DECRETO REEMPLAZANTE

 

Si existe algo que genere más polémica negativa es el glifosato, que muchos han considerado como la principal solución al problema del narcotráfico, cuando en realidad ha sido solo una caricia para los “cultivos ilícitos” y el motivo de sectarismo para cierta dirigencia de la ultraderecha religiosa. Desde la llegada del otrora venenoso paraquat en los ochentas hasta su reemplazo con el glifosato, se ha librado una absurda guerra armada contra este flagelo, sin que se vean mayores resultados a la vista, ni siquiera con la captura y/o neutralización de los grandes capos. Y no solo se queda en Colombia (abandonada a su suerte por el mundo entero), en México la captura y extradición del Chapo Guzmán no ha hecho mayor huella en el fenómeno del narcotráfico, al cual se le está sumando de forma exponencial, la producción y comercialización de drogas sintéticas; Afganistán, uno de los países más pobres y aislados del mundo, se encuentra inmerso entre el fanatismo religioso (que solo ha provocado muerte y dolor), así como grandes cultivos de amapola; y en China y EEUU por más severidad en los castigos a quienes se benefician de este comercio ilegal, el consumo de drogas sigue creciendo, sin que se pueda hacer mayor cosa. Por eso, debe replantearse a nivel mundial este tema.

 

Regresando a la presente columna, en 2021 el Gobierno (Desgobierno) de Iván Duque, en su torpe afán de mostrar algún resultado en su fallida estrategia contra el narcotráfico (incluyendo el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y la antigua guerrilla de las Farc), lanzó un decreto para volver a imponer el Glifosato, el cual decía lo siguiente: “Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones” (Decreto 380 de 2021). Lo anterior, con base en la eliminación de este químico nocivo en la fauna, flora y humanidad ya comprobados, que se hizo durante el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2015. Pero como era el gobierno (desgobierno) del Centro Democrático y le declararon guerra a muerte al Premio Nobel de Paz, se propusieron imponer de nuevo este veneno, con los absurdos argumentos de que se podían tomar varios vasos del químico sin que les pasara algo (léase la ExVicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ExMinistro de Defensa, Guillermo Botero).

 

La Corte Constitucional les dijo que se podría usar el líquido, como está contemplado en el PNISS, uno de los pilares del Acuerdo de Paz, entre los cuales se descarta casi en su totalidad, la aspersión aérea; se podría reemplazar con la sustitución voluntaria o en ciertos casos, con la erradicación manual. Lamentablemente, la idea de la guerra como un negocio ha hecho una huella grande en el Uribismo, y un gobierno torpe de una falsa “Paz con Seguridad”, que tuvo el cinismo de recurrir y comprar un lote grande de glifosato chino que nadie conoce, se quedó sordo y quieto frente al aumento (no solo en cultivos ilícitos), sino en la producción de cocaína de mayor calidad. El aumento del 43% registrado en el 2021 (según la ONU), hizo que buena parte del país estuviese nadando en medio de la coca, con el aumento de niveles de violencia (ya que, para ese desgobierno, el Acuerdo de Paz era una perdedera de tiempo), y creen que con el argumento de que los vicios no pueden llegar a los niños (cuando la realidad demuestra que esto ya se dio tristemente), se debe hacer una lucha armada contra un fenómeno, que debe tratarse desde la salud.

 

Pero en los últimos días, en pleno gobierno de Gustavo Petro, de muchos anuncios y pocos hechos, ha crecido fuertemente el rumor de que se prepara un “Nuevo Decreto”, que no solo eliminaría el uso de esta pócima peligrosa para enfrentar el problema del narcotráfico, sino que daría un nuevo enfoque hacia la estrategia para enfrentar este flagelo, ojalá con pasos hacia la legalización y control de los cultivos ilícitos, anotando que la eliminación del glifosato se refiere a la aspersión aérea, que no ha servido mucho. Habría ya un borrador del mismo, donde se podría leer el siguiente párrafo (Confidencial Colombia). “La decisión de no hacer uso de este mecanismo de erradicación se fundamenta en la prevalencia de los derechos fundamentales y de los Derechos Humanos”. Suena muy bien y prácticamente pondría en la palestra internacional la necesidad inmediata de cambiar el enfoque criminal por uno de sanidad, y a nivel internacional en esta pelea absurda y perdida. Como lo decía el Pacto Histórico en su llegada a la Casa de Nariño (Caracol Radio): “Que la posición actual del Gobierno nacional frente a la aspersión aérea ha cambiado y se decidió no hacer uso del herbicida glifosato en método de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, razón por la cual, los asuntos regulados por el Decreto 380 de 2021 pierden su objeto, y, por tanto, debe procederse a su derogatoria”. Es hora de aplicarlo, se necesita urgente.

OJO CLAUDIA

 

Es cierto que para que un país progrese, debe haber total armonía entre los gobiernos nacionales y locales, pero se requiere que se respeten los trabajos que se están llevando a cabo, se piense en la comunidad y no en intereses particulares, ni egos ni rabias personales. Por lo anterior, no se pueden permitir voces separatistas irresponsables ni rencores personales que den al traste con lo poco que se ha logrado y mucho menos, declararles la guerra absurda a administraciones locales. Hay compromisos, que independiente de estar de acuerdo o no con los mismos, se deben cumplir para evitarle un sinnúmero de problemas económicos y jurídicos al país y a las regiones; habrá diferencias si, pero no se puede admitir que las mismas conduzcan a un teléfono roto o una debacle en una región que más tarde se podría extender a toda la nación. Miren el ejemplo de Hidroituango, cuando el actual Gobierno Nacional estaba en campaña política, lo usó con propósitos políticos (para destruir una candidatura que no tenía al parecer, mayores chances de lograr algo), pero que al llegar a la Casa de Nariño, se ha dado cuenta de que la situación  no es para hacer oportunismos, sino que se debe mirar de una manera técnica, económica y responsable, así al Alcalde de Medellín le parezca escandaloso, ya la pelea entre el Gobierno Local y el Nacional se viene.

 

El caso de la presente columna se refiere a los últimos acontecimientos que han tensionado las relaciones entre la Administración Nacional de Gustavo Petro y la Distrital de Claudia López. Son dos temperamentos fuertes y polémicos que sin lugar a dudas han tenido, tienen y seguirán teniendo diferencias que pueden generar una gran polémica, dado el carácter de ambas personas. Puede que todo se haya iniciado porque cuando Petro fue Alcalde y le llegó la destitución por parte del Inquisidor, perdón, Procurador en ese entonces, Alejandro Ordoñez, muchos líderes políticos y de opinión acompañaron al Ego de la Bogotá Humana (aunque del adjetivo tuvo muy poco), no estuvo presente Claudia. También dicen que en las lides petristas aún no se acepta a las personas de la comunidad LGBTIQ, como en el caso de la actual Alcaldesa. También es un hecho definitivo que la Alianza Verde (movimiento al que pertenece Claudia) apoyó a Sergio Fajardo en su aspiración presidencial de 2018, que hubo muchos desencuentros cuando la pandemia, incluso, se rumora, un posible apoyo a una revocatoria fallida contra la Alcaldesa.

 

Pero hay dos hechos notables que le han dado pantalla a estas diferencias, que es lógico tenerlas, pero que se deben llevar con calma, y evitar problemas para el país, y garantizar el buen funcionamiento de las administraciones, sobre todo garantizar el trabajo de las locales. Empezando por la Bogotá Región Metropolitana, un proyecto que pese a ser Ley Nacional desde hace muchos años, ha tenido problemas para su discusión, aprobación y puesta en marcha, donde se darían más herramientas de trabajo para proyectos que favorecerían no solo a Bogotá Distrito Capital, sino al Departamento de Cundinamarca (donde la izquierda no ha podido llegar con suficiente capital electoral, de ahí puede ser cierta animadversión, ¿cierto concejal José Cuesta?). En plena discusión en el Cabildo Distrital, donde hubo más recusaciones que argumentos, llegó una carta de la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad (antigua Concejal de Bogotá), quien manifestó su oposición al proyecto bajo unos extraños argumentos de consultas populares, así como unas posibles intromisiones de tierreros (que aún la justicia está estudiando), que se aumentaría la carga tributaria al Distrito. Pero le salió mal porque este Proyecto de Acuerdo ya fue aprobado en el ente legislativo de Bogotá y en la Asamblea de Cundinamarca, ahora el turno es para los municipios circunvecinos.

 

La otra polémica gira alrededor del Metro de Bogotá, que lleva casi 70 años de estudios y solo uno de construcción. Cuando Gustavo Petro fue Alcalde, supuestamente propuso un metro subterráneo (dicen que con estudios y planos), recibió el cheque del Gobierno Nacional (Juan Manuel Santos) para su desarrollo, pero se quedó dormido, no volvió a decir nada del mismo, dándole el papayazo a Enrique Peñalosa para que lo mandase al carajo y propusiese el metro elevado, que en planos da susto, porque parece tapar la luz del día a varias edificaciones aledañas. Pero tuvo el suficiente apoyo legal para imponerse y hacer que Claudia como Alcaldesa lo tuviese que firmar y empezar a construir. En una reunión con el Consorcio Chino encargado del proyecto, el Presidente Petro propuso hacer unos ajustes para hacerlo subterráneo por la Avenida Caracas; dicen que habrá una respuesta definitiva el próximo ocho de enero del año entrante, pero ya se vendría una negativa del consorcio, por todas las implicaciones legales y económicas que tendrá, además de que ya a la gente no le importa si el metro es subterráneo, elevado, aéreo o marítimo, sino que empiece a funcionar en el menor tiempo posible. Por lo anterior, hay que decir “Ojo Claudia”, cualquier reunión o documento de acuerdo con el Gobierno Petro, hay que tenerlo presente para que no haya más contravenciones.

LEY ESCAZÚ

 

Después de muchas idas y vueltas, de polémicas absurdas, de la indiferencia del desgobierno anterior y otras menudencias, por fin se le dio el trámite legislativo, y la correspondiente promulgación a la Ley que ratifica la adhesión de Colombia al Tratado de Escazú, eso sí, aún está pendiente el examen ante la Corte Constitucional, donde también seguirá el debate. Como se puede leer en el sitio web de la Cancillería, las palabras del Presidente Gustavo Petro al firmar el documento, fueron las siguientes: “Hemos firmado el tratado internacional, que se convierte en Ley de la República, de Escazú (…) y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano y ciudadana de Colombia acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta ley, para cualquier persona”. Este hecho, que vale la pena ser destacado, ya que en el Estado Colombiano no ha sido mayor prioridad el respeto hacia el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, la aplicación de este elemento será de fundamental importancia para que se den mayores pasos hacia el equilibrio necesario entre el Progreso y la Naturaleza, así como el respeto hacia los Líderes Sociales y Ambientales.

 

¿Qué se entiende por el Tratado de Escazú? Es un documento de entendimiento firmado por varios estados latinoamericanos, cuyos representantes se reunieron en la población costarricense de Escazú para tratar temas sobre el manejo de la Biodiversidad regional, como hacerla respetar sin impedir el desarrollo necesario para la sobrevivencia de los países, el acceso a la información para las comunidades, y el respeto hacia los liderazgos en la correspondiente materia. La mayoría de los países suscribientes del mismo ya lo han firmado y puesto en marcha, y Colombia se había quedado rezagada desde 2018, ya que era sabido que en un gobierno uribista, la fauna y la flora no sería considerados asuntos de interés nacional, y los liderazgos sociales eran considerados infiltradores del comunismo (según el Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe e Iván Duque); es  más, un ExPresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, mantuvo engavetado el proyecto durante más de un año, ya que no era de la simpatía de su movimiento político (Partido Conservador), y entre ciertos dirigentes de derecha, se entendía que el tratado era una afrenta hacia el Desarrollo Industrial, lo cual es totalmente falso y salido de los cabellos. Pero en este inicio de legislatura, se le dio un trámite rápido y sin mayores traumatismos.

 

Pero no deja de sorprender que casi un mes de que se surtiese los pasos en el congreso, el Gobierno se hubiera demorado tanto en promulgar la ley,  no se sabe si por cálculos políticos o por desorden administrativo, de todas maneras, es un detalle que deja mucho que desear, por cuanto la urgencia de esta ratificación era manifiesta desde hace rato, y es imperdonable de que un gobierno alternativo que se hizo elegir con promesas ambientales, hubiese demorado casi un mes en firmar esta ley; ahora, queda el examen Constitucional, donde se supone que no habrían mayores inconvenientes, si llegarán las voces de los opositores con sus correspondientes reparos. Falta ver que la Reforma Tributaria no se le atraviese a la Ley Escazú, porque como van las cosas, lo pondrían a financiar la carga de impuestos que debería corresponder a todas esas iglesias llenas de billetes. Pero regresando a la seriedad del tema, un buen punto para aplicar, sería la protección de la Amazonía, que se debe hacer en conjunto con los demás países con territorios e intereses en dicha cuenca, varios de los cuales firmaron el Tratado de Escazú, y asistieron a la COPP27 en Egipto, donde si bien no hubo mayores resultados, por lo menos Colombia cedió en el aislamiento que la tuvo la Economía Naranja.

 

¿Prioridades del Tratado de Escazú en el país? la más urgente y necesaria de analizar y poner en marcha es la protección de Líderes Sociales y Ambientales, a quienes lamentablemente siguen asesinando, ojo Presidente Petro y Vicepresidenta Márquez, no es un asunto menor. La deforestación sigue haciendo de las suyas, con la participación de ciertos sectores de la minería, la agricultura y la ganadería, en su mayoría de origen ilegal, con ciertos nexos con políticos de extrema ideología, a quienes solo les interesa llenar sus bolsillos a como dé lugar. Y el acceso a la información sobre proyectos a desarrollar y sus impactos ambientales y sociales, debe ser total, no importa sus afinidades ideológicas y económicas, la comunidad debe enterarse de lo que podría pasar en sus zonas de habitación si llegan los proyectos que aparentemente traerían progreso, no se puedan quedar ciegas, sordas y mudas, ni ignorar donde estarían los posibles ladrones. La aplicación de este tratado debe hacerse de la manera correcta, como mandan los lineamientos éticos, no con fines electorales, sino con fines de beneficio para la Comunidad, el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

EL CRECIMIENTO INCÓMODO

 

Sin lugar a dudas, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso mundial, y para Colombia es un karma que la hiere con una marca que no cicatriza, se han puesto los muertos y la destrucción del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, sin recibir ningún beneficio. Ni la extradición de grandes capos de la droga, ni la destrucción de pistas clandestinas ni el allanamiento de laboratorios para la producción de alcaloides han sido paliativos para el estigma que se ha creado alrededor de Colombia (El Proveedor de Narcóticos), algo que en ciertos países de la región lo han aprovechado para atraer más inversión extranjera. El dos de diciembre de 1993, cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria caía abatido en un techo de una casa en Medellín, todos pensaron que el narcotráfico se iría de una vez por todas, craso error, luego vino el Cartel de Cali y si bien sus grandes miembros fueron extraditados el problema siguió, ni dando de baja al “Mono Jojoy” y “El Paisa” de las antiguas guerrillas de las Farc, este fenómeno se ha podido detener. Los carteles mexicanos han hecho alianzas con bandas criminales en Colombia, el Cartel de los Soles y ya no solo se concentran en la cocaína, ahora tienen el fentanilo, de origen sintético.

 

Regresando al tema de la presente columna, en días pasados un informe del SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos para la ONU), dio una cifra aterradora para el país (UNODC): “El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta un incremento del 43 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 143.000 hectáreas (ha) en 2020 a 204.000 ha en 2021. La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014”.  Mejor lo hubiese dicho el ExProcurador y ExEmbajador Alejandro Ordóñez Maldonado: “estamos nadando en un Mar de Coca”. Pero lo más irónico es que la Mata de Coca no es la que mata, lo que mata es el comercio ilegal de la cocaína (dejando su nefasta huella en toda su cadena de producción, explotación, comercialización y consumo), y que, si bien a veces se ha disminuido el número de hectáreas cultivadas, la cocaína sigue siendo de alta calidad (según expertos) y Colombia acapara más del 80% de la producción mundial.

 

Mucho silencio ha guardado los miembros del Gobierno (desgobierno) anterior, ya que era un trabajo de ellos. El asco hacia el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las Farc, así como querer imponer el glifosato como un punto inflexible hicieron que el fracaso se notase; como dirían por ahí, la Economía Naranja favoreció esta ilegalidad. El ExPresidente Duque, quien ahora anda dirigiendo una entidad supuestamente ambiental, está calladito con el tema, puesto que este fracaso, así como la crisis de su Centro Democrático, hicieron que se metiesen en semejante enredo, y perjudicasen al país de una manera inmisericorde. Entre 2018 y 2022, tal vez lo único que hicieron en esta materia fue la captura y extradición de alias Otoniel, pero del resto, se quedaron pasivos esperando a que le dieran la bendición a ese veneno llamado glifosato, que supuestamente iban a importar de China (de un laboratorio que ni siquiera lo conocen allá). Esto debería servir de lección al país para empezar a hablar sobre la legalización de estos cultivos ilícitos, ya se han dado unos cuantos pasos con la marihuana, ahora deberá venir el debate con la mata de coca, y que no saquen la disculpa de que “no queremos ver drogadictos al lado de los centros escolares, y que se debe recurrir a la Virgen de Chiquinquirá, según Uribe”.

 

Tremendo reto se le viene para el gobierno de Gustavo Petro, quien afortunadamente ha puesto sobre la mesa el debate de cambiar el enfoque de represión y policivo por uno de medicina y preventivo a este flagelo del narcotráfico. Eso sí, deberá ser cuidadoso y muy efectivo en las acciones que vaya a tomar, porque hablar de legalización (en lo que se está de acuerdo) produce urticaria en las grandes potencias mundiales; ya que aún sueñan con el Armagedón contra las cadenas de narcóticos para mostrar éxitos y tener réditos políticos, y continuar con el poder. Es hora de dar pequeños pero efectivos pasos en la legalización de estos cultivos de hoja de coca, ya que sería la mejor manera de controlar su producción (por lo menos permitir el cultivo de máximo 120 mil hectáreas para pequeños productores (campesinos, indígenas y afro, para uso medicinal, alimenticio y recreativo controlado)). Las aspersiones aéreas que se hicieron en tiempos pasados con glifosato solo se hacían para población vulnerable mientras que para grandes productores ilegales nada les pasaba; llegó el momento de empezar a trabajar para cambiar dicho chip, no se puede continuar perjudicando a los más pobres (lo mejor es el PNISS para favorecerlos) mientras que los hampones poderosos siguen en la impunidad.

O BRASIL

El país donde Doña Flor puede salir a pasear con Teodoro y Vadinho a sus dos lados, sin que nadie la cuestione; donde pueden convivir el futbol picaresco y bonito de Río de Janeiro con el carrasposo de Porto Alegre, de donde surgió la Teoría de la Liberación, con la concentración de selva más grande del mundo, donde la ambigüedad sexual se puede expresar con cierta libertad, tuvo una jornada electoral muy apretada el domingo pasado, con un resultado que solo se vino a definir en las horas de la noche, donde Luiz Ignacio Lula da Silva (sin ser el candidato ideal) regresó a la Presidencia, derrotando al intolerante y guache Jair Mesías Bolsonaro. Y si bien es una noticia afortunada la salida de la extrema derecha de Planalto (hasta el Centro Democrático de Colombia se ve moderado frente a esta opción), también es cierto que Lula (a diferencia de Petro), llega al máximo cargo con un Enemigo Interno conocido por todos; Bolsonaro y su corte de Militares Golpistas con un Séquito de Politiquería arribista y chambona, de donde le harán una oposición sectaria y peligrosa; y la mejor opción para el gobierno recién electo es la cooperación internacional para evitar una situación bien complicada, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica.

 

¿Qué se puede esperar del gobierno entrante de Lula? sin lugar a dudas y como lo expresó de primera mano luego de conocer su victoria, el diálogo será el eje de su cuatrienio, para no solo calmar la situación interna, sino recuperar ese liderazgo internacional que obtuvo en la primera década del presente siglo, reduciendo a casi la mitad los niveles de pobreza (aclarando, también mencionando los gobiernos de Dilma Rousseff). Lula es un viejo zorro de la política, desde sus inicios como Sindicalista y luego en el Partido de los Trabajadores (que no se encuentra en su mejor momento); ha estado a la altura de grandes líderes mundiales, no le comió cuento a Chávez (mucho menos a Uribe), llevó a su país el Campeonato Mundial de Futbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 celebrados en Río de Janeiro. Luego de dejar la presidencia en 2011, le tocó sortear unos retos duros como los problemas de Odebrecht, que incluso lo llevaron a pasar una amarga temporada en la guandoca, pero de la que salió en 2018 para volver a la política y llegar a una tercera presidencia brasileña, un lujo que no se ha podido dar alguien en la región desde hace más de 40 años, sin que se le haya comprobado cosas raras.

 

¿Cuáles serán los retos principales de Lula? el primero, recomponer el Partido de los Trabajadores, al que le fue muy mal en las elecciones legislativas y locales, lo que marcará el destino del gigante suramericano entre 2023 y 2027; ahí deberá haber diálogo constante con todos los estamentos políticos, incluyendo los de extrema derecha para que se recupere el camino perdido en las locuras de Jair Mesías. No se podrá recurrir a la demagogia de extrema izquierda, como varios quisieran, sino que tendrá que moderarse hacia el centro, esperando que, con su liderazgo, Lula pueda convencer a unos vecinos (Fernández en Argentina, Arce en Bolivia, Petro en Colombia, Boric en Chile, AMLO en México y Castillo en Perú), para que se forme un bloque que pueda confrontar las grandes presiones que vendrán de EEUU, Unión Europea y China. Eso sí, Luiz Ignacio deberá mostrar una posición dura y firme en contra de las dictaduras que aún persisten en la región (Cuba (aunque se puede flexibilizar en este caso), Nicaragua y Venezuela). El otro reto sin lugar a dudas será una derecha sectaria que le tocará como oposición, con mayorías en congresos y cargos ejecutivos locales, que se harán sentir, y donde lo más probable, será que Bolsonaro quiera lanzarse de nuevo en 2026.

 

La gran esperanza que tiene el mundo es que la Amazonía podrá tener un respiro, ya que se espera se reduzcan los altos niveles de deforestación que llegaron en 2019, con el chiflado del bisoñé. Y como no es solo asunto de Brasil, se tendrá que recurrir a la cooperación internacional, donde Colombia deberá tener un rol internacional, eso sí, trabajando de la mano, donde no se podrá imponer el concepto de energías limpias con la retirada inmediata de las energías fósiles (¿cierto Gustavo Francisco?) ni con decrecimientos estilo Irene. Aquí hay un objetivo fundamental: salvar la cuenca del río Amazonas, la más grande del mundo, que comprende a ocho países en la región. Una ventaja que podría tenerse es que en el Estado del Amazonas (y su capital Manaos), aún la izquierda brasileña tiene poder, y entre sus principales objetivos, está el trabajar por esta causa ambiental y sostenible. Por todo lo anterior y que una posible ayuda de Lula en la posible Paz Total (sin pedirle permiso a Iván Márquez), se hace necesario tener como un principal socio para Colombia, al país de la Mandioca.