Desde hace más de
30 años, el internet se ha convertido en uno de los ejes principales del estilo
de vida en el mundo, puesto que provee una comunicación inmediata, da a conocer
a todo el mundo, la realización de todo tipo de trámites desde económicos hasta
de salud. Pero también se sabe que la irresponsabilidad puede hacer de esta
tecnología de comunicación un elemento peligroso para la convivencia, la
seguridad y principalmente, los menores de edad; hoy en día es común leer
hechos criminales como el acceso ilegal contra niños, niñas y adolescentes a
través de las redes sociales por parte de mentes peligrosas y pervertidas, esto
no se soluciona con padrenuestros y censuras de inquisición (como lo que proponen
los “Alter Ego” de Abelardo de la Espriella, Viviane Morales Hoyos y Carlos
Alonso Lucio). Se deben tener estrategias provistas de trabajo mancomunado con
las comunidades, acciones policiales con la suficiente capacidad tecnológica y
adecuada para las circunstancias actuales, así como una pedagogía para todo el
mundo (es bien sabido que a ciertas personas mayores de edad, el internet y
principalmente, las Redes Sociales los dejan patas arriba, ejemplo, Gustavo
Francisco Petro Urrego). Por lo anterior, ya en varios países de Europa se ha
restringido el internet (principalmente las Redes Sociales) a los menores de
edad, y en Colombia ya se empieza a hablar del tema.
Por un lado, el
actual Gobierno Nacional (así no se le pueda creer mucho), ha emitido el
Decreto 0769 de 2026 como un paso en la reglamentación de la Ley 2489 de 2025, para
controlar el Entorno Digital que rodea a la población infantil en Colombia, como
se puede referenciar en el informe especial sobre la materia que hizo José
Carlos García para El Tiempo: “El
Gobierno Nacional expidió el Decreto 0769 de 2026, una reglamentación clave de
la Ley 2489 de 2025 que transforma las reglas del juego en el entorno digital
colombiano para proteger a los niños, niñas y adolescentes. La norma
establece obligaciones concretas para plataformas tecnológicas, redes sociales,
desarrolladores de aplicaciones, colegios y familias, fijando un esquema de
corresponsabilidad sin afectar la libertad de expresión”. Si bien es cierto que aún persisten
dudas de aplicación, que tendrán que aclarar las instancias máximas judiciales
(Consejo de Estado), es excelente que ya se esté tratando del tema, por cuanto
el internet puede ser un gran aliado en la educación, pero también si se sale
de control, se constituiría en la mayor fuente de bullying y violencia contra
los menores de edad.
Mientras tanto, en el Congreso de la
República avanza otro proyecto de ley sobre la materia (así los antecedentes en
la máxima instancia legislativa no sean los más favorables). Un proyecto
presentado por los Congresistas Enrique Cabrales, Honorio Henríquez, Juan
Caicedo y Jesús Lorduy; ojalá la tramitación del mismo termine con noticias
positivas sobre la materia y se pueda tener más fuentes de protección de
menores de edad en las Tecnologías de la Información. Sobre el particular,
el Senador Cáceres manifestó lo siguiente (El Colombiano): “Lo prometimos y
hoy cumplimos nuestra palabra. Volvemos a radicar este proyecto porque no
podemos seguir siendo indiferentes mientras nuestros niños son víctimas
del ciberacoso, la explotación sexual, la violencia digital y una creciente
crisis de salud mental”. Se podría pensar que es cualquier acto
legislativo que podría cargar “micos” en cualquier momento, pero es interesante
su sustentación, como se lee en el diario antioqueño: “Según el estudio
Disrupting Harm Colombia, realizado por UNICEF, ECPAT e Interpol, uno de cada
cinco adolescentes usuarios de internet en el país —alrededor de 860.000
jóvenes— fue víctima de abuso o explotación sexual facilitada por la
tecnología durante el último año”. Motivo suficiente para controlar
este tipo de tecnologías.
Para que lo anterior sea efectivo, debe
haber Cultura Ciudadana en la materia: los padres y/o acudientes deben estar
pendientes de lo que hacen los menores de edad frente a un dispositivo
tecnológico, los centros educativos deben implementar estrategias de
comunicación pedagógica sobre la materia y se deben tener las suficientes
herramientas para impedir “hecha la ley, hecha la trampa”, por cuanto es
muy fácil evadir la reglamentación tecnológica, puesto que es muy fácil poner
mayoría de edad para acceder a sitios muy polémicos dentro del mundo de la
virtualidad, así como es muy fácil caer ante las falsas promesas de ciertos
internautas que en realidad son un peligro para la sociedad, y que quienes se
oponen a este tipo de reglamentación, tengan un poco de conciencia sobre la
situación de hoy en la materia, y lo que se podría venir si no se trata de
ponerle coto al asunto. A propósito, en Colombia ya existe el sistema SILVIA
para la protección de los menores frente a ciertos caminos no muy recomendados
en las autopistas de la informática, con el siguiente dato sobre su protección
(Ámbito Jurídico): “El régimen de habeas data proscribe el
tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo los de
naturaleza pública, y ordena asegurar el respeto de sus derechos prevalentes en
cualquier tratamiento de datos”.