ARROYO BRUNO

En estos tiempos donde las energías limpias, poco a poco, van ganando espacio frente a las energías fósiles (hidrocarburos y carbón), todavía se sigue manejando el concepto de que la producción de carbón debe imponerse sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ya que según este Gobierno (desgobierno) antiambientalista, se podrían generar unos supuestos ingresos por la posible exportación de este material a Europa, como una fuente de energía, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Este concepto errado se ha ido forjando desde hace varios años, y más concreto, en el departamento de la Guajira, donde se encuentra la mina de El Cerrejón, el complejo carbonífero a cielo abierto más grande del mundo, que no le ha dejado nada positivo a la región; solo desfalco, pobreza y problemas de inseguridad, sin que las voces de la comunidad hayan sido escuchadas lo suficiente, tan solo las de los politiqueros corruptos que se han llevado todas las regalías para hacer suntuosas fiestas de cinismo y grosería. Ni hablar de la vecina Mina de la Drummond en el Cesar, donde aún no se aclara totalmente la muerte de tres sindicalistas hace más de veinte años. Y lo más triste, quieren desviar cauces de cuerpos de agua sin consultar a la comunidad, ni evaluar realmente los posibles daños ambientales que se generarían, que incluso, podrían generar consecuencias irreversibles.

 

En la columna Carta Guajira Ambiental (01/07/2012), la Lideresa Ambiental y Social Vicenta Siosi, le escribió una carta al Presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, sobre la posible desviación del Río Ranchería para expansión de zona de trabajo de El Cerrejón, y que prometieron la construcción de un embalse en el Río Palomino. En la misiva, se puede leer el siguiente párrafo: “Anunciaron que los 500 millones de toneladas de carbón bajo el río generarían regalías. En 30 años de explotación del mineral, las regalías del departamento le han servido para nada. Los hospitales permanecen en paro y la educación ocupa el último lugar del país: según una investigación del Banco de la República el 50% de los niños wayuu padecen desnutrición. Este año informaron que la Guajira ostenta el más alto nivel de pobreza e indigencia en Colombia, con un 64%. Veo que las regalías no han ayudado en lo fundamental”. Mientras se proyectaba afectar el entorno ambiental, social y sostenible, no se tuvo en cuenta las opiniones de la comunidad sobre la necesidad de respetar la zona para su sustento.

 

Casi veinte años después, esta triste premonición tiene el camino despejado para su fatal llegada. En inmediaciones de la Serranía de Perijá, nace y corre tranquilamente el Arroyo Bruno, por una extensión de 21 kilómetros aproximadamente, para luego desembocar en el Río Ranchería, principal fuente hídrica de la península de la Guajira. Este arroyo ya había sido desviado por trabajos del Consorcio El Cerrejón, sin previo aviso a las comunidades circundantes, sino que, en el año 2017, ya la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-698/17, había ordenado a las autoridades y las empresas mineras, hacer una concertación satisfactoria de las necesidades con la comunidad para proceder a la desviación del cuerpo acuoso, objeto de la presente columna. ¿Qué pasó? Parece que dicha concertación no la hubo, o quedó a medias, trayendo nefastas consecuencias para la población aledaña; tanto así que hace unos días vino una Comisión de DDHH proveniente de Europa a certificar los problemas que se han ido generando. Para lo que encontraron, se remite a las palabras de Gary Cannon, del Comité de Asuntos Exteriores de Irlanda (El Espectador): “Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río que por generaciones les dio sustento a las comunidades que aquí habitan”. Con mucha tristeza, se añade el término “sin comentarios”.

 

En estos tiempos donde las energías limpias, poco a poco, van ganando espacio frente a las energías fósiles (hidrocarburos y carbón), todavía se sigue manejando el concepto de que la producción de carbón debe imponerse sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ya que según este Gobierno (desgobierno) antiambientalista, se podrían generar unos supuestos ingresos por la posible exportación de este material a Europa, como una fuente de energía, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Este concepto errado se ha ido forjando desde hace varios años, y más concreto, en el departamento de la Guajira, donde se encuentra la mina de El Cerrejón, el complejo carbonífero a cielo abierto más grande del mundo, que no le ha dejado nada positivo a la región; solo desfalco, pobreza y problemas de inseguridad, sin que las voces de la comunidad hayan sido escuchadas lo suficiente, tan solo las de los politiqueros corruptos que se han llevado todas las regalías para hacer suntuosas fiestas de cinismo y grosería. Ni hablar de la vecina Mina de la Drummond en el Cesar, donde aún no se aclara totalmente la muerte de tres sindicalistas hace más de veinte años. Y lo más triste, quieren desviar cauces de cuerpos de agua sin consultar a la comunidad, ni evaluar realmente los posibles daños ambientales que se generarían, que incluso, podrían generar consecuencias irreversibles.

 

En la columna Carta Guajira Ambiental (01/07/2012), la Lideresa Ambiental y Social Vicenta Siosi, le escribió una carta al Presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, sobre la posible desviación del Río Ranchería para expansión de zona de trabajo de El Cerrejón, y que prometieron la construcción de un embalse en el Río Palomino. En la misiva, se puede leer el siguiente párrafo: “Anunciaron que los 500 millones de toneladas de carbón bajo el río generarían regalías. En 30 años de explotación del mineral, las regalías del departamento le han servido para nada. Los hospitales permanecen en paro y la educación ocupa el último lugar del país: según una investigación del Banco de la República el 50% de los niños wayuu padecen desnutrición. Este año informaron que la Guajira ostenta el más alto nivel de pobreza e indigencia en Colombia, con un 64%. Veo que las regalías no han ayudado en lo fundamental”. Mientras se proyectaba afectar el entorno ambiental, social y sostenible, no se tuvo en cuenta las opiniones de la comunidad sobre la necesidad de respetar la zona para su sustento.

 

Casi veinte años después, esta triste premonición tiene el camino despejado para su fatal llegada. En inmediaciones de la Serranía de Perijá, nace y corre tranquilamente el Arroyo Bruno, por una extensión de 21 kilómetros aproximadamente, para luego desembocar en el Río Ranchería, principal fuente hídrica de la península de la Guajira. Este arroyo ya había sido desviado por trabajos del Consorcio El Cerrejón, sin previo aviso a las comunidades circundantes, sino que, en el año 2017, ya la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-698/17, había ordenado a las autoridades y las empresas mineras, hacer una concertación satisfactoria de las necesidades con la comunidad para proceder a la desviación del cuerpo acuoso, objeto de la presente columna. ¿Qué pasó? Parece que dicha concertación no la hubo, o quedó a medias, trayendo nefastas consecuencias para la población aledaña; tanto así que hace unos días vino una Comisión de DDHH proveniente de Europa a certificar los problemas que se han ido generando. Para lo que encontraron, se remite a las palabras de Gary Cannon, del Comité de Asuntos Exteriores de Irlanda (El Espectador): “Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río que por generaciones les dio sustento a las comunidades que aquí habitan”. Con mucha tristeza, se añade el término “sin comentarios”.

 

¿Qué dice el consorcio minero que maneja El Cerrejón? En un escueto comunicado, se lee lo siguiente: “Cuatro años después de iniciar el proyecto de modificación parcial del arroyo Bruno, el nuevo cauce ha permitido crear un corredor de biodiversidad de 24 kilómetros que va entre la reserva forestal de Montes de Oca y el río Ranchería, consolidándose como el punto de conectividad más al norte del corredor biológico “Wuinn Manna” de más de 25.000 hectáreas, el cual hemos venido fortaleciendo para conectar la Sierra Nevada de Santa marta y la Serranía del Perijá de la mano de las comunidades vecinas”. ¿Y la otra contraparte, la comunidad? En el sitio web de la CINEP, se puede leer el siguiente concepto, que va muy de acuerdo con lo expresado por la comunidad: “Los impactos acumulados y sufrimientos cotidianos que padecen las personas y la naturaleza en zonas de sacrificio terminan en una muerte lenta y silenciosa del territorio de la cual nadie asume responsabilidades”. ¿Cuándo se entenderá desde el Alto Gobierno, no importa quien esté ahí, que a las comunidades se les debe respetar y no perjudicarlas, en aras de un supuesto progreso para el país? Pero como se está en un gobierno sordo frente al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual le ha mamado gallo a Acuerdo de Escazú.

EL PARTIDOR

 

En una campaña plagada de escándalos, debates inútiles, bodeguillas mamonas y la apatía de la gente en general, comenzó en serio la campaña presidencial, cuya primera vuelta se realizará el domingo 29 de mayo, y la segunda vuelta, que es segura, al siguiente 19 de junio. Luego de los problemas originados por el caos en la Registraduría Nacional del Estado Civil (en cabeza del polémico Alexander Vega), durante las elecciones legislativas del 13 de marzo anterior, se ha generado un clima de desconfianza con justa causa, lo que hace que el electorado tenga que estar alerta sobre lo que pueda pasar en los preconteos y escrutinios que se vienen, ya que no solo se elige un presidente, sino la suerte de un país que parece ir de nalgas para el fondo, debido a la incompetencia gubernamental que existe, así como la poca argumentación de una oposición dividida. Ni hablar de la situación de desorden público que se vive, debido a la negligencia gubernamental de cumplir el Acuerdo de Paz, también a obedecer los intereses particulares de ciertos egos desagradables que aún circundan por ahí como fantasmas en un cementerio. ¿Mientras tanto qué? Salir a votar porque así se tendrá el derecho a hacer los reclamos justos sobre las necesidades insatisfechas.

 

¿Quiénes están detrás del partidor? Por el lado gobiernista, se encuentra el ExAlcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, más conocido con el alias o apodo de Fico (Equipo por Colombia). Si bien es cierto que se inscribió por firmas, se alineó con el Gobierno (desgobierno) Nacional, así como las maquinarias tradicionales de derecha; le desfavorece el desastre generado por la Putrefacta Economía Naranja. En segundo lugar y liderando encuestas, se encuentra Gustavo Francisco Petro Urrego, del Pacto Histórico, quien, si bien pertenece a la izquierda, no ha tenido problemas en aliarse con ciertos líderes de derecha y religiosos, bajo el argumento de que debe ganar en primera vuelta, al precio que sea, lo que le ha restado confianza. Ahora llega Sergio Fajardo Valderrama, de la Coalición Centro Esperanza, que ha sido más célebre por las peleas internas que por su organización, se le reconoce que fue el primero en presentar su Plan de Gobierno y que le ha tocado remar contra los Medios de Comunicación, pero sigue con el modelo de campaña de 2018, donde cree que los debates donde se deben dar datos concretos, son cátedras universitarias, así como no jugársela totalmente con asuntos importantes para el país, le restan muchas posibilidades.

 

Las demás candidaturas se distribuyen de la siguiente forma: el polémico, cascarrabias e ingeniero Rodolfo Hernández, de un polémico paso por la Alcaldía de Bucaramanga, incluyendo una cachetada un peculiar concejal de la misma ciudad. Llegó Ingrid Betancourt con aires de Marine Le Pen y Donald Trump, tras su saboteo a la Coalición Centro Esperanza, y ahora queriendo tenderle puentes de seguridad democrática a Carnitas y Huesitos. Luis Pérez, ExAlcalde de Medellín y ExGobernador de Antioquia, quien aún no ha aclarado su papel en la terrible Operación Orión en las comunas de Medellín a principios del presente siglo (cuando era el burgomaestre de la Tacita de Plata). John Milton Rodríguez, de Colombia Justa y Libre (antes Opción Ciudadana y PIN), un Pastor Religioso con ideas de ultraderecha y cuya candidatura trata de sobrevivir a peleas internas en su iglesia y su movimiento político. Finalmente, el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, un hombre de los más altos estratos sociales de Bogotá, pero que quiere llegar a la presidencia con el discurso incendiario de su malgeniado abuelo (Laureano Gómez, expresidente de la República, quien fue derrocado en 1953). No es tan buena la oferta, habría la opción del Voto en Blanco (Derecho Constitucional), pero hay que cumplir con el deber.

 

Para poder digerir un poco lo que se viene, hay que mirar detenidamente los programas que propongan dichas candidaturas, debatir con la demás gente en forma calmada, amena y si bien manteniendo diferencias, no llegando a extremos. En cuanto a las Redes Sociales, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, en forma pacífica y responsable, sin montajes vulgares ni fake news que puedan azuzar a la violencia. Vendrán más debates a través de los diferentes medios de comunicación, pero eso sí, la decisión de cada persona debe ser libre, espontánea y a conciencia, sin que haya de intermedio tejas, plata, electrodomésticos, alimentos, licores y demás cosas. Un hecho inusual se ha presentado a lo largo de esta campaña político; varios personajes de la farsándula criolla, han manifestado sus preferencias por todas las candidaturas, lo cual es un derecho válido y respetable, pero se les ha ido la mano al querer presionar a través de las redes sociales o personalmente, tratando de dárselas de mentes superiores, lo cual es ridículo. Por todo lo anterior, se debe procurar el respeto hacia la Constitución de 1991, que es la garante de esta Democracia.

EL REMANSO

 

Como si no fuese suficiente la ola de violencia que ha estado viviendo el país desde el inicio del confinamiento por el coronavirus, así como la ineficacia y falta de inteligencia del Gobierno (desgobierno) Nacional, en días pasados se presentó uno de los golpes más fuertes contra el Acuerdo de Paz, cuando se presentaron unos Falsos Positivos en el corregimiento de El Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). Miembros del Ejército Nacional llegaron hasta dicho lugar bajo la disculpa de la presencia de alias “Bruno”, un Jefe de las Disidencias de las Farc (ahora llamadas de forma elegante como Grupos Armados Organizados, o GAOS), se presentó una balacera con el resultado de cuatro civiles muertos, varios heridos, así como la destrucción de varias viviendas y la retención ilegal de un civil, a quien los militares querían obligar a mentir diciendo que si era el sujeto buscado (Bruno). ¿Qué estaba pasando en El Remanso en ese entonces? Nada, solo estaban haciendo un bazar para recolectar dinero para obras en el mismo lugar, que no había ningún ilegal merodeando la zona (lo dice la población civil), una zona donde el Estado Colombiano aún no ha hecho su presencia efectiva, con obras sociales e inversiones necesarias.

 

¿Quiénes fueron las víctimas? Entre aquellos que el Ministro de Defensa y el Jefe de las Fuerzas Militares, dicen que eran bandidos (infamia), había varios civiles como el Gobernador Indígena del Bajo Remanso (Pablo Panduro Coquinche), un Líder Juvenil Étnico (Brayan Santiago Pama), un Líder Comunal (Didier Hernández) y su esposa (Ana María), dejando huérfanos a dos niños pequeños. Miren una de las respuestas del General Ajúa, de apellido Zapateiro (Revista Semana) frente al nefasto hecho (¿cinismo?): “Lo único que al final del servicio de nuestra nación nos llevamos los soldados son las cicatrices que nos deja nuestra vocación y el amor a la patria”. Vaya amor por la patria, ¿qué tal si la odiaran? Todo esto, dentro de una visita que le hizo al Soldado Robinson Beleño, quien resultó herido en la operación, quien afirmó lo siguiente para el mismo informativo: “El que me hiere a mí lo alcanzo a ver, no lo identifico bien, iba a velocidad, cuando me lo estrellé de frente; él saca el fusil, tenía un buzo de civil, estaba totalmente de civil; saca el fusil y me impacta; gracias a la reacción de mis compañeros no me remató”. Es muy extraño que los altos mandos militares no le hayan dado importancia a este testimonio; incluso, hasta el extremo de contradecirse con el Fiscal General de la Nación (afín al Gobierno (desgobierno)), sobre la falsa captura de cuatro disidentes.

 

Pero lo peor está por venir; el bazar que se hizo en el Remanso, duró tres días, como lo afirma uno de los habitantes de la zona al diario El Tiempo: "El domingo en la noche, sobre las 8, estábamos entretenidos en las finales de los torneos de microfútbol, en la cancha de la vereda. Yo no estaba tomando, pero eso sí, me puse a bailar el resto de la noche, esas son nuestras costumbres. Amanecimos, y como a las 7 de la mañana del lunes, se empezaron a escuchar disparos y yo pensé 'es la guerrilla' ". Varios afines al Gobierno (desgobierno) que en cuatro meses se irá, dirán que no es normal que un bazar dure casi media semana, pero se debe tener en cuenta que las grandes distancias que se deben recorrer en la zona, principalmente por el Río Putumayo (frontera con Ecuador), hace que una reunión así deba durar su buen tiempo. Pero lo más triste viene con el testimonio de Jhonier, el hermano de Didier Hernández para el mismo diario: "A mí me informaron que después de dejarlos tirados por varias horas, al sol, los trasladaron a Mocoa, donde no hay neveras. Allí los tuvieron hasta el otro día, hasta que los llevaron a Puerto Asís. Sé que la Fiscalía les hizo necropsia, pero a mi hermano y cuñada me los entregaron el miércoles en la noche, con el cajón sellado y recubiertos en plástico por su avanzado estado de descomposición".

 

Nada justifica la masacre de civiles, solo por el hecho de que unas visiones mediocres del estamento militar, los estigmatice como guerrilleros, sin causa justa, tan solo por mostrar resultados y hacer crecer el temor hacia el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado Colombiano (en cabeza de Juan Manuel Santos) y la antigua guerrilla de las Farc. Ahora, cuando el imprudente Ministro de Defensa, Diego Molano, salió a decir en plena rueda de prensa que les habían disparado a las fuerzas militares desde el lado ecuatoriano (algo que puede terminar en un incidente diplomático, dado que no han mostrado suficientes pruebas para corroborarlo). Del corregimiento El Remanso, quedan solo 15 personas de las 50 que lo habitaban antes, ya que, por obvias razones, muchos decidieron abandonar sus hogares para proteger su vida, sobre todo, cuando el estado los agrede.

FRACKING IMPUESTO

 

Como tratando de aprovechar el alza de los precios de los hidrocarburos por la infame invasión de Rusia, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (entidad suscrita y dominada por el Gobierno (desgobierno) Nacional) le otorgó la licencia correspondiente, mediante resolución 000648, al piloto de pruebas de extracción petrolera mediante fracking en Puerto Wilches (Santander), el primero en el país. Sin lugar a dudas fue otra de las tantas promesas incumplidas por Iván Duque como presidente, que hizo como Candidato de Uribe, así como a la ya frustrada ratificación del Acuerdo de Escazú (donde se enfatiza la protección a Líderes Ambientales, quienes han sido asesinados en su mayoría, en Colombia), lo que demostraría el antiambientalismo reinante en la Economía Naranja, ya próxima a irse. Por consiguiente se ha iniciado la polémica alrededor de dicha acción, pero lo que si es seguro, es que este paso se dio de manera apresurada, ya que los altos precios del hidrocarburo no se podrán mantener por la difícil coyuntura que se atraviesa, así como EEUU y la Unión Europea están buscando suplir a la oferta que en materia de recursos energéticos fósiles tiene la tiranía de Vladimir Putin; Venezuela y el Medio Oriente ya se estarían alistando como los posibles oferentes, y pronto, los precios comenzarían a bajar.

 

En el siguiente párrafo sobre este hecho, en el diario Portafolio, se puede leer lo siguiente: “La Licencia Ambiental otorgada para el “Proyecto Piloto de Investigación Integral - PPII- Kalé”, no incluye en ninguna de sus etapas, la aplicación en fase exploratoria o de desarrollo comercial de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal”. Luego a renglón seguido, se indica lo siguiente (Portafolio): “Ecopetrol, a su vez, debe realizar un estudio donde se contemple el levantamiento topográfico del área de la locación a construir, análisis geotécnicos, hidráulicos y de suelos, el cual debe ser presentado en los Informe de Cumplimiento Ambiental ICA para lo locación”. No se estaría dando licencia directamente a realizar de una vez la prueba piloto, se requeriría primero hacer una especie de estudio de impacto ambiental en una superficie pequeña (4.67 hectáreas aproximadamente), donde se perforarán los correspondiente pozos de investigación, inyección y captación. Lo que si se debe anotar es que por más mínima que sea la superficie de trabajo, los resultados (buenos o malos), tendrán un alto impacto ambiental y social sobre la zona circundante, y que los pasos siguientes que se darían, se deberán concertarse con la comunidad, algo que no se ha hecho adecuadamente en las fases previas.

 

¿Voces a favor y en contra? La Empresa Colombiana de Petróleos, más conocida como ECOPETROL, manifestó lo siguiente al diario El Espectador: "evaluar los potenciales impactos ambientales derivados de la ejecución, y que tiene contempladas medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar posibles impactos en los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y el aire, entre otros aspectos". Como se puede leer e insistir, no es una licencia que permita hacer fracking inmediatamente, se requiere unos estudios para evaluar sus impactos ambientales y proponer los planes de manejo correspondientes, frente a lo cual hay que tener los sentidos bien despiertos para que no se vuelva a vulnerar la participación de la comunidad. Mientras que entre las voces que se oponen, o por lo menos, expresan sus dudas, se encuentra la del Secretario de Ambiente de Santander, Miguel Sarmiento (El Tiempo): “El estudio de impacto ambiental entregado a la Anla no fue socializado con nosotros, y se faculta esta práctica extractiva pese a que la Procuraduría recomienda no avalarla por falta de evidencia científica que indique que no afecte el medio ambiente, el agua y la salud pública”. Y lo peor, la cosa no para aquí.

 

El mismo Funcionario expresó lo siguiente por las Redes Sociales: “La protección de todos los ecosistemas estratégicos del departamento es un compromiso del Gobernador Mauricio Aguilar. Por eso, desde la Gobernación de Santander, no celebramos la aprobación que otorgó la Anla para desarrollar un piloto de fracking en Puerto Wilches”. Sumado a lo dicho por la Alianza Libre de Fracking: "en medio de irregularidades, protestas y amenazas, la ANLA aprueba licencia ambiental para piloto de fracking de Ecopetrol"…"en menos de cinco meses, con numerosas voces de rechazo, serios cuestionamientos al trámite y el aumento de los hechos de violencia en el Magdalena Medio incluyendo amenazas de muerte que implicaron el exilio de una activista de la región". Todo proyecto minero – energético que no se haya concertado adecuadamente con la comunidad afectada, como ocurre en la mayoría de los casos en Colombia (si bien su principal fuente de ingresos económicos por exportación son los hidrocarburos), debe ser rechazado de inmediato; las implicaciones ambientales, sociales y de orden público que traen estos proyectos, no deben ser olvidados, deben ser analizados lo suficiente para presentar unos planes correspondientes para su manejo, sobre todo en una época en la que se debería estar iniciando la transición planificada hacia energías limpias, que llevaría un buen tiempo.