DANDO LORA EN COP26

 

El Presidente de la más baja imagen de favorabilidad, tal vez por dárselas de muy play, se dispuso a hacer un periplo por Glasgow (Escocia), Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Jerusalén (Israel), donde fueron más célebres las polémicas y las metidas de pata que los logros conseguidos. Por dárselas de muy ambientalista, terminó haciendo un oso más grande que el polar, y encima de todo, la metida de pata de su Ministro de Defensa, Diego Molano (con el más pobre desempeño) le declaró la guerra a Irán, un estado con quien se mantienen relaciones diplomáticas desde 1976, sin ningún problema; un territorio de gran riqueza cultural e histórica. Pero esa cumbre tampoco se lució por dar soluciones al problema del Cambio Climático que afecta al mundo entero, como diría la activista Greta Thunberg, solo fue un “bla, bla, bla”, donde no tuvieron más alternativas que proponerse objetivos a largo plazo, demorando la transición que se requiere para recuperar en algo, la sostenibilidad del planeta tierra; así a las grandes multinacionales de las energías fósiles no les guste, ni a los grandes líderes del mundo les simpatice, porque aún la cultura del progreso impuesto y sin tener en cuenta a nadie, aún persiste.

 

Entre las cosas que prometió Ivanchis para finalmente no cumplir, afirmó que radicaría en el Congreso Colombiano, el Acuerdo de Escazú que aún no ha sido ratificado, pero que fue enviado sin mensaje de urgencia (ya se sabe que naufragará), a pesar de las palabras del Viceministro del Medio Ambiente, Francisco Cruz (El Espectador): “Desde el Ministerio de Ambiente estaremos en cada uno de los escenarios, de los debates, defendiendo esa radicación que se presentó sin mensaje de urgencia, así como fue el compromiso del presidente que, al 30 de octubre, lo estaríamos presentando. El viernes a las 5:00 p.m. fue radicado en el Congreso”. Empezando que la propia bancada de gobierno se opone férreamente al Tratado, aduciendo que impediría la inversión extranjera, así como sería un acto de sumisión frente al castrochavismo, algo que es inaceptable en el Centro Democrático, aún en manos del imputado Álvaro Uribe Vélez, quien parece estar perdiendo influencia en el país, debido a su situación jurídica. ¿Será que el conservador y antiambientalista Juan Diego Gómez (Presidente del Senado) y la polémica Jennifer Arias (Presidente de la Cámara, con su Anatolio vote sí, permitirán el trámite de este proyecto) Dudoso.

 

Pero continuando con las voces opositoras al Acuerdo de Escazú, y afines al gobierno (desgobierno), se encuentra una en particular, la del Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan David Vélez, quien manifestó lo siguiente en twitter: “Error garrafal del ministro Correa al volver a radicar el proyecto de ley que busca ratificar Acuerdo de Escazú. La socialización del acuerdo ha confirmado el rechazo de la totalidad del sector productivo del país y la problemática de riesgo a nuestra soberanía jurídica”, refiriéndose a Carlos Correa, Ministro del Medio Ambiente. Como que el polémico congresista no sabe que la socialización se debe hacer con las comunidades que se pueden ver beneficiadas y/o afectadas por los proyectos que harían en sus zonas, los sectores productivos, y que la soberanía jurídica es para acatarla por ambas partes; para lo anterior, se hacen los respectivos estudios de factibilidad para determinar si se pueden hacer o no, y en caso de las dudas ambientales, sociales y sostenibles, se hacen los correspondientes estudios de impacto para proponer los planes de manejo, que se deberán cumplir al pie de la palabra, bajo la vigilancia de las autoridades ambientales correspondientes. El Acuerdo de Escazú no es ningún embeleco comunista, señor congresista, lea un poco más.

 

Pero regresando al periplo de Ivanchis en Glasgow (con una nutrida delegación familiar, sin tener una razón válida); donde la foto con Joe Biden (quien parece decirle a Jill: “nos topamos a quién no queríamos ver, el gordito del glifosato y que quiere dañar el Acuerdo de Paz”), no le sirvió de nada ni llevar en el viaje a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hizo una agenda más pequeña, pero que a esta hora, genera más resultados; tuvo que encontrarse con las fuertes palabras del Líder Ambiental, Francisco Javier Vera Manzanares (Infobae): “Me he encontrado con varios presidentes del mundo, pero quisiera hablar tan solo con el mío para que escuche a los jóvenes. Quiero decirle (al presidente Duque) que sea más comprometido, sincero, responsable con los compromisos climáticos de Colombia. Que dé un ejemplo real, no como el que se ha dicho que está dando, al mundo y a Latinoamérica en general”. Simplemente está afirmando una verdad que se sabe, a los Líderes Ambientales y Sociales, no los escuchan, es más, los están matando miserablemente, con la pasividad de este gobierno (desgobierno) nacional, ¿será que por eso, le saca el bulto al Acuerdo de Escazú, ya que uno de sus principales objetivos, es la protección de estas voces necesarias para la comunidad?

QUEBRADONA PRIMER ASALTO

 

En medio de la eterna guerra entre Minería a Gran Escala y el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, donde han prevalecido más los intereses políticos y económicos sobre los comunitarios, ha surgido una buena noticia en lo referente a la preservación de la fauna y flora regional, y ha sido el archivamiento (así sea temporal) de la solicitud de licencia ambiental para la explotación minera en la Quebradona, municipio de Jericó (Antioquia). Por lo menos una vez se ha escuchado la voz de la comunidad, y por consiguiente, se han tomado unas medidas cautelares para que se haga un Estudio de Impacto Ambiental que podría tener una actividad grande como la minería, la cual no todas las veces lleva progreso a la región, y no es garantía de paz en la zona, como se ha visto en varias zonas del país donde las multinacionales minero – energéticas llegan, se llevan los recursos mineros y no le dejan absolutamente nada a las poblaciones circundantes, como por ejemplo, en el Cerrejón (Guajira), Cerromatoso (Córdoba), Paz del Río (Sogamoso, Boyacá), Campo Rubiales (Meta), ni los proyectos esmeralderos a lo largo de Boyacá y Cundinamarca; ya que no se han establecido estrategias suficientes para medir los impactos ambientales y sociales.

 

Según información suministrada por Forbes, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió archivar la solicitud de licencia, por razones como la siguiente: “La decisión se fundamentó en argumentos técnicos, que fueron el resultado de la evaluación técnica, rigurosa e integral del estudio de impacto ambiental y de las respuestas emitidas por la empresa a los requerimientos de información adicional realizados por parte de la autoridad”. A renglón seguido anota: “Con el análisis de la información del expediente, lo recogido en las visitas de campo y los conceptos de otras entidades, el equipo técnico de la ANLA estableció que no es posible emitir una decisión de fondo sobre la solicitud de la licencia ambiental del proyecto minero, por lo que esta debía ser archivada”. Lo positivo en este caso es que no se permitió la realización de un proyecto el cual no contaba con suficiente documentación y trabajo de investigación para ponerse en marcha, aunque si se seguirá en debate y en estudio mientras se aclaran las dudas, como quien dice, el debate apenas comenzará, porque éste solo fue el primer round de una dura batalla que la multinacional Anglo Gold Ashanti dará para lograr su cometido de explotar la mina de cobre en la zona, mientras la comunidad no dará su brazo a torcer (con justa causa) para preservar el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

 

¿Cuál fue la respuesta de la multinacional? Según la Radio Nacional de Colombia, Anglo Gold Ashanti manifestó lo siguiente: “Prueba de lo anterior es que el proyecto cuenta ya con todos los demás permisos y licencias requeridos para iniciar su ejecución, incluyendo el permiso de sustracción ambiental otorgado por Corantioquia y la aprobación del PTO por parte de la Secretaría de Minas del departamento”. Puede que esta documentación les dé la razón para seguir peleando por lo que supuestamente es suyo, pero también tiene un aire de prepotencia, ya que el hecho de tener permisos y licencias necesarios, no quiere decir que se tenga que desarrollar el proyecto, a las buenas o a las malas; ese sí es un  pésimo mensaje para la comunidad circundante porque se les dice que su palabra no vale nada en una especie de “usted no sabe quien soy yo”; la minera debe bajarle un poco a su grosería y más bien establecer más diálogo con la comunidad y los entes gubernamentales correspondientes.

 

Ya se han hecho sentir diversas voces a favor y en contra de esta decisión, que se insiste, es cautelar y/o momentánea. La Asociación Colombiana de Minería, lamentó esta decisión, con unas palabras así (Forbes): “Mientras en Chile y Perú entra en operación una mina por año y se aprovecha la dinámica mundial de la demanda de un mineral como el cobre, en el país vemos cómo estas decisiones que son estratégicas para la economía nacional se aplazan de manera indefinida”, las palabras fueron expresadas por el presidente de dicho gremio, Juan Camilo Nariño. Y por ahí quiso comparar la minería colombiana con la peruana y la chilena, dando a entender que el problema es de papeleo y tramitomanía. Se le olvida a Don Juan Camilo que ya habían permisos y licencias, pero eso no quiere decir que se deba realizar el proyecto a como dé lugar, así como la mayoría de la minería en Chile y Perú se desarrolla en zonas desérticas donde el impacto ambiental es menor a la Quebradona, que es rica en fauna y flora, pero que se podría ver vulnerada si no se toma suficiente conciencia sobre los impactos ambientales y sociales en la zona; lo mejor es no generalizar este tipo de proyectos, cada uno es una historia distinta.

MINGAS Y PAROS

 

En estos tiempos de crisis social, no solo por la pandemia, también por la ineptitud de un gobierno (desgobierno) nacional, así como por la desigualdad social que ha reinado durante más de 200 años, ha provocado diferentes estallidos sociales, entre ellos las mingas indígenas. Han tenido razones justas, pero también no ha faltado la politiquería de turno que se ha querido apropiar de estas manifestaciones para mantener réditos en las elecciones del año entrante. También se podría responsabilizar a las administraciones locales, pero se debe tener en cuenta que es un problema nacional, que ha incluido el desplazamiento masivo interno por el conflicto interno, que ha llevado a comunidades campesinas, afro y étnicas a salir hacia los centros urbanos en búsqueda de mejores oportunidades, así como manifestar su voz de inconformidad frente a la pasividad de los gobiernos nacionales para proporcionar de una vez por todas, las soluciones a los problemas que padecen, empezando por la nula presencia del estado en las regiones más apartadas del país; donde solo llegan para hacerles promesas electoreras que nunca se cumplirán, y que si se llegan a cuestionar a quienes mintieron, se podría estar en peligro de seguridad.

 

En la columna Minga 2020 (27/10/2020), se hizo la siguiente reflexión: “Su llegada a Bogotá DC, fue un motivo de fiesta para su gente, quienes salieron a recibirla, con aplausos y amabilidad, para manifestar su apoyo a la misma, empezaron sus marchas el lunes 19 de octubre con una caminata desde el Palacio de los Deportes hasta la Plaza de Bolívar, …fue que en la Plaza de Bolívar, apenas terminaban sus actos, se disponían a limpiar la misma, dejándola tal como debe estar; sin lugar a dudas, dando una lección de Cultura Ciudadana a los fríos habitantes de estrato mil de la capital colombiana (incluyendo la señora guache del video, y el sordo desgobierno de Invanchis)”. En el caso de la toma indígena al Parque Nacional de Bogotá, se ha visto en su mayoría unas manifestaciones pacíficas, aunque no han faltado las diferentes agitaciones hacia la violencia por parte de genios oportunistas a través de fakenews en las redes sociales. Eso sí, se debe criticar las posturas extremistas de ciertos dirigentes de las comunidades étnicas, que prácticamente han dicho que no quieren regresar a sus territorios de origen, sino seguir viviendo de la caridad de la gente, algo que es muy triste, porque sería aceptar la derrota frente a los grandes usurpadores de tierra y generadores de violencia.

 

Pero algo peor se está dando, desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de febrero, se han visto a unos cuantos agitadores (la mayoría pertenecientes a un pacto por ahí), que han impuesto el concepto de que para hacerse escuchar, no solo debe hacer marchas y tomas pacíficas, también generar vandalismo y daños contra personas que nada tienen que ver en el asunto, generando graves problemas de orden público y poniendo a las diferentes administraciones locales en unas sin salidas, ya que al gobierno (desgobierno) nacional no le interesa mucho  este tipo de temas, por cuanto su ideología solo le permite ver la solución militar y el glifosato como el calmante para todo, en un concepto absurdo. Los Puertos Resistencias y los Portales Resistencias que en un principio tuvieron apoyo, hoy son rechazado por la comunidad, ya que se han vuelto focos de violencia e inseguridad, así como centros de rumbas sin fin, donde se bebe y se mete a la lata, y terminando en peleas callejeras. Ni hablar de las provocaciones politiqueras, como se dio durante el Paro Nacional, cierta concejala de Bogotá DC, perteneciente a una oposición de izquierda radical, manifestó en las redes sociales que en ambulancias se llevaban diferentes armas para el ESMAD, dando como resultado el ataque a una misión médica en inmediaciones del Portal Américas, lamentable.

 

 

En declaraciones a la Agencia EFE, el líder indígena y de la toma del Parque Nacional, Yondy Rojas, manifestó lo siguiente: "La guerra no es de 60 días, la guerra lleva más de 60 años en Colombia. Eso es lo que los políticos no entienden"…"Nosotros nos encontramos acá porque hay un incumplimiento total hacia las comunidades y los compañeros indígenas que han sido víctimas de la violencia en Colombia"…"La guerra no es de 60 días, la guerra lleva más de 60 años en Colombia. Eso es lo que los políticos no entienden". Desde la Administración Distrital se defienden y han manifestado que se han dado los correspondientes subsidios que se han decretado por el estado de emergencia correspondiente a una pandemia que se demorará en irse; pero denuncian (deben tener sus pruebas) de que estos dineros han sido malgastados por parte de unos cuantos dirigentes de estas comunidades desplazadas, y que querrían seguir en las mismas. Mientras se aclaran estos malos entendidos, valdría la pena indagar sobre la pasividad de la Unidad Nacional de Víctimas frente a esta problemática; claro que de un desgobierno nacional no se puede esperar mucho.

TURISMO POSTCOVID

 

Aunque la calma de la pandemia se vislumbraría a mediados del año entrante, ya que el proceso de vacunación se inició demasiado tarde en Colombia (ocho semanas de retraso con respecto a la mayoría de los países de la región), incluso cuando el promedio regional supera el 50% de la población vacunada, aquí ni siquiera se llega al 40%, ya se está hablando de recuperar el turismo en el país, algo que no solo depende de la pandemia, también del orden público (muy deteriorado) y de las políticas gubernamentales (justo cuando no se ve al gobierno nacional). Este turismo estaría enfocado en gente que se necesita recuperar de los efectos, tanto físicos como psíquicos que le ha dejado este coronavirus, buscando un clima agradable y de paso, recuperar posibles fuentes de ingresos y empleo para las distintas regiones del país, empezando por las que más han avanzado en temas de vacunación, incluso con terceras dosis y la fase para infantes y adolescentes, como es el caso de la presente columna, en el departamento del Quindío, que posiblemente sería el primero en alcanzar la inmunidad de rebaño. Tiene la ventaja de ser una de las zonas más pequeñas en área y su ubicación en el centro del país.

 

En la página web del Ministerio de Salud, se puede leer la siguiente declaración del Gobernador del Departamento del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo: "El planteamiento en el que coincidimos es que, por qué no lograr, para el mes de diciembre, que el Quindío sea promocionado como el primer destino nacional bioseguro y que la gente tenga toda la confianza de venir, pasear, disfrutar las bellezas naturales y las atracciones del departamento". Esto suena bonito, pero también se debe tener en cuenta que la posibilidad de uno o varios picos de la pandemia son inminentes, no solo por el atraso en la vacunación, sino también por seguridad y la falta de cultura ciudadana que se está dando en los últimos días, donde la falta de cuidado es notoria, la gente ya sale a la calle sin tapabocas, se vienen unos días sin iva donde las peloteras serán las notables, y se están relajando las medidas de cuidado en todas partes, ya que la economía nacional no aguanta más. Pero si bien el Quindío ha hecho su tarea en materia de vacunación, hay otras regiones en el país como la costa pacífica, que aún se encuentran muy atrasadas en la materia, razón suficiente para desconfiar, más si es una tarea nacional, que se explicará a continuación.

 

En días pasados, como lo informa el diario La República (Bogotá), Colombia ha sido seleccionada como uno de los cinco destinos turísticos líderes por estar adelante en la vacunación, con fecha del 16 de febrero de 2021. Pero ya se encuentra en inmediaciones de final de año, y esta vacunación no ha avanzado lo suficiente como para echar voladores y asumir retos de manera irresponsable. El Gobierno (desgobierno) no puede estar metiéndose en cuanta bobada se le ocurra, ni exponer a la población a mayores problemas de los que tiene; luego, si quiere recuperar este renglón importante de la economía nacional, debe hacerlo pero de forma prudente que se puede evitar unos picos de contagio tan grandes como el que hubo a mitad de año (con 27000 contagio diarios y 650 muertes en promedio); bueno, ya hay gente viajando a veranear en diversas zonas de Colombia y el mundo (el autor de la presente columna lo ha hecho), en grupos familiares o pequeños, para evitar problemas de salubridad posteriores; luego no se entiende porque el país se está metiendo en unas vacalocas cuando aún no hay certeza de que va a ocurrir con el covid19.

 

Regresando al departamento del Quindío, se han visto y hay que reconocer, los avances en la materia, pero también le están exigiendo con justa causa a la gente, seguir con las medidas de bioseguridad, como el tapabocas, el distanciamiento, la aireación de los espacios privados y evitar al máximo las aglomeraciones. Pero si se quiere mirar más allá de los entornos locales y nacionales, en EEUU y Reino Unido, donde el porcentaje de población vacunada casi que duplica a Colombia, aún hay muchas reservas sobre aperturas, ya que la variante Delta aún tiene fuerza como para llevarse por delante muchas vidas, sin que le dé remordimiento. Ah, y no se puede olvidar la variante mu, posiblemente originada en este país de Uribe y Petro (otras dos especies de virus de intolerancia). Que se debe dar apertura sí, que se deben recuperar las fuentes de ingresos y empleos lo más pronto posible, también. Pero ojo, se debe hacer cuando la vacunación en el país se haya hecho de manera masiva y efectiva, cuando el Ministerio de Salud y el DAPRE hayan avanzado lo suficiente en la compra de vacunas (que no se vuelva a repetir la mamadera de gallo, como la de la multinacional Moderna).

LA SOBERANÍA

 

La disputa sobre el Archipiélago de San Andrés Islas, así como los derechos marítimos y comerciales sobre el Mar Caribe, que tienen Colombia y Nicaragua, ha sido uno de los temas más candentes en la diplomacia desde hace más de cuarenta años. Si bien es cierto que la Corte de la Haya determinó en 2012 que Colombia le debería devolver más de 75 mil kilómetros cuadrados de aguas al país que se encuentra bajo la Terrible Seguridad Democrática de Daniel Ortega (quien se esconde bajo las faldas de Rosario Murillo); aún hay muchas cosas por aclarar frente a tan álgido tema. Se debe admitir que la no coordinación diplomática entre los sucesivos gobiernos colombianos, le ha dado resultados al país centroamericano; ya se está notando la angustia de los raizales ante una posible llegada del gobierno nica, por cuanto no tendrían todas las facilidades económicas, sociales, ambientales y sostenibles que en cierta forma, Colombia les brinda (aunque hay varias razones para decir que es en solo teoría); sin dejar de pensar en los terribles efectos que tendría la construcción del Canal de Nicaragua sobre los mares, ya que se llevaría por delante la riqueza natural que aún persiste en la zona.

 

Hace un par de semanas, se dio una nueva audiencia en el Tribunal Máximo de la Haya frente a este tema, donde Colombia y Nicaragua expusieron sus argumentos, eso sí, coincidiendo en sendas acusaciones de intromisiones militares en zonas que se consideran ambas como propias. Se podría decir que los gobiernos de ambos países, en búsqueda de cortinas de humo que les podría ocultar los problemillas que han generado por la evasión a las reglas democráticas, se presentaron durante varios días, y están a la espera de un fallo correspondiente, que se podría dar en tiempos de elección presidencial en Colombia, donde podría incidir, bien sea positiva o negativamente, porque en Nicaragua Ortega y Murillo han emprendido una cacería de opositores, con falsos positivos incluidos. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido en la presentación colombiana; por primera vez se presentó un líder raizal del archipiélago para que pudiese exponer los argumentos de porque es peligrosa la injerencia nica para los habitantes de la zona, con razones que van desde la conservación del Medio Ambiente hasta el Desarrollo Sostenible, basado en la pesca artesanal como su fuente principal de empleo, ingresos y el turismo que proviene del interior del país, así se esté en tiempos de pandemia.

 

El Líder Kent Francis James, primer gobernador departamental nombrado en 1991, y exembajador en varios países del Caribe, llegó al salón del tribunal con las siguientes palabras (El Tiempo): “Los seguidores de la fe de los raizales son bautizados en el mar. Es un cementerio para los que se fueron y no regresaron. Es la fuente de historias reales y de ficción, de cuentos, de fábulas, de aventuras, de diversión y tristeza. Como dicen los raizales: es un regalo de Dios”. Demostrando que, si bien pertenecen a Colombia, se ha respetado sus creencias e ideologías raizales, incluyendo el creole como su propio idioma para expresarse; algo que podría desaparecer en manos de Danielito y Rosarito. En su discurso, cabe resaltar las siguientes frases (El Colombiano): “Los raizales dependen de los derechos de pesca tradicionales que se extienden por las grandes zonas marítimas que se cuestionan en este caso” … “el mar es un espacio vital para los raizales, una ruta comercial para los pueblos criollos del suroeste del Caribe. Es su patrimonio económico. El mar es también su patrimonio cultural” … “Los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen un vínculo natural con el mar: viven de él y lo consideran parte de su hábitat natural. Cualquier restricción a sus tradiciones históricas y culturales tendría un impacto significativo y negativo en su forma de vida e identidad”.

 

Si bien es cierto que la diplomacia colombiana, y más en el gobierno de la descompuesta economía naranja y de la negación del internet a la educación en zonas rurales, es pésima y da lástima; hay que admitir que la presencia de un líder raizal en La Haya le dio un buen aporte a la defensa colombiana de su soberanía, algo que no se había hecho durante cuarenta años. Falta ver que dictamina la Corte en esta materia, pero de pronto pues se ratificarían los 75 mil kilómetros cuadrados que se deben devolver a Nicaragua, pero eso sí, respetando los derechos étnicos de los pobladores, así como los de los colombianos en materia de plataformas continentales y oceánicas, algo que el país centroamericano ha querido aumentar, hasta querer llegar cerca a Cartagena, lo que podría contribuir a un desastre ambiental que podría ser mortal para zonas como Sea Flower. Este tema seguirá dando motivos para debate durante mucho tiempo, incluso, después del fallo que se dé.

LAS GARANTÍAS

 

Se entiende por garantía, el símbolo de transparencia y confianza que debe brindar toda persona y/o entidad, en aras de cumplir sus deberes y respetar los derechos de los demás. A nivel político, son todas las señales que un Estado muestra para satisfacer las necesidades del pueblo, así mismo, para permitir la libre expresión y el acceso a todos los derechos constitucionales. Todo eso se cumpliría en un país sensato, pero como Colombia ocurre todo lo contrario, nada es de confiar y un respiro estatal, puede ocasionar un daño grave a la democracia, como lo que se ha estado tramitando en el congreso de mayoría gobiernista (adulación al desgobierno Duque); ya que la derecha está en peligro de perder el poder en las elecciones de 2022, y perder toda su maquinaria burocrática, bien sea con el centro o con la izquierda. Ni siquiera la firma de un Acuerdo de Paz con el exgrupo guerrillero más grande y antiguo de la región, han podido calmar los ánimos (incluso sigue latente la propuesta de volver trizas lo que se ha avanzado en esta materia); porque para un gobierno impotente y prepotente como el actual, la guerra es su arma favorita para mantener unos privilegios.

 

Hace unos cuantos días, inició en el congreso el trámite de una Reforma Tributaria, que no fue concertada totalmente, y entre sus articulitos se encuentra la derogación parcial de la Ley de Garantías, que obliga al aparato estatal a no firmar contratos en un tiempo prudente durante la campaña electoral, incluso durante el día del sufragio. El Gobierno la ha defendido misteriosamente, y para la muestra, lo que dijo Iván Duque, desde Nueva York (El Colombiano): “En Colombia ya no hay reelección presidencial y eso implica que tengamos una circunstancia distinta. Hay que mirarlo en otro contexto, pensando en los alcaldes y gobernadores que tomaron posesión en enero de 2020, y que les ha tocado enfrentar una pandemia que les ha truncado aspiraciones y programas”. En algo tiene razón, ya no hay reelección directa, pero la podrían revivir con un Referendo (o sea, se podrían saltar la ley), y si es para ayudar a los mandatarios locales, no es posible creer en tan filántropo interés, ya que, en las pasadas elecciones locales de 2019, el sector gobiernista fue uno de los más grandes perdedores, y sus relaciones con la mayoría de las administraciones locales, no ha sido la más fluida, al contrario, ha querido apoyar bajo la mesa, ciertas revocatorias.

 

¿Qué han dicho desde la oposición? El precandidato presidencial de la Coalición por la Esperanza, Juan Fernando Cristo, afirmó lo siguiente (El País – Cali): “nunca había visto que una ley estatutaria, que tiene unas mayorías especiales, unos requisitos especiales, un trámite especial de superioridad categoría a las leyes ordinarias, se pueda derogar mediante una ley ordinaria de presupuesto, que es de inferior categoría. Eso es groseramente inconstitucional”. Ya está implicando unos vicios de inconstitucionalidad, que, si bien se podrían fallar en la Corte Constitucional en un período posterior a las elecciones, dejaría una huella de desconfianza muy grave para la democracia colombiana; por el estilo de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Evo en Bolivia, Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos. Aunque no se vería directamente en la persona de Iván Duque, si podría dar paso a personajes no muy deseados en la democracia como María Fernanda Cabal, Alirio Herrera o Rafael Nieto en la derecha, y en la izquierda el ego de Gustavo Francisco Petro Urrego. Se vendrían unos extremismos a acabar con lo poco que queda de este país de Macondo y Gabo.

 

Sí, es cierto que durante el gobierno Santos quisieron derogar esta Ley de Garantías, y se criticó fuertemente dando al traste; pero también hay que tener los ojos puestos en el actual gobierno, cuyo proceder ha sido dudoso, para la muestra una Reforma Tributaria presentada a las malas por el Ministro de Hacienda de ese entonces, el nefasto Alberto Carrasquilla, lo que originó un estallido social de dimensiones incalculables, que aún se están padeciendo en estos tiempos de pandemia. No queda más que estar atentos a cualquier accionar de “Construyendo País”, ya que destruye más de la cuenta, incluyendo las garantías de la democracia, tal como lo consagra la Constitución Política de 1991, vigente hoy. Así mismo, se debe convocar al pueblo a que se manifieste masivamente en las urnas, para evitar los extremos de izquierda y derecha, que no piensan en nadie, sino en sus egos; que se cumpla el Acuerdo de Paz para que la prosperidad en Colombia sea estable y duradera; que no se regrese a una espiral de violencia que azotó al país durante más de cincuenta años, sin causa justa; que los derechos de la gente sean cumplidos y respetados en su totalidad.

EL FRÁGIL

 

Se sabía que un Gobierno del Centro Democrático le iba a meter zancadillas al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado Colombiano (en cabeza de Juan Manuel Santos) y la antigua guerrilla de las Farc (hoy partido de los Comunes, en cabeza de Rodrigo Londoño); desde el inicio de diálogos en noviembre de 2012 le declararon guerra a muerte a lo que se venía desarrollando en La Habana, prometieron destruir todo para las elecciones de 2014, pero no lo lograron, que llegaría la ideología de género  con lo que pírricamente ganó el NO en el referendo del 2 de octubre de 2016, pero cuando se les consultó que se debería cambiar, salieron con un chorro de babas entonces al 24 de noviembre siguiente ya hubo un documento firmado en Bogotá, la Paz tenía un chance de florecer en Colombia. El 17 de junio de 2018, Iván Duque ganó las elecciones en segunda vuelta porque su contendor (Gustavo Petro) no pudo convencer de que apoyaba realmente el Acuerdo de Paz (y así pretende hacer campaña el año entrante), aunque en su discurso de posesión estuvo muy prudente, la verdad es que se ha empeñado más en quedar bien ante su patrón (Álvaro Uribe Vélez) que en esforzarse por hacer lo mejor para el país (Acuerdo de Paz).

 

Y como si no hubiese pasado nada, en un país donde aún no hay paz ni legalidad (Centros Poblados y derogación de Ley de Garantías), el Presidente Duque (Uribe en cuerpo ajeno), se ha empeñado en defender su mediocre gestión, incluso, con un discurso cínico y mentiroso, en la pasada Asamblea de Naciones Unidas, donde manifestó lo siguiente (El Tiempo): “El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las Farc tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU”. Quedó muy mal frente a la principal entidad mundial que ha apoyado incondicionalmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que dio a entender que luchará por volverlo trizas hasta el último instante de su mandato (desgobierno), como lo quiere su movimiento político, un tal Centro Democrático. Y cuando alguien le va a reclamar por eso, sale con el cuento de que su tocayo de apellido Márquez (Jefe de la Nueva Marquetalia) se encuentra haciendo de las suyas en Venezuela, junto con el Paisa y Romaña, pero se le olvida algo que hace del Acuerdo un poco más fuerte.

 

¿Qué es? Más de 13 mil exguerrilleros y hoy reinsertados a la sociedad, se encuentran apoyando al mismo, trabajando en proyectos productivos en las ETCR´s. Se le olvida en buen trabajo que ha venido desempeñando el Alto Consejero para la Reincorporación, Emilio Archila, cuyos frutos se ven, cinco años después del “Habemus Acuerdo”. Ya entregaron todas sus armas y han cumplido su promesa de no volver a la guerra jamás, pese a que han sido objeto de amenazas y crímenes por parte de irracionales que prefieren la guerra como un negocio (de eso si que saben en el fhüribismo). Que las disidencias se encuentren aliadas con el narcotráfico, y en peleas contra los elenos, paracos y demás pestes de la ilegalidad; no desvirtúa lo que se ha avanzado en materia de paz y progreso hasta el presente, ojo Duque, no puede regresar a la guerra total, porque al primero que echarían sería a usted, así que mejor tómese un poquito de valeriana antes de hablar por hablar. Pero también se debe reflexionar en las brutalidades que se han hecho por querer congraciarse ante su patrón, con miras a seguir dando guerra, para favorecerse.

 

Primero, la objeción irresponsable y falta de argumentos contra la Ley Estatutaria que le da vida a la Justicia Especial Para la Paz (JEP), objeto de ataques vulgares de miembros de este gobierno (desgobierno); pero que se cayeron en la Corte Constitucional, y esta entidad, pese a tener todo tipo de problemas y limitaciones, sigue su trabajo con tal de esclarecer el Conflicto Interno que hubo. Segundo, permanecer indiferente ante el nulo avance en el Punto de Tierras. Tercero, envenenar lo relacionado a la Sustitución de Cultivos Ilícitos con Glifosato de una extraña marca, para regresar a un errado enfoque de la Guerra contra el Narcotráfico, propia de las mentes mojigatas. Cuarta, su oposición a la prórroga del funcionamiento de la Comisión de la Verdad, cuyo veredicto final se deberá conocer en la máxima instancia judicial del país. Y último, la negativa a darle mayor protección a Líderes Sociales en las regiones más apartadas del país, lo que ha contribuido al aumento de la criminalidad contra los mismos, empezando porque usted, Iván Duque y su equipo de gobierno, no se han querido comprometer con acciones sencillas como defender a capa y espada el Acuerdo de Escazú, una de las mejores estrategias para este fin. Conclusión, el frágil no es el acuerdo, sino su gobierno, que tambalea, Señor Presidente.