OCAD PAZ

 

Como si no le faltasen más escándalos al actual gobierno (desgobierno), llegó el mayor saboteo al Acuerdo de Paz (que en medio de todos los problemas que tiene, va avanzando) por parte de los Aliados de la Guerra, quienes no se contentaron con la sucia campaña por el NO en el plebiscito del dos de octubre de 2016, ni con las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, ni el desprecio hacia el mismo documento y a la Comisión de la Verdad; ahora le robaron plata. Pero para entender mejor, hay que recurrir a la definición del Ocad Paz, como lo hace el Sistema General de Regalías (Infobae): “el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, “que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. También es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”. “Esta entidad acciona en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet)”. Ocad significa palabras más, palabras menos; ORGANISMOS DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN.

 

Estos Ocad´s manejan grandes cantidades de dinero, luego la politiquería se encuentra constantemente merodeando a sus alrededores para sacar tajadas, y en el actual desgobierno lograron su cometido; quitarle medio billón de pesos a la Paz para entregárselos a la guerra. Se arranca desde la misma denuncia hecha por Luis Emilio Archila, ExConsejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (Infobae): “Están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que les den el ok”. Se está refiriendo a la exigencia de coimas (o “vacunas”) a los mandatarios locales de municipios en donde se localizan las Pdet´s para aprobar proyectos de desarrollo regional que beneficiarían a las comunidades, a cambio de que ciertos enemigos de la paz siguiesen eliminando a los exguerrilleros reincorporados a la vida civil. Y lo peor, desde marzo del presente año, los entes de control fiscal y judicial del país ya sabían de lo que estaba pasando, pero ahora que lo sabe todo el mundo, están presentando las correspondientes denuncias y están tomando (aparentemente) las respectivas acciones, cuando el daño ya está hecho y la desconfianza es permanente; incluyendo la aparición de extraños contratistas, tan fregados como los Nule y/o Emilio Tapia.

 

¿Qué ha dicho el Gobierno (desgobierno)? Nada, se hacen los bobos, creen que lo hacen bien porque Ivanchis es fervoroso de la Virgen de Chiquinquirá, menos mal se van el próximo siete de agosto para no regresar jamás. Pero quien si se indignó fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Jefe de la Comisión de Verificación en Colombia hizo las siguientes afirmaciones en la Asamblea de la Entidad en Nueva York (Asuntos Legales): “La transparencia en el uso de financiación valiosa para la paz sigue, que cualquier acto de corrupción sea cabalmente investigado por las autoridades y confío en que así será” … “Esperamos que el nuevo Congreso avance de manera considerable en la aprobación de más de 30 normas relacionadas con la paz que todavía están pendientes”. Basta con recordar que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría General del Pueblo, se encuentran en manos de quienes han sido opositores férreos al Acuerdo de Paz, incluso han preferido a la guerra como un negocio. Lo que realmente aclararía esta situación sería una Veeduría Internacional a lo que ha pasado con este proceso de paz en el desgobierno de la economía naranja, y lo que vendrá con la llegada del Pacto Histórico al poder.

 

Aquí hay varios nombres involucrados en este festín, pero sin lugar a dudas llama la atención el del ExDirector Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, quien parece estar construyendo una mansión de grandes dimensiones en cercanías a su natal Valledupar; este señor es muy cercano a la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, quien en el pasado manifestó su rabia contra los diálogos y acuerdo suscrito entre la guerrilla de las Farc y el Estado Colombiano. Y no solo toman renombre los de Archila y Rodríguez, también tres congresistas del Partido Conservador (movimiento político muy amigo de la guerra): Wadith Manzur, Yamil Arana y Alfredo Ape Cuello. Esto cada día está tomando mayores dimensiones, lo que se podría considerar como el mayor atentado contra un Proceso de Paz que cada día, Colombia lo necesita más, pero que lo quieren destruir por ambiciones personales, como se demuestra en este correo electrónico llegado a la Casa de Nariño, en junio pasado (El Espectador): “En la última semana vemos con preocupación cómo el contralor delegado para Posconflicto, Juan Carlos Guadrón y el director de regalías del DNP Álvaro Ávila, están en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector. Todo, porque no se negociaron con Gualdrón y Ávila pagos de dádivas o incentivos por la aprobación de estos”. Sin comentarios.

ROE VS WADE

 

Pocas veces se ha visto un golpe tan terrible para los Derechos Humanos, que no solo implica un retroceso en el tiempo, sino en las garantías para la población más vulnerable a la pobreza, violencia y falta de oportunidades. El fanatismo religioso y político siguen haciendo de las suyas, mediante altas sumas de dinero y bufetes de leguleyada (artimañas) para imponer sus convicciones absurdas y peligrosas; incluso aliándose con personajes cuya vida no ha sido un ejemplo de virtudes, como Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia y Álvaro Uribe Vélez en Colombia; todavía queda un camino largo y duro por recorrer, en aras de lograr una igualdad social y acceso a todos los Derechos Humanos habidos y por haber, más en tiempos de pandemia donde las restricciones han aumentado y el acceso a la salud se ha convertido en un lujo para los países más pobres (no es culpa de las EPS’s como lo quiere imponer cierta Ministra de Salud designada por un gobierno recientemente electo); basta con mirar a la falta de tratamientos médicos confiables en ciertas zonas de África, América y Asia, donde la gente se sigue muriendo por males que se creían aún desterrados, entre ellos, la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o aborto.

 

¿Qué es el caso Roe vs Wade? En un caso histórico en EEUU, que se originó en 1969 cuando Norma Mc Corvey, quien por razones de seguridad se puso el pseudónimo de Jane Rode, quien habiendo quedado embarazado de su tercer hijo luego de haber sido violada en Texas (estado conservador), quiso acceder a la IVE, con la asesoría jurídica de las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee, pero el Fiscal de Distrito Henry Wade rechazó la petición alegando que el aborto en ese entonces estaba prohibido. Apelaron ante el Tribunal Mayor Federal, que les dio la razón y reversó la medida inicial, llegando a la máxima instancia judicial de Estados Unidos; la Corte Suprema de Justicia. En 1973 se dio el Fallo Magno, con una votación de siete jueces a favor y dos en contra, donde se consagró a la IVE (aborto), como un Derecho Fundamental que el Estado debería garantizarle a todas las mujeres, a lo largo y ancho de su territorio y jurisdicción. Al conocerse este veredicto, Jane Roe afirmó que lo hizo en nombre de todas las mujeres de Estados Unidos, y esto fue repitiéndose en cada rincón de la tierra, al punto de que hoy en día hay muchas alternativas para este tipo de casos.

 

Pero en diciembre del año pasado, se presentó una demanda que quería tumbar dicho fallo (cuando se contaba con una mayoría conservadora y ultrarreligiosa), y el pasado 24 de junio con una votación de cinco contra cuatro (ahí si no criticó el mojigato Ivanchis), se anuló dicha medida, alegando que se había hecho para el pseudónimo y no para la persona real, así como le devolvía a los estados la facultad de decidir sobre el cuerpo de las mujeres; ya hay dirigentes políticos gringos queriendo meter camándulas en los ovarios de las mujeres menos favorecidos y con menor acceso a los servicios médicos, pero que a la hora de admitir a corruptos como Donald Trumpilio no le ven ningún reparo religioso. ¿Se anuló este fallo? Como lo dice el informe de Alice Hutton para el Espectador: “Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, “escribió en un borrador de opinión fechado el 10 de febrero”. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. La anterior es la frase lapidaria del Juez Samuel Alito, Juez Conservador de la Corte Suprema”.

 

¿Lo anterior que tiene que ver con Colombia? Mucho, ya que, en el pasado mes de febrero, la Corte Constitucional dio un fallo de gran importancia sobre la IVE. En la columna 24 semanas (15/03/2022), con una votación de cinco contra cuatro también (y esta vez, criticada e injuriada por el mojigato Ivanchis), no solo despenalizó este procedimiento, sino que le dio un plazo de 24 semanas de gestación para desarrollar el trabajo médico. Pero a raíz de lo que pasó en Estados Unidos, muchas veces ultrarreligiosas han empezado a hacer propuestas absurdas para penalizarlo, aduciendo que les interesa la vida de los fetos (cuando no tienen ningún problema en decirles malnacidos y malnacidas), que debe haber conceptos religiosos (en un país laico, no hay derecho) y otros vericuetos. Se sabe que este Gobierno tiene un alto componente religioso y mojigato; es más, en días pasados se presentó una demanda ante la misma entidad judicial, por parte de un funcionario del Ministerio de Justicia pidiendo la anulación del histórico fallo, aduciendo que solo el Congreso de la República (entidad legislativa que le ha escurrido el bulto a este tema a lo largo del tiempo) puede definir en la materia mediante una ley. País de contradicciones.

INFORME FINAL

 

El pasado 28 de junio, la Comisión de la Verdad presentó su informe final, con base en un trabajo de varios meses, con testimonios de víctimas del conflicto colombiano en su mayoría, sobre las causas y consecuencias del mismo, haciendo unas recomendaciones, que no son de obligatorio cumplimiento, pero que necesariamente deben llevar a una reflexión sobre esta violencia que tiene a Colombia en una tristeza profunda. En un solemne acto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con varias víctimas, personajes de la actividad colombiana y con el desplante (cobardía) del Gobierno (desgobierno) Duque, el Presidente de dicha Entidad, Francisco de Roux S.J hizo un sentido discurso donde se cuestionó el papel de indiferencia que han tenido el Estado y la Sociedad frente a esta ola de terror y desangre que se ha venido presentando desde hace más de cincuenta y cinco años; que no solo ha sido una simple confrontación entre el mismo Estado Colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, sino también la participación de otros actores como el ELN, las AUC, la corrupción política que también carcomió las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y la indebida participación de ciertos miembros de la sociedad, causando irreversibles consecuencias en varios aspectos, para un país que anhela vivir en paz algún día.

 

¿Cómo se puede mirar este documento de 890 páginas que recoge los testimonios de 30 mil víctimas aproximadamente, quienes hicieron su aporte de manera libre y voluntaria? Esto puede ser definido en el siguiente párrafo extraído del sitio web de la Comisión de la Verdad, en una entrevista concedida por Eduardo Pizarro, Analista de la Violencia en Colombia: “Colombia requiere tanto de una verdad judicial como una verdad histórica, la verdad judicial se refiere fundamentalmente a quién le hizo qué a quién, es decir, determinar las responsabilidades individuales y las circunstancias específicas en las cuales hubo centenares de miles de víctimas en Colombia”. Sin la verdad expuesta al público, jamás se podrá lograr esa paz que tanto se busca; esta verdad debe ser aclarada no con ánimo de venganza, sino con sanción, reparación y resarcimiento de todas las víctimas de esta guerra absurda (que no merece llamarse civil, porque del adjetivo no tiene nada), no es resumir a una Inseguridad Antidemocrática, perdón, Seguridad Democrática, donde lo importante es contar la cantidad de muertos que hay (todo vale); NO, es mirar al pasado para idear en el presente, la mejor estrategia para recuperar el rumbo en el futuro del país.

 

¿Qué dicen los integrantes de la misma (Comisión de la Verdad) sobre lo que quieren expresar y los siguientes pasos a seguir para explicar al pueblo colombiano sobre lo que paso y sus consecuencias? En un informe especial de France 24, el Comisionado Oscar Castañeda Lasso afirma lo siguiente: "el protagonismo de las víctimas…las que proponen las recomendaciones para la no repetición, son consejos de personas que ya tuvieron que pasar por el conflicto armado y que experimentaron un sufrimiento muy grande". Así mismo, la Comisionada Lucía Gonzales afirma sobre los pasos a seguir al mismo medio de comunicación: “el país y por todos los medios masivos de comunicación y comunitarios y alternativos contando la esencia de lo que hemos encontrado y que el país debe conocer y le sirve para construir esos propósitos de futuro”, sobre que la divulgación y concertación con un país aún adolorido por todo que ha pasado, y para eso, tendrán un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de la presentación de este informe, donde sin lugar a dudas, tendrán que contar con el apoyo del Gobierno Entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez (quienes estuvieron en el Acto de Presentación en el Jorge Eliécer Gaitán).

 

Más allá de las ampollas que levante, principalmente de quienes se oponen a la Paz como un método de solución a los problemas que agobian a este Macondo, y que si se va a leer el documento o no, tenga en cuenta que Francisco de Roux S.J (de la misma comunidad del Papa Francisco, un aliado del Proceso de Paz), Lucía Gonzales y el Padre Leyner Palacios fueron hasta Rionegro a recoger el testimonio del principal amigo de la guerra, Álvaro Uribe Vélez, en una reunión con muchos tropiezos (insultos de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno hacia los visitantes), pero que sirvió para que un país empezase a mirar la guerra, no solo desde un punto de vista balístico, sino también de la desigualdad social que aún reina, del despojo de tierras a campesinos, indígenas y afros; sobre el provecho que han sacado de la violencia la clase politiquera corrupta, y principalmente, el porqué debe mirarse lo bueno de que haya paz aquí. Por eso, independiente del concepto que se tenga sobre la historia colombiana, antes de emitir un concepto u opinión, tenga en cuenta de que hay víctimas directas e indirectas, que aún padecen las consecuencias de la guerra, que no es cuestión de bandoleros y pistolas, es de buscar la justicia social.