus
impactos ambientales y sociales, debe ser total, no importa sus afinidades
ideológicas y económicas, la comunidad debe enterarse de lo que podría pasar
en sus zonas de habitación si llegan los proyectos que aparentemente traerían
progreso, no se puedan quedar ciegas, sordas y mudas, ni ignorar donde estarían
los posibles ladrones. La aplicación de este tratado debe hacerse de la
manera correcta, como mandan los lineamientos éticos, no con fines electorales,
sino con fines de beneficio para la Comunidad, el Medio Ambiente y el
Desarrollo Sostenible.
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