LA JEP HABLA

 

La Justicia Especial para la Paz (JEP), si bien va muy lento y sin muchos recursos para seguir trabajando, ha dado muestras de que se están revelando muchas verdades del conflicto interno colombiano, así a cierto expresidentico no le guste y no quiera asumir una Responsabilidad Política y Moral frente a los Falsos Positivos que se cometieron durante su dictadura, perdón, gobierno; parece que quisiera seguir en la retórica de la guerra como un negocio, que solo sirven las bajas de quien sea para obtener reconocimientos. Estando en el posconflicto aún y quien sabe por cuanto tiempo, están saliendo a flote muchas verdades sobre ciertas técnicas de combate de ciertos miembros de las fuerzas militares, expresidentes y exministros para dar una falsa sensación de tranquilidad al país sobre las numerosas pérdidas que estaban sufriendo las Farc, que en la Seguridad Democrática, se llegó a rumorar que tenían 50 mil miembros en sus tropas, algo que nunca fue corroborado, aunque si era demostrado su poder militar e intimidador en las diferentes regiones del país. Sumando el narcotráfico que le dio un alimento más a esta guerra, junto con los paramilitares que supuestamente surgieron como una respuesta ante la poca efectividad de las fuerzas armadas y la policía frente al accionar de Tirofijo y compañía.

 

Para la muestra un ejemplo, que se puede resumir con la siguiente frase expuesta en la página web de la JEP: “Por medio del Auto 055 del 14 de julio de 2022, la Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad y llamó a reconocer su responsabilidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles por 'falsos positivos' en Casanare”. Lo anterior se refiere al caso de los Falsos Positivos que se dieron en el Departamento del Casanare (fortín uribista) durante la cacareada seguridad democrática de Uribe y su séquito, la cual fue un completo fracaso, de ahí que surgieron los Falsos Positivos. El siguiente párrafo que sigue (también de la página web de la JEP), trae algo más escalofriante: “De los imputados por la JEP, el mayor general (r) Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada (de Casanare) entre diciembre de 2005 y junio de 2007, reconoció su responsabilidad a título de autor mediato de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el mismo sentido se han pronunciado otros 17 comparecientes”. Quiere decir que ya los militares de medio o alto rango están empezando a hablar sobre lo que hicieron y están dando pistas a dar con el paradero del determinador (autor intelectual).

 

Como se puede leer en Infobae, el General Retirado Henry Torres Escalante afirmó lo siguiente: “En honor a esas personas que murieron entre 2005 y 2008, más que nunca acepto mi máxima responsabilidad como máximo comandante. Después de haber conocido todas las atrocidades que se estaban cometiendo allá, yo tenía el poder para haberlas parado y no lo hice; por el contrario”. Pero sigue con algo peor, la entrega de un dinero al Teniente Retirado Marco Fabián García: “Debo reconocer que soy responsable de haber entregado el dinero que dice el teniente García cuando se encontraba detenido en el CRM, eso fue para los años 2013 y 2014. Lo hice sabiendo que estaba cometiendo un acto ilegal”. Ya habían hecho el daño, pero seguían obteniendo dineros (lo cual también debe ser investigado), sin que las familias de las víctimas de estos falsos positivos tuviesen noticias de sus parientes para por lo menos ir a reclamar sus cuerpos; ocho años después parece que la verdad está saliendo a flote, no solo gracias al trabajo de la JEP, sino también la colaboración de la Comisión de la Verdad, encabezada por el Padre Francisco de Roux.

 

¿Testimonios de las Víctimas y/o sus familiares? En El Tiempo, hay un especial sobre este tema; empezando por el testimonio de Johana Torres: "Nos quitaron la niñez, nos obligaron a crecer sin el amor de nuestros padres y nos obligaron a salir a la calle a trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares. Acá estamos las víctimas no para mendigarles la verdad, sino para exigirles la verdad". Un segundo caso, el de Lucy Yadira Ochoa: "Me quitaron la oportunidad de crecer con un padre, yo tenía 13 años cuando lo asesinaron. ¿Quién entregó a mi papá?, ¿Por qué lo hizo?". Finalmente, el de la Magistrada de la JEP, Catalina Díaz: "Queremos reiterar que la Constitución que nos rige exige la verdad completa, detallada y exhaustiva. ¿Por qué se asesinó a estas personas?. Queremos saber todo de esos asesinatos". Y todavía, el Expresidente Uribe se niega a reconocer su Responsabilidad Moral y Política en estos terribles crímenes de lesa humanidad, tal como se pudo ver en su vulgar respuesta a la columna del último domingo en El Espectador, del Abogado Rodrigo Uprimny. Y como si faltase poco, llegó el comunicado semipasquín del Abogado Uribista Jaime Granados, donde tacha a Uprimny de Abogado de las Farc, una calumnia inaceptable.

POLÉMICA VAN DER HAMMEN

 

Cuando estallan peleas entre Administraciones Nacionales y Locales, el asunto se torna medio harto, ya que no se puede trabajar tranquilamente en todas las dependencias, mientras el Gobierno Nacional insiste en que se debe hacer lo que quiera sin medir realmente las consecuencias que podría traer dicha decisión, el Gobierno Local defiende su gestión ya que no solo fue elegido democráticamente (al igual que el Gobierno Nacional), también las herramientas que la Constitución Nacional de 1991 para tener su autonomía. Ha pasado en todas las administraciones elegidas popularmente, y seguirá pasando, por cuestión de egos presente en la clase política nacional, y es que un fortín político mayor como el de Bogotá Distrito Capital, no es nada despreciable, del Palacio Liévano han salido Alcaldes Mayores y Presidentes de la República (Andrés Pastrana y Gustavo Petro, sin que se vean mayores resultados positivos hasta el momento), pero un electorado potencial de cinco millones de personas no es para dejarlo pasar en alto (a la hora de las elecciones); pero debería reinar la premisa de que las Administraciones Locales se respetan por parte del Gobierno Nacional y viceversa, debe primar el diálogo y la cordura a la hora de tomar decisiones trascendentales como el caso de la presente columna.

 

El caso de la presente columna es la Reserva Natural Thomas Van der Hammen; por un lado, la Alcaldía Distrital de Claudia López dice lo siguiente: “Entonces no le pareció que fragmentaba la Reserva. Hoy en época electoral le parece que sí. La campaña terminará, pero el daño a Bogotá Región y al país perdurará” … “no solo se ejecutará con los más altos estándares ambientales, sino que, en vez de fragmentarla, restaurará la conexión hídrica y ecosistémica entre los Cerros Orientales, la reserva y el río como acertadamente propuso el científico Thomas Van Der Hammen”. Todo esto, a raíz de los ataques y cuestionamientos, algunas veces en términos desobligantes, por parte no solo del Presidente Petro, sino de la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien parece creer que aún es Concejala Distrital de la Colombia Humana, que se había declarado hace un par de años en oposición a la Administración Distrital Vigente. Pero lo más grave del asunto es la coincidencia de esta pelea con las elecciones locales, donde el Gobierno Nacional tiene un candidato ya declarado (el polémico y patilludo Gustavo Bolívar), mientras que la Alianza Verde (partido que llevó a Claudia al Palacio Liévano), si bien declaró libertad de apoyo a candidatos a la alcaldía, sus mayorías distritales parecen ir hacia la campaña de Carlos Fernando Galán.

 

¿Qué dice el Gobierno Nacional? El Presidente Petro, en medio de su euforia y su afán de aparecer en las Redes Sociales, manifestó lo siguiente en su cuenta de X (antes Twitter) (Infobae): “Si prolongan la avenida Boyacá a través de la reserva forestal del norte que este gobierno piensa consolidar, acaban la reserva forestal Thomas Van der Hammen: la reserva forestal del norte. Los árboles producen oxígeno, y eso es fundamental para sostener la vida”. El proyecto en asunto es la ampliación de la Avenida Boyacá hacia el norte para descongestionar el tránsito en la ciudad, que en cierto momento podría tocar la reserva, pero este asunto debe tramitarse ante las autoridades competentes. ¿Y la Ministra Susana Muhamad? (El Espectador) y “a adelantar de manera racional el proceso del uso del suelo sin fragmentar más la reserva Thomas Van Der Hammen”. Pero también se pone en la pelea al decir que los argumentos del Distrito no son nada claros, el proyecto está ahí y se ha trabajado desde hace varios años y varias administraciones locales. La pregunta que queda en el aire es, si gana la Alcaldía el Candidato del Gobierno Nacional, ¿seguirán oponiéndose?, o, ¿qué pasará en caso de victoria de otra candidatura?

 

En fin, esta no es la única pelea cazada entre ambas administraciones, también está la del Metro de Bogotá, pero como empezó la historia; en 2015 bajo la Administración Distrital de Gustavo Petro y si mal no está el Administrador de la Presente Columna, la Secretaria de Medio Ambiente era la misma Susana Muhamad. Cuando se anunció el Cheque Simbólico que el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos a la Bogotá Humana, el Alcalde Petro pareció desentenderse del Metro Subterráneo que había propuesto (sería bueno que revelasen los supuestos planos del mismo, por el que tanto cacarean ciertos dirigentes de la izquierda colombiana). ¿Qué pasó? Pues llegó la Administración de Enrique Peñalosa, como no le dieron papeles del metro subterráneo, lo mandó al carajo, lo diseñaron elevado, tuvo el visto bueno, principalmente del Gobierno (desgobierno) Nacional de Iván Duque y a la llegada de Claudia, le tocó firmarlo y ponerlo en marcha, aunque ella quería que fuese subterráneo (manifestado por ella misma), ahí se armó troya, la Colombia Humana quiere imponer a las malas el metro semisubterráneo (elevado hasta la Caracas con Primera, de ahí elevado hasta la Calle 72, referente a la primera línea); lo botaron, luego no tienen mucho derecho a revirar.

 

PD: el único proyecto en el cual nadie está de acuerdo con Claudia es el Corredor Verde por la Séptima, que es igual de nefasto al tranvía propuesto en la Bogotá Humana por el Alcalde de ese entonces, Gustavo Petro.

EL CAMPESINO

 

El Campesino colombiano, víctima del abandono estatal y de la violencia, ha sido el símbolo de una de las más grandes humillaciones para la humanidad: el desplazamiento interno forzado, así como su revictimización. Los grandes terratenientes lo tienen en la mira y los ilegales, además de que no hay mucha fluidez en la relación con los indígenas y las minorías étnicas, le ha tocado batallar muy duro, pero han sobresalido grandes héroes como Pedro Pascasio Rodríguez, el adolescente que valientemente capturó al Cobarde (¿Uribista?) General Barreiro, apenas se iba a volar en plena batalla de Boyacá. Pese a todo, los campesinos jamás pierden su sentido del humor ni sus chistes, así como sueñan con tener un mejor país algún día; le ponen ese toque rústico y agradable de música y fiesta a todo acontecimiento, así estén los ánimos por debajo; han sido los mayores surtidores de miembros rasos para las Fuerzas Militares y para la Policía, quienes han llevado los mejores platos típicos de la cocina colombiana a todo el mundo, la ruana y el sombrero son un motivo de orgullo; la sonrisa que le impregnan a las fotos son un aliciente de esperanza que se necesita en una nación destrozada por el pesimismo y la falta de confianza.

 

¿Porqué vuelve a ser noticia el campesino colombiano en estos días? Primero, porque el pasado cinco de julio se aprobó el Acto Legislativo I, donde se considera al Campesino como Sujeto de Derechos, donde se reconoce ya lo expresado por la Corte Constitucional en su sentencia C-077-2017 (Medio Ambiente – Universidad Externado): “los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente”. Se debe garantizar el cumplimiento de todas las garantías estatales para que el campesino colombiano pueda ejercer sus derechos, sus deberes y sus labores de forma libre y remunerada justamente; que no se le impida llevar a cabo sus actividades ni censurar sus opiniones personales. Modifica el artículo 64 de la Constitución Política, lo que se puede demostrar en los siguientes párrafos: “el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección” … “las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos”. Durante muchos años, se consideró al campesino un sujeto de categoría inferior, que no tenía derecho a tener nada, incluso tierras; ni se les brindaba educación ya que, para muchos miembros de la politiquería, era conveniente tenerlos ignorantes para sus propósitos burocráticos.

 

¿Segunda razón de la importancia del campesinado colombiano en los últimos días? Se está tramitando un proyecto de ley de Reforma Agraria en el Congreso, donde aparentemente se le daría cumplimiento al primer punto del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, que comprende el tema de tierras. Es un tema que ha levantado mucha ampolla, pues varias tierras para sembradíos han sido arrebatadas por poderosos (legales e ilegales) durante más de dos siglos, dejando al campesino casi en la mendicidad, sin nadie que los ayude ni derechos que los acojan y les haga valer los derechos que tienen. Es muy extraño ver a ciertos Ganaderos en el actual gobierno, quienes han despreciado al campesino, ¿cierto José Félix Lafaurie? Volviendo al tema, al Presidente Petro se le ocurrió una genial idea (de esas que encrispan el ambiente en el país), de convocar a marchas para presionar al congreso a que se aprueben estos proyectos. Se trata de un decreto que crea dichas marchas campesinas con razones como esta (Portafolio): "espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalonamiento territorial de los procesos de la reforma agraria". Ojalá cuando estas marchas sean en su contra, el gobierno también las apoye de manera tan efusiva.

 

Sin ser expertos en estos temas, hay que decir que es saludable que al campesino por fin se le den herramientas para que pueda acceder y ejercer sus derechos; que se le reconozca como parte fundamental en la historia colombiana, que se le considere un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero si preocupa que lo primero que se haga para ejercer dicha ley “Campesino sujeto de Derechos” sea ponerlos a marchar en las calles para ejercer presión en el congreso, en vísperas de elecciones locales donde el oficialismo la tiene muy difícil para consolidar su poder en el país, sin tener en cuenta que el gobierno en su año largo de labores que lleva, no es que haya hecho mayor cosa por ellos. Los ha dejado a su suerte, en estas épocas de desorden público, donde los grupos ilegales se quieren apoderar de todo a las buenas o a las malas, asesinando líderes sociales, sin que se vean mayores acciones de seguridad en el territorio colombiano, ya que no hay sinergia entre el Ministerio de Defensa, las FFMM y la Policía Nacional.

EL TAL ACUERDO

 

La presidencia de Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido una de las más cuestionadas, no solo por la cantidad de escándalos que hay en su alrededor, también por los absurdos enroques (el regreso de Laura Sarabia al Gobierno en la Dirección de Prosperidad Social), así como la pasividad frente al caos en el orden público (les importa más lo que digan los ilegales que el mismo pueblo colombiano), y los mensajes contradictorios donde dice querer dialogar pero al mismo tiempo asusa a las masas (bodegas petristas) a salir a marchar y agredir en las redes sociales a quienes no estén de acuerdo con él. En días pasados, en la instalación de las sesiones del Congreso de la República, el Presidente mencionó las siguientes palabras (Presidencia de la República): “Yo convocaría al país al Acuerdo Nacional en esos términos, a hacer realidad la paz, a acabar la fase de la guerra, de la insurgencia con el Estado y a no dejar prosperar la tercera violencia que ya viene, que ya está, el de las economías ilícitas y las bandas armadas pululando por todas partes”. Suena noble de su parte, pero hay que tener en cuenta que todos los días molesta con el supuesto golpe blando que dizque le quieren dar, sin mostrar mayores pruebas.

 

Para convocar el tal Acuerdo Nacional, se deberían cumplir mínimo tres condiciones para que el diálogo por lo menos fluya, y no sea tarde cuando se lleguen a unos acuerdos, cuando el gobierno ya esté de salida:  Primera condición, acabar con las famosas Bodegas Petristas, esto también aplica al Uribismo. No hay derecho a que alguien que llegue a cuestionar algo del gobierno, sea pisoteado en su honorabilidad por unos ciber vándalos en las Redes Sociales, muy cercanos a cierto libretista y candidato a la Alcaldía de Bogotá (¿cierto Gustavo Bolívar?), quienes promueven la violencia en el internet de una manera descarada y cínica; es cierto que no debe gustar que alguien cuestione a su gobierno por ideología y/o acciones, pero también debe haber espacio suficiente para el debate sano, recordando que la Constitución de Colombia consagra el derecho a apoyar el gobierno de turno, ser independiente u oposición. Ni qué decir de los ventiladores que están prendiendo Juan Fernando Petro (hermano del presidente) y Nicolás Petro (hijo mayor del Presidente), donde se está demostrando que su campaña recurrió a los mismos métodos que la clase política tradicional para imponerse y continuar con el todo vale, como si fuese bueno en un gobierno de izquierda, siendo que es igual de mezquino que en uno de derecha.

 

Segundo, todo proyecto legislativo, incluyendo las reformas, deben ser concertadas, y no impuestas por simple sectarismo ideológico. El caso más sonado es el de la Reforma a la Salud, que aún sigue viva en el Congreso, pero que no ha tenido mayor debate ni estudio, ya que los Ministros de Salud (Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo), no son muy dados al diálogo, además de que viven con una obsesión injustificada contra las EPS; es cierto que hay algunas que no han dado resultados, pero las que están funcionando no deben pagar los platos rotos. La Reforma Laboral, que se hundió en la sesión pasada del congreso, volverá a tener un chance en este período, pero deberá ser más consultada y concertada, así se afane un poquito la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; se está de acuerdo en que las horas extras deben ir desde las seis de la tarde (recortadas en un exabrupto infame de Álvaro Uribe Vélez), pero también se debe dialogar con el sector privado, quien es el garante de más del cincuenta porciento de los empleos de este país, para que no ocurra una debacle. En cuanto a la Reforma Pensional, la llegada de Jaime Dussán a Colpensiones no es que ayude mucho.

 

Tercero, dejarse asesorar mejorar en el tema de la Paz Total, no puede ser que mientras el ELN incumpla el cese del fuego pactado, las disidencias pidiendo diálogo y a la vez acribillando, así como los demás grupos ilegales haciendo de las suyas, haya una pasividad total del gobierno. Aún no se ha oído una voz de rechazo contundente contra esta infamia, por parte del gobierno, y principalmente, del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien parece hacerse el desentendido del tema. ¿Alguien estuvo pendiente de unos compromisos que pactaron el Gobierno y las disidencias de Iván Mordisco? Parece que no, puesto que la credibilidad de un tema tan fundamental como la Paz Total está en ceros, ya nadie cree que la violencia se vaya en corto o mediano plazo, mientras que las FFMM y la Policía parecen estar en un nudo gordiano, debido a la inexperiencia en este campo, del Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ah, toca recordad que el Gobierno Nacional le debe respeto a las autoridades locales; no es posible que le quieran imponer la agenda del metro a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, ni se burlen de las denuncias de acciones ilegales en el Meta, por parte del gobernador, Juan Guillermo Zuluaga.