EL NUDO DE LA SÉPTIMA

La otrora calle real, hoy en día carrera séptima, o también carretera central del norte, es una de las vías más representativas de Bogotá DC, no solo por la conexión de las principales localidades, también por el enorme problema de movilidad que tiene; es unos de los símbolos más famosos de congestión vehicular en toda Latinoamérica, sin que sus autoridades locales hayan podido hacer cosa mayor para solucionar. Transitar por la misma, salvo en días de ciclovía, se convierte en toda una prueba de paciencia para la humanidad, no solo por la cantidad de trancones, sino por el ruido y la contaminación. Incluso, durante varios años funcionó un absurdo contraflujo para favorecer solamente a quienes viven en los barrios más pudientes del norte de la capital, mientras que los del sur se tenían que rebuscársela como sea, porque ni la carrera once ni mucho menos, la carrera 13, son alternativas confiables. Durante la Alcaldía Petro se propuso un sistema de tranvía por esta calle, pero que no tuvo mayor apoyo, ya que no representaba mayor solución, ni el Transmilenio de Kike Peñalosa. Ahora Claudia López presenta su Corredor Verde, que en principio tiene cosas interesantes, pero que también deja muchas dudas.

 

Claudia define al Corredor Verde (El Tiempo) así: "es un sueño de ciudad y de 50.000 ciudadanos que nos dieron ideas para su diseño: una nueva carrera Séptima, arborizada, segura, con plazoletas, alamedas, espacio para peatones, bicis, con transporte 100 por ciento limpio. En 2025 nos vemos para estrenarla". Hace rato se pasó por la cifra de 50 mil ciudadanos, pueden ser más de 100 mil, ya que comprende las localidades de Candelaria, Santafé, Chapinero y Usaquén; las más influyentes en el modo de vida de la Atenas Suramericana. Y sumándole el hecho de que el sector de la ciclovía por la séptima es el más usado por los habitantes de la Selva de Cemento para ejercicio y esparcimiento los domingos y algunos festivos, hacen de esta vía vital para la ciudad. De ahí que se sugiera de la manera más atenta y cordial que antes de ponerse a trabajar en físico sobre este corredor, se piense muy bien en lo que se va a hacer, porque lo angosto de la séptima hace que no se puedan hacer mayores diseños ni mayores obras sobre la misma; de que aún sigue siendo el lugar favorito de residencia para muchos habitantes de todos los estratos, por las opciones de transporte y también por la excelente oferta en tarifas de servicios públicos.

 

El Director del IDU (El Tiempo), Diego Sánchez, manifestó lo siguiente: “No se están dando las situaciones que generaron en ese momento las demandas de acción popular. No se están vulnerando los derechos de nadie, no estamos alterando bienes patrimoniales, como ocurrió con el parque Nacional y algunos edificios de (la vía a) La Calera. En este caso lo que se ha hecho es reconocerles a los ciudadanos la oportunidad de participar. Si en algún momento algún ciudadano siente que no y presenta una demanda, tendremos todas las formas de demostrar ante cualquier juez de que lo que se ha hecho es un ejercicio de participación incidente intenso, como nunca se ha hecho en un proyecto de infraestructura en Bogotá”. Se refiere a la suspensión del proyecto de Transmilenio por la séptima en 2019, durante la Alcaldía de Kike Peñalosa, pero se le sugiere a Sánchez que piense muy bien en hacer algo, porque este Corredor Verde incluye el Transmilenio, y le podrían aplicar la misma suspensión, ni al perro ni al gato lo pueden capar dos veces. No se expongan a un ridículo mayor por una simple terquedad, la séptima por su característica geológica no resiste un medio de transporte a nivel; hubiera sido el lugar ideal para un Metro Subterráneo (le faltó ingenio a Gustavo Petro durante su Administración).

 

La otrora calle real, hoy en día carrera séptima, o también carretera central del norte, es una de las vías más representativas de Bogotá DC, no solo por la conexión de las principales localidades, también por el enorme problema de movilidad que tiene; es unos de los símbolos más famosos de congestión vehicular en toda Latinoamérica, sin que sus autoridades locales hayan podido hacer cosa mayor para solucionar. Transitar por la misma, salvo en días de ciclovía, se convierte en toda una prueba de paciencia para la humanidad, no solo por la cantidad de trancones, sino por el ruido y la contaminación. Incluso, durante varios años funcionó un absurdo contraflujo para favorecer solamente a quienes viven en los barrios más pudientes del norte de la capital, mientras que los del sur se tenían que rebuscársela como sea, porque ni la carrera once ni mucho menos, la carrera 13, son alternativas confiables. Durante la Alcaldía Petro se propuso un sistema de tranvía por esta calle, pero que no tuvo mayor apoyo, ya que no representaba mayor solución, ni el Transmilenio de Kike Peñalosa. Ahora Claudia López presenta su Corredor Verde, que en principio tiene cosas interesantes, pero que también deja muchas dudas.

 

Claudia define al Corredor Verde (El Tiempo) así: "es un sueño de ciudad y de 50.000 ciudadanos que nos dieron ideas para su diseño: una nueva carrera Séptima, arborizada, segura, con plazoletas, alamedas, espacio para peatones, bicis, con transporte 100 por ciento limpio. En 2025 nos vemos para estrenarla". Hace rato se pasó por la cifra de 50 mil ciudadanos, pueden ser más de 100 mil, ya que comprende las localidades de Candelaria, Santafé, Chapinero y Usaquén; las más influyentes en el modo de vida de la Atenas Suramericana. Y sumándole el hecho de que el sector de la ciclovía por la séptima es el más usado por los habitantes de la Selva de Cemento para ejercicio y esparcimiento los domingos y algunos festivos, hacen de esta vía vital para la ciudad. De ahí que se sugiera de la manera más atenta y cordial que antes de ponerse a trabajar en físico sobre este corredor, se piense muy bien en lo que se va a hacer, porque lo angosto de la séptima hace que no se puedan hacer mayores diseños ni mayores obras sobre la misma; de que aún sigue siendo el lugar favorito de residencia para muchos habitantes de todos los estratos, por las opciones de transporte y también por la excelente oferta en tarifas de servicios públicos.

 

El Director del IDU (El Tiempo), Diego Sánchez, manifestó lo siguiente: “No se están dando las situaciones que generaron en ese momento las demandas de acción popular. No se están vulnerando los derechos de nadie, no estamos alterando bienes patrimoniales, como ocurrió con el parque Nacional y algunos edificios de (la vía a) La Calera. En este caso lo que se ha hecho es reconocerles a los ciudadanos la oportunidad de participar. Si en algún momento algún ciudadano siente que no y presenta una demanda, tendremos todas las formas de demostrar ante cualquier juez de que lo que se ha hecho es un ejercicio de participación incidente intenso, como nunca se ha hecho en un proyecto de infraestructura en Bogotá”. Se refiere a la suspensión del proyecto de Transmilenio por la séptima en 2019, durante la Alcaldía de Kike Peñalosa, pero se le sugiere a Sánchez que piense muy bien en hacer algo, porque este Corredor Verde incluye el Transmilenio, y le podrían aplicar la misma suspensión, ni al perro ni al gato lo pueden capar dos veces. No se expongan a un ridículo mayor por una simple terquedad, la séptima por su característica geológica no resiste un medio de transporte a nivel; hubiera sido el lugar ideal para un Metro Subterráneo (le faltó ingenio a Gustavo Petro durante su Administración).

 

Lo más triste del caso es que el Corredor Verde incluye una característica que se podría convertir en un Suicidio Antiambiental para toda la Capital de Colombia; un solo carril (para Transmilenio) en sentido norte – sur, entre las calles 92 y 28. No se han dado cuenta de todos los efectos negativos que trajo el famoso contraflujo que estuvo durante más de 30 años, y que podrían ser similares o peores con esta característica. Se vendría la declive por contaminación sonora sobre las carreras 11 y 13, que de por sí, ya tienen problemas en este sentido, sin que se hayan hecho mayores soluciones. Y si dejan la restricción en sentido norte – sur, ¿qué pasará con la ciclovía? Lo más probable es que tendrían que trasladarla para otra zona, perjudicando a quienes la disfrutan (como el autor de la presente columna). Ni hablar de la desvalorización de propiedades inmobiliarias sobre las carreras 11 y 13, dado que nadie quisiera vivir allá en una problemática de ruido, que se podría volver irreversible. La séptima necesita alamedas y miradores que mejoren el panorama ambiental, pero de ahí a poner una hecatombe de movilidad y ruido en otras zonas, no. Hay que pensarlo bien.

DIÁLOGOS CON ELENOS

 

Una vez más se sienta a dialogar el Estado Colombiano (Gobierno Petro) con la guerrilla dogmática y fregada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de corte maoísta y sectario. Muchos dicen que es más difícil tratar a los elenos que a los otroras farcos, dado que tienen un método de demostrar su “política” de una manera más radical, basta con mirar las justificaciones que hacía uno de sus máximos líderes en vida, el españolete “Cura Manuel Pérez” sobre la voladura constante del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Pero como dicen por ahí, de la perseverancia algo quedará, se mira con algo de esperanza la retoma de este posible acuerdo de paz, luego de que quedara suspendido a raíz del carro bomba contra la Escuela General de Policía “General Santander” el pasado 17 de enero de 2019, sumándole el hecho de que el Gobierno (Desgobierno) de Iván Duque, no quiso buscar mayor chance para la Paz en Colombia; incluso, se rumora de que se firmaría un Cese Bilateral del Fuego entre esta guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos en agosto de 2018, pero Angelino Garzón, a nombre del recién electo gobierno de Iván Duque en ese entonces, se le atravesó a esta posibilidad. Es que aún la guerra es un negocio para las extremas izquierda y derecha.

 

En días pasados ya se instaló la Mesa de Diálogos en Caracas (Venezuela, un país cuya clase política, tanto chavista como opositora no es de confiar), con la presencia del Alto Comisionado para la Paz (Danilo Rueda) como el Jefe Militar Eleno alias “Antonio García”. Ya varios países como Cuba, Noruega, México y Chile han aceptado tener un papel importante, bien sea como acompañantes o como garantes. Han llegado personajes de la sociedad colombiana a la mesa, como el Polémico y Fhüribista José Félix Lafaurie, quien se ha manifestado a favor de volver trizas el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las Farc, también esposo de la Senadora Guerrerista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal (quien no está de acuerdo con la decisión de Lafaurie, aunque lo dejará ir a Caracas); muchos dicen que es bueno que más sectores entren a los diálogos, pero deja un aire de preocupación de que el Gobierno Petro no esté apoyando decididamente la implementación del Acuerdo de Paz Vigente (¿el fhüribismo estará ilusionado con que se vuelva trizas?). Por todo eso, hay que estar vigilantes de como se desarrollen los mismos y los resultados que emitan.

 

También es cierto que los elenos durante la falsa paz con legalidad del gobierno (desgobierno) de Uribe en Cuerpo Ajeno (Ivanchis Duque), triplicaron en cantidad su cantidad de miembros en tropa, así como intensificaron sus acciones, a punto de que son respetados por ciertos miembros del Gobierno Tirando de Nicolás Maduro, que tienen rodeadas a las disidencias de las Farc (sin desconocer que aún tienen un poder peligroso), que pueden hacer paros armados en ciertas zonas del país, con consecuencias nefastas para la población; de ahí la importancia de buscar el diálogo para amainar por lo menos, esta situación. Otro factor para tener en cuenta con los elenos es que los frentes son más autónomos, por consiguiente, un cese de fuego con ellos es más complicado, ya que a un jefe de frente le puede gustar la idea, pero a otro no, y su dirigencia mayor no pueden y no quieren hacer mayor cosa frente a este problema. Y nada de raro fuese que llegase el final del Gobierno Petro en agosto de 2026 sin que se haya logrado mayores avances en la materia, aunque llevan la ventaja de retomar lo positivo que se ha dejado en los intentos anteriores, para ver si se puede llegar a unos mínimos, y convencer a los opositores a la paz, que es mejor que la guerra.

 

Alias “Pablo Beltrán”, al instalarse la mesa, pronunció las siguientes palabras (Euronews): "Esta mesa debe ser, y apuntamos a que sea, un instrumento de cambio, de esa ola de cambios que pide la sociedad colombiana, y esperamos no fallar a esa expectativa". Frases similares y con las mismas palabras se han escuchado en ocasiones anteriores, incluso en Quito (Ecuador), La Habana (Cuba) y Maguncia (Alemania), sin que se vean hechos de voluntad reales. Es por lo anterior que hoy se exigen resultados inmediatos a estos diálogos, ya que es la mayor apuesta del país hoy en día, ya que se no se resiste más este conflicto colombiano, ni el Gobierno Petro puede pretender que le den un Premio Nobel de Paz. Importante la presencia de la Organización de las Naciones Unidas, ya que pueden ser el máximo garante de que todo se esté realizando con la verdad y la honestidad, de ambas partes, para un reto mayor. Si bien es mejor soñar con la posibilidad de Paz Total algún día, también es cierto que cierta soberbia de los integrantes del Gobierno Petro, hacen que se tema en otro fracaso y la paz siga siendo un sueño, “y los sueños, sueños son”. De ahí a que hay que estar vigilantes con todos los sentidos.

CONEJERA A GORGONA

 

Cuando un gobierno se hace elegir a nombre del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, es una propuesta interesante. Pero todo cambia cuando no se ve aplicación de dicha propuesta, aduciendo que como son una nueva fuerza en el poder, pueden hacer los mismos que los partidos tradicionales, se convierte en toda una Conejera (miren el caso de la Bogotá Humana, con Gustavo Petro de Alcalde y Susana Muhamad como Secretaria de Ambiente, frente al Humedal la Conejera); y todo parece indicar que lo aplicarán contra el Parque Nacional Natural “Isla de Gorgona”, toda una maravilla natural, aduciendo que se necesita una base militar allá. Es cierto que las extintas guerrillas de las Farc atacaron la isla en plena etapa de diálogos de paz en La Habana (Cuba), de ahí que se hizo más fuerte el rumor de imponer una Base Militar, pero no se ha tenido en cuenta los posibles efectos ambientales en la zona (incluso, algunos ya se podrían calificar de irreversibles). Ese cuentico del Nuevo Gobierno de que pueden hacer lo que quieran, incluso emular la nefasta Seguridad Democrática, so pretexto de nuevas ideologías, no se puede admitir, deben gobernar con la Constitución en la mano, y no con la arrogancia y prepotencia que prevalece en la mayoría de los miembros de la Casa de Nariño.

 

El principal argumento para este absurdo es que, en el mes de diciembre del año 2015, se otorgó la Licencia Ambiental a este “proyecto” por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tras solo 29 días de haberse hecho la solicitud correspondiente, bajo el número 1730. Desde entonces varios expertos en la materia, han hecho diferentes críticas y solicitudes de reversión de dicha decisión, argumentando deficiencias en la misma, así como los posibles efectos negativos que podría traer. Estos impactos negativos podrían afectar los arrecifes coralinos, litorales rocosos, especies marinas de fauna y flora (algunas, únicas en el mundo), y, sobre todo, Gorgona es una isla de pequeña extensión, lo que implicaría que cualquier trabajo material hecho allá, tendría unas afectaciones irreversibles en el paisaje de la zona. Ha habido miembros de las FFAA y la Policía Nacional que han defendido este proyecto, como el Comandante de Guardacostas del Pacífico, Capitán de Navío Javier Bermúdez (El Tiempo): “Podemos decir que esa licencia ambiental entregada por la Anla nos permite tener la tranquilidad de que cumplimos con todas las exigencias”. Que equivocación tan inmensa se tiene en materia ambiental.

 

En contraposición se encuentra el Científico Alan Giraldo, quien manifestó lo siguiente al mismo diario (El Tiempo): “En su momento cuando esto surgió los que tuvimos la oportunidad de mirar la documentación de soporte identificamos debilidades en la gestión del ejercicio de la licencia ambiental, que se pusieron de manifiesto y que hicieron que postergara durante tantos años la implementación de la obra”. La Isla de Gorgona es considerado un Parque Nacional Natural, y que, si durante varios años se ha aplazado la construcción de la nefasta Base Militar, es porque aún no se tienen los suficientes argumentos y datos para analizar todos los impactos positivos que tendría, frente a los impactos negativos que seguro habría si se pone en marcha este proyecto. Y más aún, en tiempos en que ya se está buscando la Paz Total, y que el país viva en armonía con su Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, unos de los más biodiversos del mundo, no se requeriría realizar un proyecto de índole militar y que ya se está tratando de pasar la etapa del conflicto colombiano. Pero si decepciona el silencio total del gobierno que prometió el cambio, y que quiere evadir el compromiso adquirido con 11.3 millones de votantes que lo eligieron el pasado 19 de junio.

 

En estos días se presentó una interesante columna del Dirigente Político, Jorge Enrique Robledo (Más Colombia), donde se puede leer lo siguiente: “¿Cómo explicar que este crimen como de película de terror se esté ejecutando en Colombia, no obstante, el rechazo de la comunidad académica, entre ellas, el Consejo Nacional Científico asesor del parque natural Gorgona y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales? Fácil. Porque la base de la Armada Nacional, con sus tropas, su muelle y sus barcos, más lo que se les ocurra montar, son para protegerle un radar a las fuerzas armadas de Estados Unidos, país que financia este golpe al patrimonio natural y medioambiental de Colombia y nuestra soberanía nacional”. Pero como Robledo no es de las simpatías del Petro, Francia y su Pacto Histórico, entonces no lo escucharán. Pero hay un detalle que vale la pena; expertos en la materia como Manuel Rodríguez, Julia Miranda, Andrés Hurtado y demás, se han manifestado de forma similar, y si quiere más, indague porque los Gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, no hicieron mayor caso a este desagradable proyecto. Si quiere amar al Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible, entierre en el olvido este adefesio, señor Presidente.

DECRETO REEMPLAZANTE

 

Si existe algo que genere más polémica negativa es el glifosato, que muchos han considerado como la principal solución al problema del narcotráfico, cuando en realidad ha sido solo una caricia para los “cultivos ilícitos” y el motivo de sectarismo para cierta dirigencia de la ultraderecha religiosa. Desde la llegada del otrora venenoso paraquat en los ochentas hasta su reemplazo con el glifosato, se ha librado una absurda guerra armada contra este flagelo, sin que se vean mayores resultados a la vista, ni siquiera con la captura y/o neutralización de los grandes capos. Y no solo se queda en Colombia (abandonada a su suerte por el mundo entero), en México la captura y extradición del Chapo Guzmán no ha hecho mayor huella en el fenómeno del narcotráfico, al cual se le está sumando de forma exponencial, la producción y comercialización de drogas sintéticas; Afganistán, uno de los países más pobres y aislados del mundo, se encuentra inmerso entre el fanatismo religioso (que solo ha provocado muerte y dolor), así como grandes cultivos de amapola; y en China y EEUU por más severidad en los castigos a quienes se benefician de este comercio ilegal, el consumo de drogas sigue creciendo, sin que se pueda hacer mayor cosa. Por eso, debe replantearse a nivel mundial este tema.

 

Regresando a la presente columna, en 2021 el Gobierno (Desgobierno) de Iván Duque, en su torpe afán de mostrar algún resultado en su fallida estrategia contra el narcotráfico (incluyendo el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y la antigua guerrilla de las Farc), lanzó un decreto para volver a imponer el Glifosato, el cual decía lo siguiente: “Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones” (Decreto 380 de 2021). Lo anterior, con base en la eliminación de este químico nocivo en la fauna, flora y humanidad ya comprobados, que se hizo durante el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2015. Pero como era el gobierno (desgobierno) del Centro Democrático y le declararon guerra a muerte al Premio Nobel de Paz, se propusieron imponer de nuevo este veneno, con los absurdos argumentos de que se podían tomar varios vasos del químico sin que les pasara algo (léase la ExVicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ExMinistro de Defensa, Guillermo Botero).

 

La Corte Constitucional les dijo que se podría usar el líquido, como está contemplado en el PNISS, uno de los pilares del Acuerdo de Paz, entre los cuales se descarta casi en su totalidad, la aspersión aérea; se podría reemplazar con la sustitución voluntaria o en ciertos casos, con la erradicación manual. Lamentablemente, la idea de la guerra como un negocio ha hecho una huella grande en el Uribismo, y un gobierno torpe de una falsa “Paz con Seguridad”, que tuvo el cinismo de recurrir y comprar un lote grande de glifosato chino que nadie conoce, se quedó sordo y quieto frente al aumento (no solo en cultivos ilícitos), sino en la producción de cocaína de mayor calidad. El aumento del 43% registrado en el 2021 (según la ONU), hizo que buena parte del país estuviese nadando en medio de la coca, con el aumento de niveles de violencia (ya que, para ese desgobierno, el Acuerdo de Paz era una perdedera de tiempo), y creen que con el argumento de que los vicios no pueden llegar a los niños (cuando la realidad demuestra que esto ya se dio tristemente), se debe hacer una lucha armada contra un fenómeno, que debe tratarse desde la salud.

 

Pero en los últimos días, en pleno gobierno de Gustavo Petro, de muchos anuncios y pocos hechos, ha crecido fuertemente el rumor de que se prepara un “Nuevo Decreto”, que no solo eliminaría el uso de esta pócima peligrosa para enfrentar el problema del narcotráfico, sino que daría un nuevo enfoque hacia la estrategia para enfrentar este flagelo, ojalá con pasos hacia la legalización y control de los cultivos ilícitos, anotando que la eliminación del glifosato se refiere a la aspersión aérea, que no ha servido mucho. Habría ya un borrador del mismo, donde se podría leer el siguiente párrafo (Confidencial Colombia). “La decisión de no hacer uso de este mecanismo de erradicación se fundamenta en la prevalencia de los derechos fundamentales y de los Derechos Humanos”. Suena muy bien y prácticamente pondría en la palestra internacional la necesidad inmediata de cambiar el enfoque criminal por uno de sanidad, y a nivel internacional en esta pelea absurda y perdida. Como lo decía el Pacto Histórico en su llegada a la Casa de Nariño (Caracol Radio): “Que la posición actual del Gobierno nacional frente a la aspersión aérea ha cambiado y se decidió no hacer uso del herbicida glifosato en método de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, razón por la cual, los asuntos regulados por el Decreto 380 de 2021 pierden su objeto, y, por tanto, debe procederse a su derogatoria”. Es hora de aplicarlo, se necesita urgente.

OJO CLAUDIA

 

Es cierto que para que un país progrese, debe haber total armonía entre los gobiernos nacionales y locales, pero se requiere que se respeten los trabajos que se están llevando a cabo, se piense en la comunidad y no en intereses particulares, ni egos ni rabias personales. Por lo anterior, no se pueden permitir voces separatistas irresponsables ni rencores personales que den al traste con lo poco que se ha logrado y mucho menos, declararles la guerra absurda a administraciones locales. Hay compromisos, que independiente de estar de acuerdo o no con los mismos, se deben cumplir para evitarle un sinnúmero de problemas económicos y jurídicos al país y a las regiones; habrá diferencias si, pero no se puede admitir que las mismas conduzcan a un teléfono roto o una debacle en una región que más tarde se podría extender a toda la nación. Miren el ejemplo de Hidroituango, cuando el actual Gobierno Nacional estaba en campaña política, lo usó con propósitos políticos (para destruir una candidatura que no tenía al parecer, mayores chances de lograr algo), pero que al llegar a la Casa de Nariño, se ha dado cuenta de que la situación  no es para hacer oportunismos, sino que se debe mirar de una manera técnica, económica y responsable, así al Alcalde de Medellín le parezca escandaloso, ya la pelea entre el Gobierno Local y el Nacional se viene.

 

El caso de la presente columna se refiere a los últimos acontecimientos que han tensionado las relaciones entre la Administración Nacional de Gustavo Petro y la Distrital de Claudia López. Son dos temperamentos fuertes y polémicos que sin lugar a dudas han tenido, tienen y seguirán teniendo diferencias que pueden generar una gran polémica, dado el carácter de ambas personas. Puede que todo se haya iniciado porque cuando Petro fue Alcalde y le llegó la destitución por parte del Inquisidor, perdón, Procurador en ese entonces, Alejandro Ordoñez, muchos líderes políticos y de opinión acompañaron al Ego de la Bogotá Humana (aunque del adjetivo tuvo muy poco), no estuvo presente Claudia. También dicen que en las lides petristas aún no se acepta a las personas de la comunidad LGBTIQ, como en el caso de la actual Alcaldesa. También es un hecho definitivo que la Alianza Verde (movimiento al que pertenece Claudia) apoyó a Sergio Fajardo en su aspiración presidencial de 2018, que hubo muchos desencuentros cuando la pandemia, incluso, se rumora, un posible apoyo a una revocatoria fallida contra la Alcaldesa.

 

Pero hay dos hechos notables que le han dado pantalla a estas diferencias, que es lógico tenerlas, pero que se deben llevar con calma, y evitar problemas para el país, y garantizar el buen funcionamiento de las administraciones, sobre todo garantizar el trabajo de las locales. Empezando por la Bogotá Región Metropolitana, un proyecto que pese a ser Ley Nacional desde hace muchos años, ha tenido problemas para su discusión, aprobación y puesta en marcha, donde se darían más herramientas de trabajo para proyectos que favorecerían no solo a Bogotá Distrito Capital, sino al Departamento de Cundinamarca (donde la izquierda no ha podido llegar con suficiente capital electoral, de ahí puede ser cierta animadversión, ¿cierto concejal José Cuesta?). En plena discusión en el Cabildo Distrital, donde hubo más recusaciones que argumentos, llegó una carta de la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad (antigua Concejal de Bogotá), quien manifestó su oposición al proyecto bajo unos extraños argumentos de consultas populares, así como unas posibles intromisiones de tierreros (que aún la justicia está estudiando), que se aumentaría la carga tributaria al Distrito. Pero le salió mal porque este Proyecto de Acuerdo ya fue aprobado en el ente legislativo de Bogotá y en la Asamblea de Cundinamarca, ahora el turno es para los municipios circunvecinos.

 

La otra polémica gira alrededor del Metro de Bogotá, que lleva casi 70 años de estudios y solo uno de construcción. Cuando Gustavo Petro fue Alcalde, supuestamente propuso un metro subterráneo (dicen que con estudios y planos), recibió el cheque del Gobierno Nacional (Juan Manuel Santos) para su desarrollo, pero se quedó dormido, no volvió a decir nada del mismo, dándole el papayazo a Enrique Peñalosa para que lo mandase al carajo y propusiese el metro elevado, que en planos da susto, porque parece tapar la luz del día a varias edificaciones aledañas. Pero tuvo el suficiente apoyo legal para imponerse y hacer que Claudia como Alcaldesa lo tuviese que firmar y empezar a construir. En una reunión con el Consorcio Chino encargado del proyecto, el Presidente Petro propuso hacer unos ajustes para hacerlo subterráneo por la Avenida Caracas; dicen que habrá una respuesta definitiva el próximo ocho de enero del año entrante, pero ya se vendría una negativa del consorcio, por todas las implicaciones legales y económicas que tendrá, además de que ya a la gente no le importa si el metro es subterráneo, elevado, aéreo o marítimo, sino que empiece a funcionar en el menor tiempo posible. Por lo anterior, hay que decir “Ojo Claudia”, cualquier reunión o documento de acuerdo con el Gobierno Petro, hay que tenerlo presente para que no haya más contravenciones.

LEY ESCAZÚ

 

Después de muchas idas y vueltas, de polémicas absurdas, de la indiferencia del desgobierno anterior y otras menudencias, por fin se le dio el trámite legislativo, y la correspondiente promulgación a la Ley que ratifica la adhesión de Colombia al Tratado de Escazú, eso sí, aún está pendiente el examen ante la Corte Constitucional, donde también seguirá el debate. Como se puede leer en el sitio web de la Cancillería, las palabras del Presidente Gustavo Petro al firmar el documento, fueron las siguientes: “Hemos firmado el tratado internacional, que se convierte en Ley de la República, de Escazú (…) y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano y ciudadana de Colombia acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta ley, para cualquier persona”. Este hecho, que vale la pena ser destacado, ya que en el Estado Colombiano no ha sido mayor prioridad el respeto hacia el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, la aplicación de este elemento será de fundamental importancia para que se den mayores pasos hacia el equilibrio necesario entre el Progreso y la Naturaleza, así como el respeto hacia los Líderes Sociales y Ambientales.

 

¿Qué se entiende por el Tratado de Escazú? Es un documento de entendimiento firmado por varios estados latinoamericanos, cuyos representantes se reunieron en la población costarricense de Escazú para tratar temas sobre el manejo de la Biodiversidad regional, como hacerla respetar sin impedir el desarrollo necesario para la sobrevivencia de los países, el acceso a la información para las comunidades, y el respeto hacia los liderazgos en la correspondiente materia. La mayoría de los países suscribientes del mismo ya lo han firmado y puesto en marcha, y Colombia se había quedado rezagada desde 2018, ya que era sabido que en un gobierno uribista, la fauna y la flora no sería considerados asuntos de interés nacional, y los liderazgos sociales eran considerados infiltradores del comunismo (según el Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe e Iván Duque); es  más, un ExPresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, mantuvo engavetado el proyecto durante más de un año, ya que no era de la simpatía de su movimiento político (Partido Conservador), y entre ciertos dirigentes de derecha, se entendía que el tratado era una afrenta hacia el Desarrollo Industrial, lo cual es totalmente falso y salido de los cabellos. Pero en este inicio de legislatura, se le dio un trámite rápido y sin mayores traumatismos.

 

Pero no deja de sorprender que casi un mes de que se surtiese los pasos en el congreso, el Gobierno se hubiera demorado tanto en promulgar la ley,  no se sabe si por cálculos políticos o por desorden administrativo, de todas maneras, es un detalle que deja mucho que desear, por cuanto la urgencia de esta ratificación era manifiesta desde hace rato, y es imperdonable de que un gobierno alternativo que se hizo elegir con promesas ambientales, hubiese demorado casi un mes en firmar esta ley; ahora, queda el examen Constitucional, donde se supone que no habrían mayores inconvenientes, si llegarán las voces de los opositores con sus correspondientes reparos. Falta ver que la Reforma Tributaria no se le atraviese a la Ley Escazú, porque como van las cosas, lo pondrían a financiar la carga de impuestos que debería corresponder a todas esas iglesias llenas de billetes. Pero regresando a la seriedad del tema, un buen punto para aplicar, sería la protección de la Amazonía, que se debe hacer en conjunto con los demás países con territorios e intereses en dicha cuenca, varios de los cuales firmaron el Tratado de Escazú, y asistieron a la COPP27 en Egipto, donde si bien no hubo mayores resultados, por lo menos Colombia cedió en el aislamiento que la tuvo la Economía Naranja.

 

¿Prioridades del Tratado de Escazú en el país? la más urgente y necesaria de analizar y poner en marcha es la protección de Líderes Sociales y Ambientales, a quienes lamentablemente siguen asesinando, ojo Presidente Petro y Vicepresidenta Márquez, no es un asunto menor. La deforestación sigue haciendo de las suyas, con la participación de ciertos sectores de la minería, la agricultura y la ganadería, en su mayoría de origen ilegal, con ciertos nexos con políticos de extrema ideología, a quienes solo les interesa llenar sus bolsillos a como dé lugar. Y el acceso a la información sobre proyectos a desarrollar y sus impactos ambientales y sociales, debe ser total, no importa sus afinidades ideológicas y económicas, la comunidad debe enterarse de lo que podría pasar en sus zonas de habitación si llegan los proyectos que aparentemente traerían progreso, no se puedan quedar ciegas, sordas y mudas, ni ignorar donde estarían los posibles ladrones. La aplicación de este tratado debe hacerse de la manera correcta, como mandan los lineamientos éticos, no con fines electorales, sino con fines de beneficio para la Comunidad, el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

EL CRECIMIENTO INCÓMODO

 

Sin lugar a dudas, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso mundial, y para Colombia es un karma que la hiere con una marca que no cicatriza, se han puesto los muertos y la destrucción del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, sin recibir ningún beneficio. Ni la extradición de grandes capos de la droga, ni la destrucción de pistas clandestinas ni el allanamiento de laboratorios para la producción de alcaloides han sido paliativos para el estigma que se ha creado alrededor de Colombia (El Proveedor de Narcóticos), algo que en ciertos países de la región lo han aprovechado para atraer más inversión extranjera. El dos de diciembre de 1993, cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria caía abatido en un techo de una casa en Medellín, todos pensaron que el narcotráfico se iría de una vez por todas, craso error, luego vino el Cartel de Cali y si bien sus grandes miembros fueron extraditados el problema siguió, ni dando de baja al “Mono Jojoy” y “El Paisa” de las antiguas guerrillas de las Farc, este fenómeno se ha podido detener. Los carteles mexicanos han hecho alianzas con bandas criminales en Colombia, el Cartel de los Soles y ya no solo se concentran en la cocaína, ahora tienen el fentanilo, de origen sintético.

 

Regresando al tema de la presente columna, en días pasados un informe del SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos para la ONU), dio una cifra aterradora para el país (UNODC): “El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta un incremento del 43 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 143.000 hectáreas (ha) en 2020 a 204.000 ha en 2021. La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014”.  Mejor lo hubiese dicho el ExProcurador y ExEmbajador Alejandro Ordóñez Maldonado: “estamos nadando en un Mar de Coca”. Pero lo más irónico es que la Mata de Coca no es la que mata, lo que mata es el comercio ilegal de la cocaína (dejando su nefasta huella en toda su cadena de producción, explotación, comercialización y consumo), y que, si bien a veces se ha disminuido el número de hectáreas cultivadas, la cocaína sigue siendo de alta calidad (según expertos) y Colombia acapara más del 80% de la producción mundial.

 

Mucho silencio ha guardado los miembros del Gobierno (desgobierno) anterior, ya que era un trabajo de ellos. El asco hacia el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las Farc, así como querer imponer el glifosato como un punto inflexible hicieron que el fracaso se notase; como dirían por ahí, la Economía Naranja favoreció esta ilegalidad. El ExPresidente Duque, quien ahora anda dirigiendo una entidad supuestamente ambiental, está calladito con el tema, puesto que este fracaso, así como la crisis de su Centro Democrático, hicieron que se metiesen en semejante enredo, y perjudicasen al país de una manera inmisericorde. Entre 2018 y 2022, tal vez lo único que hicieron en esta materia fue la captura y extradición de alias Otoniel, pero del resto, se quedaron pasivos esperando a que le dieran la bendición a ese veneno llamado glifosato, que supuestamente iban a importar de China (de un laboratorio que ni siquiera lo conocen allá). Esto debería servir de lección al país para empezar a hablar sobre la legalización de estos cultivos ilícitos, ya se han dado unos cuantos pasos con la marihuana, ahora deberá venir el debate con la mata de coca, y que no saquen la disculpa de que “no queremos ver drogadictos al lado de los centros escolares, y que se debe recurrir a la Virgen de Chiquinquirá, según Uribe”.

 

Tremendo reto se le viene para el gobierno de Gustavo Petro, quien afortunadamente ha puesto sobre la mesa el debate de cambiar el enfoque de represión y policivo por uno de medicina y preventivo a este flagelo del narcotráfico. Eso sí, deberá ser cuidadoso y muy efectivo en las acciones que vaya a tomar, porque hablar de legalización (en lo que se está de acuerdo) produce urticaria en las grandes potencias mundiales; ya que aún sueñan con el Armagedón contra las cadenas de narcóticos para mostrar éxitos y tener réditos políticos, y continuar con el poder. Es hora de dar pequeños pero efectivos pasos en la legalización de estos cultivos de hoja de coca, ya que sería la mejor manera de controlar su producción (por lo menos permitir el cultivo de máximo 120 mil hectáreas para pequeños productores (campesinos, indígenas y afro, para uso medicinal, alimenticio y recreativo controlado)). Las aspersiones aéreas que se hicieron en tiempos pasados con glifosato solo se hacían para población vulnerable mientras que para grandes productores ilegales nada les pasaba; llegó el momento de empezar a trabajar para cambiar dicho chip, no se puede continuar perjudicando a los más pobres (lo mejor es el PNISS para favorecerlos) mientras que los hampones poderosos siguen en la impunidad.