Es cierto que hay un retraso en el avalúo catastral en
todo el territorio nacional, desde hace más de 50 años por lo menos, que ha
contribuido al problema eterno de la repartición de tierras en Colombia, una de
las principales causas del conflicto interno colombiano; que se debe
solucionar sí, pero se debería tener en cuenta la opinión de las autoridades
locales. En los últimos días se ha venido hablando con insistencia sobre un
proyecto legislativo que presentaría el Gobierno Nacional a través de los Ministerios
de Agricultura y de Hacienda sobre un alivio al Impuesto Predial Unificado
(IPU), que puede sonar bonito y que ojalá tuviese beneficios para todos, pero
el Gobierno Petro está cometiendo un error craso; no consultarlo con las
autoridades locales, tanto salientes como entrantes (el primero de enero
asumirán las nuevas administraciones, elegidas el pasado 29 de octubre), lo que
podría conducir a que un predio de estrato 6 en Valledupar quede con predial
más costoso que otro del mismo estrato en Bogotá, aclarando que se hace el
símil partiendo de que ambos pueden encontrarse en el ámbito urbano como en el
rural. No es cuestión de poner unos topes fijos para el aumento del mismo, puesto
que el poder adquisitivo en cada cabecera municipal, así como en lo urbano y lo
rural, son diferentes.
“El
proyecto no es un incremento del impuesto predial. El Gobierno Nacional no está
autorizado para hacerlo, eso es potestad de los Concejos Municipales. Lo que
estamos presentando es un alivio para que la actualización del catastro no
impacte inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos". Son
las palabras del Ministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla (página web de la
presidencia de la república), que en la misma trae otra frase del funcionario: “La
norma vigente dice que, si se actualiza el avalúo catastral, el municipio no le
podrá cobrar más allá del 100% de lo que pagó el año inmediatamente anterior.
Pero no dice nada de los predios que tienen avalúos superiores, lo que
significa que, si a una persona le aumentaron el avalúo catastral en el 1.000%,
el impuesto predial le podría subir hasta el 1.000%". Puede sonar muy
bonito y ser muy atractivo, pero se insiste en que, si no se habla y concierta
con todas las administraciones locales, se puede salir de control y desanimar
el interés inmobiliario en Colombia, lo que causaría baja en la construcción,
abandono de predios urbanos y rurales, así como el consecuente desempleo, en
uno de los países con mayor tasa de este problema en el mundo.
El gobierno
nacional dice que hubo un problema en la comunicación e interpretación de este
proyecto legislativo, pero lo cierto es que originó una polémica de dimensiones
apocalípticas, a tal punto de que Exministros de Agricultura y Hacienda,
salieron a expresar sus preocupaciones. Por ejemplo, el Exministro de
Agricultura, Andrés Valencia, manifestó lo siguiente (Infobae): que “por esa vía el Gobierno le mete
el acelerador a la reforma agraria, aumentándoles los impuestos a los
propietarios rurales (pequeños y grandes), quienes no tendrían más
opción que vender sus predios a la Agencia Nacional de Tierras”. Puede
que la expropiación suene exagerada, pero también es producto de todos los
problemas de comunicación que tiene el presente gobierno (donde RTVC en vez de
ser el canal oficial serio y responsable, parece la transmisora de las Bodegas
Petristas). Por su parte, el Exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo,
señaló al mismo informativo, palabras más, palabras menos: “tampoco es
cierto que todos los ciudadanos se benefician o que no puedan existir
propietarios a quienes sí se le podría incrementar dicho valor de manera
desbordada”.
Partiendo de la buena fé, del Ministro de Hacienda, de la
búsqueda de un alivio, se debe tener en cuenta que una tabla tarifaria como la
que se propone, no es la más adecuada para un país diverso en materia
inmobiliaria, que no es lo mismo el estrato uno en Bogotá que el de Neiva, que
no se pueden equiparar los predios rurales en la Orinoquía con los de la
Amazonía, no se pueden igualar las construcciones de interés arquitectónico,
histórico y cultural en Bucaramanga con los de Barrancabermeja; si quieren presentar
este proyecto tendrán que hablar y trabajar de la mano con las autoridades
locales que lleguen el primero de enero, porque de lo contrario, va a
resultar el impuesto predial unificado (IPU) más caro en Tumaco que en Cali, y
eso si traería un estallido social, de dimensiones similares al que hubo en
abril de 2021, contra el gobierno cuyos máximos representantes promovieron
el primero (se daría un efecto boomerang). Si usted quiere que se cobren los
mismos estándares tarifarios para la Hacienda Bellacruz con las pequeñas fincas
paperas de Sutamarchán (Boyacá), estará muy desenfocado y podrá ser acusado de
fomentar una revolución de dimensiones desconocidas; de lo contrario, si
dialoga con las autoridades para lograr unos parámetros tarifarios que en las
localidades se ajusten a sus características, entonces se logrará una justicia
en materia tributaria, que tanto se necesita.
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